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Perú ganó la guerra contra el comunismo armado, y no fuimos a La Habana: Hernando De Soto

Por: Daniel Raisbeck - @DanielRaisbeck - Jul 4, 2017, 6:22 pm

Soto

El economista peruano Hernando De Soto es conocido sobre todo por su libro El otro sendero: La revolución informal, obra que, publicada originalmente en 1986, introdujo una visión de la informalidad económica radicalmente distinta a la establecida.

Como escribió Mario Vargas Llosa en su prólogo:

Cuando se habla de la economía informal se piensa inmediatamente en un problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos vigentes, ¿no son, acaso, competidores desleales de las empresas y tiendas que operan en la legalidad, pagando puntualmente sus impuestos? ¿Al evadir sus obligaciones tributarias, no privan al Estado de recursos necesarios para atender a las necesidades sociales y realizar urgentes obras de infraestructura?

Hernando de Soto sostiene que esa forma de encarar el asunto es totalmente errónea. Porque en países como el Perú el problema no es la economía informal sino el Estado. Aquella es, más bien, una respuesta popular espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres.

Tal fue el impacto de El otro sendero tras su publicación que prácticamente todos los gobiernos de Latinoamérica- y muchos en otras regiones,- se vieron obligados a admitir, así fuera tácitamente, que ellos mismos son la causa principal de la informalidad económica, cuya más común expresión son las legiones de vendedores ambulantes que, para sobrevivir, se toman diariamente las plazas y calles, los autobuses, las estaciones de transporte público y hasta las playas de nuestras ciudades.

Vendedor

El problema es la burocracia estatal

A raíz de la obra de de Soto, el Banco Mundial creó el escalafón Doing Business en el 2002 con el fin de medir “las regulaciones que aplican a las empresas pequeñas y medianas” en 190 países, y “promover la competencia entre las economías a través de regulaciones más eficientes”. En otras palabras, Doing Business les da a los países que frenan la innovación— generalmente países pobres,— una herramienta para aprender de aquellas naciones usualmente prósperas que más bien promueven y facilitan la creación de nuevas empresas.

Al mirar los últimos resultados de Doing Business, por ejemplo, uno encuentra que, en Nueva Zelanda, el país con mayor facilidad para hacer negocios en el mundo, registrar una empresa legal tarda menos de un día y se logra a través de un solo trámite digital, por un costo del 0.3% de los ingresos per capita del país. Por otro lado, en Colombia crear una empresa legalmente tarda como mínimo 9 días hábiles en teoría que en la práctica son al menos 17: tres para el registro en la Cámara de Comercio y con la DIAN (para obtener el Registro Único Tributario); cinco para el registro con una caja de compensación, con el SENA y el ICBF; seis para el registro en una EPS; uno para el registro de pensiones; uno para riesgos profesionales; uno para cesantías. Según el estudio, para no naufragar en esta sopa de letras burocrática es posible completar algunos trámites simultáneamente, pero en el caso del fondo de cesantías, por ejemplo, “el tiempo del registro puede variar según la entidad que escoja el empleado”.

En realidad, registrar una empresa en Colombia legalmente puede tardar meses y, según el Banco Mundial, el costo mínimo es del 7.5% de los ingresos per capita del país, una cifra 25 veces mayor a la de Nueva Zelanda, un país cuyo PIB per capita (USD $37.100) es casi tres veces superior al de Colombia (USD $14.100). En otras palabras, el tercermundista Estado colombiano, en vez de seguir el ejemplo de un país próspero como Nueva Zelanda y facilitar al máximo la creación de empresas, lo cual les permite a los pequeños emprendedores crear bienestar tanto para sí mismos como para sus empleados actuales y futuros, hace todo lo contrario.

Por medio de sus regulaciones excesivas y absurdas, los burócratas colombianos se aseguran de que sólo las clases adineradas, bien conectadas y con capacidad de pagar abogados, contadores y tramitadores tengan acceso a la formalidad. Y, como escribe Vargas Llosa,

cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad. Este es el origen del nacimiento de la economía informal, que Hernando de Soto documenta con pruebas incontrovertibles.

