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Colombia: el perfil de los “expertos” que recomiendan subir impuestos

Por: Daniel Raisbeck - @DanielRaisbeck - Ene 18, 2016, 10:51 am

 

Impuestos FT
Comisión de Expertos Tributarios fue creada para cubrir costo del Estado con más impuestos. (radionacional.co)

En el 2015, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos creó la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, un grupo de nueve especialistas encargados de formular sugerencias para la próxima reforma fiscal. Esta se presentará en un momento en que el Estado tiene un déficit fiscal, un déficit de cuenta corriente y una creciente deuda externa.

Cuando el resultado final del estudio de los nueve expertos se filtró a los medios de comunicación el pasado 8 de enero, hubo en revuelo en las redes sociales, ya que la comisión recomienda incrementar varios impuestos. Entre otras conclusiones, los miembros determinaron que, aparte de ampliar la base tributaria — una medida ineludible — el IVA debe subir del 16% al 18% y que el impuesto del 4 x 1.000, que supuestamente se eliminaría a partir del 2022, se debe mantener.

Aunque los medios tradicionales se refirieron a la “lluvia de críticas” y a las “rebeliones” que surgieron tras la filtración del documento —inclusive algunos ministros del Gobierno lo rechazaron— nadie ha debido sorprenderse por los resultados de la Comisión de Expertos. Sus perfiles y su pasada experiencia demuestran que, desde su nombramiento, no existía la más remota posibilidad de que recomendaran algo distinto a una receta keynesiana: un alza en los impuestos para “estimular” la economía a través del gasto público. En últimas, esto termina siendo una mera subvención a los crecientes costos de una creciente burocracia.

Ricardo Bonilla, por ejemplo, fue el secretario de Hacienda del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuyo Gobierno no se destacó ni por su austeridad ni por crear un clima de negocios favorable en la capital. Bonilla, a quien La Silla Vacía describe como un “seguidor de la línea keynesiana en economía”, también ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual les presta dinero a gobiernos latinoamericanos.

Alfredo Lewin es la cabeza de una firma de abogados que presta servicios de asesoría legal en el área de impuestos.

Por su parte, Óscar Darío Morales fue nombrado en el 2012 miembro del Consejo Directivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, la entidad encargada de la recaudación tributaria en el país. Morales también ha sido vicepresidente de la junta directiva de la ANDI, agrupación empresarial que, de manera abiertamente keynesiana, considera que las obras públicas deben impulsar la economía colombiana en el 2016.  Y fue presidente de Deloitte, una firma internacional de contaduría pública, en Colombia.

Julio Roberto Piza es socio de una firma de consultoría cuyos clientes —o al menos aquellos que aparecen en su página web— son en su mayoría entidades estatales. Entre ellas están la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y el mismo Ministerio de Hacienda.

Leonardo Villar ha trabajado en Bancoldex, un banco estatal, y tiene vínculos con Fogafin y el Instituto de Fomento Industrial, también entidades del Estado colombiano. Actualmente dirige Fedesarrollo, un centro de estudios “en temas de política económica y social” que recibe financiación del sector público entre otras fuentes. Y, desde el inicio del 2015, Villar dijo que la comisión de expertos buscaba incrementar el recaudo anual en COL$8 billones (US $2,45 mil millones).

Rosario Córdoba forma parte de la junta directiva de la compañía cementera Grupo Argos, la cual compite “en el campo de la obra pública” y de la concesión gubernamental. Córdoba es la actual presidente del Consejo Privado de Competividad, una “organización sin ánimo de lucro que trabaja en alianza con el Gobierno para el mejoramiento de la competitividad del país”. También ha sido asesora del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Guillermo Perry fue Senador por el Partido Liberal y Ministro de Minas y Energía bajo Virgilio Barco (1986-1990). Tras liderar el ministerio de Hacienda bajo Ernesto Samper (1994-1998), Perry fue nombrado economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Como columnista, Perry frecuentemente defiende las ideas redistribucionistas del economista keynesiano Paul Krugman.

Miguel Urrutia fue ministro de Minas y Energía bajo Alfonso López Michelsen (1974-1978) y secretario General del Ministerio de Hacienda en el Gobierno altamente proteccionista de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). También fue gerente General del Banco de la República desde 1993 hasta 2004. Durante años, Urrutia ha abogado por más impuestos en Colombia.

Por último está Soraya Montoya, quien ha estado vinculada a las Secretarías de Salud y de Gobierno de Bogotá. Actualmente, Montoya dirige la Fundación Saldarriaga Concha, la cual lleva a cabo proyectos de caridad “con recursos propios”. Montoya también ha trabajado en varias entidades privadas en el sector de la salud.

Con la posible excepción de Montoya, prácticamente todos los miembros de la Comisión de Expertos tributarios son parte del establecimiento gubernamental o corporativo-estatal que, o se beneficia directamente de una tributación punitiva, o la considera deseable.

[adrotate group=”7″]No hay ningún emprendedor en el sentido puro de la palabra; la representación del sector privado es sobre todo rentista, o viene de sectores especialmente rentables si hay impuestos elevados y si estos son difíciles de entender o de pagar. Varios han recibido sus ingresos directamente del Estado —o de la comunidad internacional de estados—  durante largos períodos de sus carreras.

Como conjunto, los expertos escogidos jamás hubieran llegado a la conclusión de que lo que realmente necesita la economía colombiana es tener menos impuestos, menos gasto público y más facilidad para la creación de empresas que puedan competir en el mercado sin verse derrumbadas bajo el ruinoso yugo de un Estado abrumador e incompetente.

Cuando el público conoció los contenidos del informe de la comisión tributaria, el presidente Santos dijo que un miembro había filtrado “de manera irresponsable sus recomendaciones y sugerencias antes de presentárselas al Gobierno”. Lo realmente irresponsable, sin embargo, fue haber nombrado una comisión cuyo fin era justificar más impuestos para cubrir las extravagancias del Gobierno.

Desde el inicio, el presidente ha debido nombrar una comisión del todo distinta, con el único propósito de recortar drásticamente los costos de operación del Estado y limpiar los establos de Augías de la hipertrofiada burocracia colombiana.

*Andrea Mejía contribuyó con este reportaje.

Daniel Raisbeck Daniel Raisbeck

Daniel Raisbeck es el editor del PanAm Post. Fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá en el 2015. Síguelo en Twitter: @DanielRaisbeck.