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El buen funcionamiento de las instituciones es esencial para el desarrollo de una economía de mercado. En un contexto de seguridad jurídica, el imperio de la ley garantiza la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la ausencia de corrupción y la eficiencia de los juzgados. No hay economía desarrollada que no haya respondido a estos desafíos con éxito.
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Así lo acredita año tras año el Rule of Law Index un proyecto que mide el imperio de la ley y la seguridad jurídica en 113 países del mundo. Nueve de los diez primeros clasificados son países europeos. Se trata de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria y Reino Unido. La única excepción en el top diez es Singapur, que ocupa el noveno lugar.
Todo lo contrario ocurre en América Latina. Salvando Chile, Costa Rica y Uruguay, que logran entrar en las treinta primeras posiciones del índice, el resto de países de la región obtiene calificaciones que van desde los 55 puntos de Argentina hasta los 28 de Venezuela (ver siguiente gráfica). De hecho, el país que dirige Nicolás Maduro está en el último lugar de la clasificación (puesto 113).
La primera categoría que mide el índice está consagrada a evaluar los límites impuestos al poder del Ejecutivo. Aunque el sistema de pesos y contrapesos diseñado por los Padres Fundadores de Estados Unidos influyó en las primeras constituciones de la región, el paso del tiempo ha desplazado estas fortalezas institucionales, derrotadas por el caudillismo y el populismo.
La ausencia de corrupción es otro pilar del índice y también aquí nos encontramos con niveles alarmantes de malas prácticas. En los países nórdicos, los escándalos de corrupción son escasos y de importancia limitada. En América Latina, las malas prácticas se han enquistado en el día a día de las instituciones y todos los informes coinciden con el Rule of Law Index a la hora de señalar lo generalizada que está la corrupción.
En otras categorías que también aborda el índice vemos que América Latina sale mal parada por la ineficiencia de sus instituciones. Es el caso de los pilares dedicados a la justicia civil y penal o al cumplimiento efectivo de las leyes. Las pesadas burocracias de la región obligan a los latinoamericanos a lidiar con procedimientos largos y farragosos, lo que termina alentando la impunidad de quien delinque.
En materia de derechos fundamentales el avance de la democracia ha ayudado a impulsar la calificación obtenida por los países de la región, aunque el ejemplo venezolano nos recuerda que la historia no es lineal y siempre corremos el riesgo de dar marcha atrás.
Por último, el índice también incorpora un capítulo dedicado al orden y la seguridad física de los ciudadanos. En Venezuela y Centroamérica nos encontramos con un panorama desolador, mientras que en el resto de la región hay niveles más satisfactorios pero muy alejados del orden y la seguridad del mundo desarrollado. La proliferación de la seguridad privada y el declive de las guerrillas políticas son factores que han contribuido a hacer de América Latina una región más segura, pero queda mucho camino por recorrer.
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