Hay informalidad cuando los pobres no tienen derechos de propiedad

Cuando hablo con de Soto tras su presentación en la conferencia de Conservatives International en la Florida, me explica que la causa principal de la informalidad es, en últimas, la carencia del derecho a la propiedad privada para los más pobres.

“Con propiedad privada”, declara de Soto, “en el fondo se quiere decir propiedad de la forma como lo escojan las personas que poseen el objeto, la idea, la empresa… Pero por supuesto la mayor parte anda hacia” la propiedad física y empresarial.

Una empresa informal, al no ser protegida por la ley, ni tener acceso a créditos dentro del sistema financiero, ni contar con títulos legales para sus activos (algo que de por sí incrementa su valor en el mercado), por necesidad se convierte en lo que de Soto ha llamado un “capital muerto”. El capital informal es difunto porque, al no poderse vender ni comprar ni usar como inversión con facilidad, su potencial real es mínimo o nulo. Lo mismo aplica, por ejemplo, a una vivienda informal que, entre otras cosas, no se puede hipotecar.

Menciono que, según cifras oficiales, cerca de la mitad (47%)  de los empleos en las 13 principales ciudades de Colombia son informales. De Soto explica que si un país no puede cumplir el derecho básico a la propiedad de 50% de la población, hay dos posibilidades:

o el 50% de los colombianos son mala gente, 50% de los peruanos son realmente unos gaznápiros y la ley es perfecta, y pues que aprendan porque es un problema de educación. O llegamos a la conclusión más bien que la ley es mala y no adaptada hasta ahora a la realidad de los más pequeños, y eso tiene que ver con el sistema político.

El gran problema de la política latinoamericana, afirma de Soto, es que

nuestras élites de alguna forma no se enteran de lo difícil que es ser legal en nuestros países… El problema es la cantidad de tiempo que puede tomar (obtener la legalidad). La cantidad de influencia política que puede necesitarse para cortar caminos. Y el hecho que nuestros países, al margen de lo que haga cualquier ministerio en particular, producen un montón de reglamentos cuyo costo-beneficio no está visto.

Los ministerios son unos silos que causan problemas

De Soto argumenta que, en vez de tener una defensa amplia y generalizada de los derechos de propiedad, los países latinoamericanos adjudican asuntos que no les competen a ministerios del medio ambiente o de minas y energías, por ejemplo para determinar quién es el dueño de un yacimiento de petróleo. Los gobiernos también delegan asuntos de propiedad a ministerios de relaciones internacionales, por ejemplo si una empresa extranjera opera en un país bajo las reglas de un tratado de libre comercio. En ciertos casos,

donde no hemos titulado el agro, en base a un acuerdo bilateral con Estados Unidos u otros países desarrollados, la verdadera titulación se ha producido afuera, en los Estados Unidos, cuando han tenido que levantarse financiamiento para el yacimiento, y es el Overseas Private Investment Corporation que los titula.

Entonces hasta que no haya un liderazgo que comience a decir ‘oye, si queremos que verdaderamente todos los colombianos o peruanos estemos en pie de igualdad, comencemos a darnos cuenta que los ministerios son como silos que nos han partido un problema general en distintas partes’.

Entonces no es solamente tener un ministro de Energía y Minas que es iluminado o un ministro de Agricultura que lo ve todo, sino sencillamente un presidente que se dé cuenta que es un jefe de orquesta, y que la separación de los pianos de los banjos no tiene mucho sentido.

El próximo reto es la informalidad rural

En 1986, El otro sendero describió un experimento que lideró de Soto a través del Instituto Libertad y Democracia para legalizar un pequeño taller en Lima. Los investigadores debieron someterse a un proceso que tardó 289 días y que tuvo un costo de USD $1.231 (32 veces el salario mínimo de la época), incluyendo dos sobornos sin los cuales las autoridades competentes hubieran paralizado permanentemente el trámite. Claramente, la legalidad económica en Perú estaba reservada para los privilegiados.

Aunque hoy en día crear un negocio en Perú tarda aún más que en Colombia según Doing Business, de Soto piensa que “en la parte urbana del país la idea de la propiedad privada está instalada”. Su instituto, de hecho, ha ayudado a titular la mitad de las propiedades en las ciudades peruanas. En el campo, sin embargo, la discusión ha surgido recientemente.

