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1. Ganó la democracia constitucionalLa inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz, como lo admitió hoy el presidente Santos.
Pero quienes votamos por el “No” o decidimos no votar entendimos que no puede haber una paz estable ni duradera si no se respetan las reglas básicas de la democracia constitucional.
Yo no tengo ningún problema con que los miembros de las Farc, una vez desmovilizados, participen en política, pero pienso que deben hacerlo bajo las mismas reglas que cumplimos los demás grupos independientes como el movimiento Libertario.
Sencillamente no puede haber privilegios como curules directas en el Congreso o emisoras financiadas por el Estado como premio para un grupo armado que, durante décadas, solo ha ejercido la violencia política en contra de la ciudadanía y de las instituciones democráticas.
La democracia colombiana tiene muchas falencias, pero la manera de avanzar es con reglas claras y transparentes que apliquen igualmente para todos.
Donde no hay igualdad ante la ley, rige la ley de la selva.
https://www.youtube.com/watch?v=ShhQqkrWNPw&feature=share
2. No más derroche estatal
En el 2014, este gobierno había gastado más de dos billones de pesos en publicidad y eventos, sobre todo promocionando el proceso con las Farc.
¿Cuánto se han gastado en los últimos dos años?
¿Cuánto costó la organización del exorbitante evento en Cartagena para firmar el acuerdo con las Farc?
¿Cuánto iba a costar la fiesta del “Sí” en el Hotel Tequendama de Bogotá, cancelada en el último minuto?
Hago estas preguntas porque cada peso para publicidad, eventos o vídeos estatales viene de nuestros impuestos.
Durante años, el gobierno ha bombardeado a la ciudadanía con una costosísima campaña Orwelliana de propaganda estatal promoviendo el acuerdo con las Farc.
Sin embargo, los ciudadanos le dijeron “No” al acuerdo.
Es evidente que, con un déficit fiscal de 24 billones de pesos, este derroche debe cesar de inmediato.
El gobierno no puede seguir oprimiendo al ciudadano con impuestos para desperdiciarlos en el intento de lavar su cerebro.
"Hay gente que entiende que la democracia está en juego, esto no es tragarse un sapo sino un terodáctilo" @DanielRaisbeck en #LAFmDebate
— La FM (@lafm) September 2, 2016
3. Sin legalización no habrá paz
Muchos colombianos rechazaron el acuerdo porque cayeron en cuenta que no puede haber una paz real mientras grupos armados distintos a las Farc combaten por las rutas del narcotráfico en el Chocó, ni cuando el Frente Primero de las Farc, que controla el narcotráfico en el Guaviare, anuncia que no se va a desmovilizar pese a los acuerdos en La Habana.
El narcotráfico es el verdadero motor de la violencia en Colombia desde la década de los 80; las Farc no pasan de tener solo 1.600 hombres en armas a más de 20 mil en menos de dos décadas por la aceptación masiva del marxismo-leninismo, sino por su decisión estratégica de participar plenamente en el narcotráfico, tomada en 1982.
Para vivir en paz, hay que solucionar el problema del narcotráfico, y la única solución real es la legalización de las drogas.
Aunque la legalización traería nuevos problemas, ayudaría inmensamente a acabar la violencia. Se acabaría la lucha hasta la muerte entre carteles violentos por el control territorial de las áreas estratégicas para la producción y la exportación de la cocaína. Tendríamos un mero problema de aduanas y la violencia no se daría en Colombia.
El mejor de los casos es un acuerdo de legalización en bloque con los demás países latinoamericanos que enfrentan el flagelo de la desastrosa guerra contra las drogas, entre ellos Perú, Guatemala y México.
Colombia debe aprovechar la oportunidad actual para iniciar un debate nacional serio acerca de la legalización de las drogas. No es porque el consumo sea deseable, sino porque el negocio de la cocaína debe pasar de las manos de mafias violentas a las de empresas legales, reguladas y pacíficas.
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