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El plebiscito que se avecina no definirá la paz de Colombia, sino el destino del muy defectuoso acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc.
La sugerencia de que un voto por el “no” equivale un voto por la guerra es maliciosa y sencillamente falaz. Que tal sea el mensaje de la propaganda estatal, pagada con nuestros impuestos, es de por sí escandaloso.
También es falsa la tesis de que solo los uribistas votarán por el “no”. El Centro Democrático es el único partido en oponerse al acuerdo Santos-Farc, pero el argumento por el “no” desde el liberalismo clásico o minarquista— un punto de vista sin representación actual en el Congreso,— debe tenerse en cuenta.
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Durante más de tres décadas, el mayor impulso detrás de la violencia en Colombia ha sido el narcotráfico. Como ha demostrado el profesor Camilo Echandía, las Farc se encontraban en una larga fase de “estancamiento y marginalidad” en 1981. Con unos 1.600 hombres en armas distribuidos de manera dispersa, no representaban una amenaza verdadera para el país.
En 1982, sin embargo, las Farc tomaron la decisión estratégica de participar activamente en el tráfico de drogas ilícitas.
Al principio del nuevo milenio, las Farc, ya dominando gran parte del negocio que controló Pablo Escobar hasta su muerte en 1993, contaban con más de 20.000 hombres en sus filas. Al apoderarse de los gigantescos ingresos del tráfico de cocaína, el otrora marginal “ejército del pueblo” creció hasta el punto de poder arrinconar al mismo Estado colombiano.
La arremetida de ocho años bajo Álvaro Uribe debilitó enormemente a las Farc, pero no las eliminó. En gran parte, la sobrevivencia de la guerrilla se debió al sustento que le brinda el incesante caudal del narcotráfico. La seguridad democrática redujo los cultivos ilícitos, pero la tesis de grandes territorios de Colombia “sin una hoja de coca” resultó ser fantasiosa.
Recientemente, el Frente Primero de las Farc anunció que no se desmovilizará pese al acuerdo de La Habana; opera en el Guaviare, zona estratégica para la producción y exportación de cocaína.
Aún una desmovilización completa de las Farc, un escenario improbable, no traería el fin de la violencia. En el último mes, docenas de familias han abandonado sus hogares en el Chocó para huir de los brutales combates entre el ELN y el narcotraficante “Clan del Golfo”. Tal es la supuesta paz que nos espera sin las Farc bajo las condiciones actuales.
Como escribe el economista Luis Guillermo Vélez Álvarez, “el de ‘solución al problema de drogas ilícitas’ es el más gaseoso y retórico de todos los acuerdos” de La Habana. No brinda solución alguna al problema porque la producción y comercialización de las drogas seguirán siendo prohibidas. Esto creará nuevos capos y nuevos enemigos públicos. No habrá razón para cerrar el templo de Jano.
Tras la muerte de Pablo Escobar, su esposa, María Victoria Henao, le dijo a un grupo de periodistas: “no crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado… se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos…” Luego le auguró larga vida al narcoterrorismo en el país.
En 2016, no hay razón para mantener ruinosas ilusiones. El acuerdo de La Habana le brindará poder y privilegios a un grupo criminal, pero no traerá la paz.
Para acabar la guerra, debemos legalizar las drogas, cortando la financiación de carteles violentos de toda índole.