El tema que se ha adelantado en los últimos diez años es la propiedad en el sector rural, donde se hablaba siempre de respetar las viejas costumbres, las comunidades indígenas de los Andes y las comunidades selváticas y amazónicas.

Y el tema no se tocaba porque si bien en la parte andina hay 10 millones de personas en 7.500 comunidades (indígenas), en la parte selvática un millón quizá (no sabemos directamente), nadie quería meterse con las costumbres peruanas, (sobre todo) con 18 sociólogos activos que no quieren que se toque el paraíso que es eso.

Y ahora se ha descubierto petróleo. Se han descubierto minerales y hasta uranio. Y se ve claramente que la selva va a entrar dentro del aparato macroeconómico. Y en función a eso entonces ya ha venido el problema de la propiedad. Y se encuentra que las comunidades no están preparadas para entrar a una economía de mercado si son las comunidades o las tribus que tienen que tomar las decisiones.

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Mujer quechua en Perú. (Wikipedia)

Y, una vez más, el problema es político:

Si yo quiero comprar o vender algo y se encuentra petróleo bajo mi tierra, yo tengo que pasar por todo un proceso político. Entonces el tema de la informalidad ha tomado otro cariz.

Tenemos que darnos cuenta que cuando suben los precios de los minerales, la tierra tiene otro valor. Nadie es propietario del subsuelo, tampoco lo son en otros países, pero lo importante es que el subsuelo es comprado en Lima mientras que la propiedad hay que comprarla en la superficie en el lado agrícola.

Así que mientras las tribus amazónicas, por ejemplo, tienen sus propios títulos de propiedad que utilizan para la compraventa de tierras entre ellos mismos, este sistema no corresponde al del gobierno central peruano que adjudica concesiones mineras. De Soto explica que “este ya es un problema casi político en la parte rural del Perú donde hay mucha gente que ya se está levantando contra las órdenes que vienen de Lima”.

Para de Soto, una potencial solución sería reconocer dentro de las tribus a cada individuo como un propietario que puede poseer cosas de todo tipo, desde casas hasta marranos. El problema es que la política surge de las teorías de antropólogos y sociólogos de izquierda que sólo quieren pensar en la tribu como un colectivo.

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Minería ilegal en Colombia según Wikipedia.

Al igual que en Colombia, la minería ilegal es un problema en Perú que, para los gobernantes, cada día es más difícil de controlar:

Hemos encontrado que hay quizás unos 400.000 mineros informales que si les agrega uno la familia son dos millones de informales, y si uno agrega toda la cadena de producción- transporte, los puertos- son 5 millones de informales, con sus propias minas, sus propios sistemas de refinación.

La tecnología avanza mucho más rápido que la ley

En el fondo, la minería ilegal florece por una falta casi absoluta de claridad en términos de derechos de propiedad. Bajo tales circunstancias, ¿es posible que un avance tecnológico como el blockchain, la tecnología detrás de la criptomoneda Bitcoin, permita una especie de formalización de facto de grandes sectores de la economía sin intervención alguna del Estado? De Soto no cree que tal solución sea factible.

Si se quiere proceder para hacer las cosas de la manera tradicional, es decir que todo esto sea bendecido por la ley, ningún blockchain, ningún sistema tecnológico va a ayudar a cortar el camino, porque a la larga la digitalización es la conversión de algo que está por escrito en algo digital. Primero hay que tener algo que es legalmente válido y certificado. Entonces mientras no se acabe la informalidad no entra en una computadora.

No obstante, de Soto sí le apuesta a la tecnología para avanzar con cierto tipo de formalización independientemente de los estados. Actualmente, explica, está trabajando en la creación de

un contrato informal aceptado por todas las partes y puesto en un smart contract (contrato inteligente) que le haga el salto a la garrocha al sistema legal sin que sea ilegal. Porque sencillamente la gente en general está de acuerdo que lo escrito contractualmente le responde mejor que la ley. Así que ajustarse a esta realidad obviará la ley, lo que ocurrió muchas veces en la historia del mundo.

Bitcoin es un caso en el cual los hechos han avanzado mucho más rápido que la ley. Y la ley no puede prohibir, entonces se las arregla para luego ajustarse. Fue lo que pasó en la Revolución Industrial en Europa. Primero las cámaras de comercio sacaron bonos, hicieron contratos, tenían árbitros, y el Estado vino mucho después. Esa es una posibilidad.

Pero una cosa es hacerlo en Estados Unidos donde hay 5% o 2% de ilegales y otra en un país donde hay 50% o 60% de ilegales y una clase de juristas y abogados tan poderosos y conservadores como los que tenemos en nuestros países.

Los terroristas avanzan donde no hay derechos de propiedad

Al inicio de su charla en Conservatives International, de Soto aclaró que él no es primordialmente un académico, sino un hombre de negocios que lideraba una de las firmas de consultoría ingeniera más grandes de Europa, pero se volvió un activista para los asuntos latinoamericanos al notar que “ideas muy sensatas no estaban siendo aplicadas”.

Tras fundar el Instituto Libertad y Democracia, sus propias ideas acerca de la informalidad y la economía en general lo llevaron a influenciar las más altas esferas de la política del Perú, donde los expresidentes Alan García (1985-1990; 2006-2011) y Alberto Fujimori (1990-2000) lo reclutaron para que los ayudara a ganar la guerra contra Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que en 1988 controlaba el 60% del territorio peruano, dejando a Lima prácticamente cercada. En ese momento, RAND Corporation, un centro de pensamiento militar de Washington, calculó que Sendero Luminoso se tomaría Lima— y por ende el gobierno del Perú,— en 1992.

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Para de Soto, la pregunta esencial fue: ¿cómo un grupo terrorista que tenía menos del 1.5% de favorabilidad entre los peruanos logró controlar el 60% del territorio del país? Las cifras demostraban que, inicialmente, la lucha comunista de Sendero Luminoso no logró calar entre comunidades indígenas y campesinas que “ya habían tomado el camino hacia la propiedad privada y la Revolución Industrial”. Así que “cuando los comunistas intentaron organizar una economía colectiva, los campesinos lo resintieron”. Y también se resistieron al yugo del comunismo, razón por la cual se dispararon las muertes en combate entre 1981 y 1982, el período en el que el entonces Presidente Fernando Belaúnde (1980-1985) desplegó al ejército en un conflicto que no pudo controlar la policía.

No obstante, cuando los líderes de Sendero Luminoso reconocieron que no podían eliminar la propiedad privada, decidieron empezar a protegerla, emitiendo títulos de propiedad extralegales y brindándole a la población seguridad para sus posesiones por medio de sus armas. Esto, argumenta de Soto, explica la expansión territorial del grupo maoísta. Y no es un fenómeno limitado al Perú: cuando el Estado no emite títulos de propiedad para defender un derecho básico de la población, grupos armados como el Estado Islámico, Al Qaeda, los Talibanes y las FARC sí lo hacen.

“Ellos les ofrecen a las personas protección para sus casas, sus tierras, sus activos; les dicen que están de su lado. No son la ley pero sí tienen un fusil”, afirma de Soto. Por lo tanto los grupos terroristas son muy efectivos a la hora de expandir su imperio en países del tercer mundo, donde, según de Soto, los conflictos realmente giran alrededor de los derechos de propiedad— o la falta de ellos,— y del control del territorio, “como en el Viejo Oeste”.

De Soto aclara que su análisis no fue popular inicialmente porque a ningún gobierno le gusta la idea de que los terroristas están adelantando con ventaja una labor que le compete al Estado. Pero de Soto afirma que, en todos los países con problemas de terrorismo o rebelión donde ha trabajado, “algo estaban haciendo los terroristas para proteger los intereses locales”.

En el caso particular de Perú, “el hecho es que Sendero estaba titulando. Y eso nos dio el pretexto para argumentar que hay que ganarles titulando y vencer la inercia del sistema legal”.

De Soto debió convencer a Fujimori de que la manera de vencer a Sendero Luminoso era a través de la emisión de títulos de propiedad basados en la situación real de las comunidades. El problema, explica de Soto, es que el Estado y la academia pensaban— y aún piensan,— que existen comunidades con propiedad colectiva, mientras que en la realidad las personas de las comunidades se han dividido la tierra según parámetros locales de propiedad privada.

Por lo tanto, esclarece de Soto, la importancia del título de propiedad no es el título en sí, el cual simplemente es un registro que valida la manera en que ya está dividido el mundo. El título refleja una repartición de la propiedad espontánea, “un contrato social que ya existe en el nivel local” y que legitima un acuerdo entre todos acerca de qué pertenece a quién.

Pero un título de propiedad, agrega de Soto, es más que eso:

se trata del derecho a vender, a comprar, a hipotecar, a convertir capital en bitcoin, a emitir una garantía, a exportar, a ejercer el derecho a la responsabilidad limitada, el cual protege los activos de una persona.

En esencia, el título de propiedad contiene un elemento milagroso ya que le inyecta vida al capital muerto.

Por lo tanto, siguiendo los consejos de de Soto, el Estado peruano empezó a formalizar tierras y propiedad a través de líderes locales, a quienes les fue otorgada la autoridad para titular y verificar el cumplimiento de títulos y contratos. Paulatinamente, esto le fue restando autoridad y apoyo a Sendero Luminoso. Por otro lado, de Soto afirma que Perú obtuvo el crucial apoyo de Estados Unidos y de América Latina a través de Naciones Unidas en su lucha contra el terrorismo. Tras su captura en Lima en 1992, Abimael Guzmán, el líder máximo de Sendero Luminoso, culpó a de Soto por el declive de su sanguinaria guerrilla, llamándolo un “agente directo del imperialismo yanqui” en el Perú.

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Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en una cárcel peruana.

Haciendo una clara referencia al acuerdo colombiano entre el Presidente Santos y las FARC, de Soto concluye que, “ganamos la guerra, y no fuimos a La Habana, ganamos en el Perú”.

Teníamos un buen antecedente peruano: no ceder ante el terrorismo

De Soto es crítico frente al acuerdo Santos-FARC porque, en el caso peruano,

el terrorismo es mal visto. No pueden entrar en política quienes fueron asesinos, narcotraficantes. Entonces el hecho de que (el gobierno) haya aceptado negociar fuera de Colombia les da (a las FARC) una personería si no jurídica por lo menos política e internacional. Entonces yo hubiera preferido que no se hiciera así, lo cual no quiere decir que yo hubiera querido que continúe la guerra.

De Soto dice que ha visto la negociación entre el gobierno Santos y la guerrilla con preocupación desde su punto de vista latinoamericano. “Creo que, con Colombia, somos países hermanos. Somos una cultura, los latinoamericanos”, afirma. Y considera que, a raíz del resultado del acuerdo en Colombia, los demás países de la región deben ser vigilantes y asegurarse de “que esto no vaya a tener consecuencias por todos lados”.

“Porque me imagino que a un presidente peruano hoy en día, ante un rebrotar terrorista, le van a sacar el antecedente colombiano mientras que anteriormente teníamos un buen antecedente peruano que era no ceder ante el terrorismo”.

Por lo menos el 51% de los votantes colombianos que rechazaron el acuerdo Santos-FARC en las urnas el pasado 2 de octubre estarían de acuerdo con su análisis.

La buena noticia: el libre mercado está conquistando la tierra

Si bien ese 51% de los colombianos son conscientes del problema que significa premiar la violencia con curules en el Congreso y otros privilegios políticos, no tantos están dispuestos a presionar a los gobiernos para que tomen los pasos necesarios para solucionar el problema de la falta de derechos de propiedad. Y, como sugiere de Soto, la solución no vendrá mientras gobiernen quienes consideran que los pobres no son emprendedores cuando la evidencia demuestra todo lo contrario. Si la mitad o la mayoría de los empleos son informales según estadísticas de los mismos gobiernos, la realidad es que prácticamente todos esos informales están emprendiendo.

Las buenas noticias para los liberales clásicos, anuncia de Soto, es que “el mundo ya ha acogido el libre mercado. El problema es que no hablamos el lenguaje de los pobres”. Cuando haya una alianza entre políticos librecambistas por un lado y los emprendedores informales por otro, estos últimos podrán, como anuncia el Evangelio, heredar la tierra.

Daniel Raisbeck Daniel Raisbeck

Daniel Raisbeck es el editor del PanAm Post. Fue candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá en el 2015. Síguelo en Twitter: @DanielRaisbeck.