
Desde hace ya una década, los gobiernos de la OCDE han sumado sus fuerzas para lanzar una agresiva campaña contra aquellos países que optan por bajar agresivamente los impuestos con el objetivo de atraer empresas, trabajadores e inversiones. Una de las jurisdicciones más golpeadas por esta ofensiva es Panamá.
Resulta paradójico que la OCDE, una entidad creada para promover la “cooperación” y el “desarrollo económico”, haya terminado convirtiéndose en una policía tributaria que persigue a todo aquel gobierno que se niegue a cumplir con sus exigencias. En nombre de la “armonización fiscal”, se está socavando el legítimo derecho de adoptar un marco impositivo atractivo para trabajadores y empresarios.
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Vivimos en una economía muy globalizada y cada país debe hacer frente a este rato apostando por diferenciarse de los demás. Hay muchas maneras de lograrlo. Se puede captar negocio ofreciendo una mano de obra cualificada, unas buenas infraestructuras, un buen entorno regulatorio, un clima de estabilidad institucional… Pero también es legítimo que haya países que apuesten por bajar los impuestos para resultar más atractivos.
Esa es precisamente la apuesta que ha hecho Panamá, y el resultado ha sido muy positivo. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita del país centroamericano ronda los 21.000 dólares, frente a los 15.000 de Costa Rica, los 14.000 de Colombia o los 5.000 de Nicaragua.

Este modelo de crecimiento favorece la reducción de la pobreza. Si en los años 90 aún veíamos que el 30 % de la población vivía con menos de tres dólares al día, hoy ese porcentaje se ha estabilizado en el entorno del 8 %, convirtiendo a Panamá en uno de los países con mejores indicadores socioeconómicos de Centroamérica.

Durante los últimos treinta años, la inflación se ha movido ligeramente por encima del 1 %. Mientras numerosos gobiernos de América Latina sufrían el empobrecimiento que genera el aumento descontrolado de los precios, Panamá conseguía una situación mucho más favorable. Y todo sin política monetaria y sin banco central, lo que obliga a las entidades financieras a actuar con más cautela a la hora de conceder préstamos.
Estos grandes avances se han visto ensombrecidos en los últimos años, como consecuencia de la campaña de la OCDE contra los paraísos fiscales. Por eso, la próxima semana se va a celebrar una cumbre internacional en defensa de la competencia tributaria. En el evento, convocado por Goethals Consulting, participarán expertos tributarios, economistas, filósofos… El objetivo último es frenar los continuos ataques contra la soberanía fiscal que está sufriendo Panamá y defender el modelo de impuestos bajos que tan buenos resultados ha dado al país.
Sin duda, el escándalo que generó la filtración de los papeles del despacho Mossaick Fonseca ha empeorado la imagen de Panamá ante la comunidad internacional. Sin embargo, ocho de cada diez documentos analizados correspondía a sociedades radicadas en otras jurisdicciones, muchas de ellas paraísos fiscales anglosajones que no parecen preocupar tanto a la OCDE como Panamá. Además, la investigación no diferenció entre “elusión” y “evasión” fiscal, mezclando prácticas legales de ingeniería tributaria con casos que sí eran constitutivos de delito. Por último, pocos analistas repararon en que los presuntos delitos que sí venían reflejados en algunos de los papeles filtrados habían ocurrido en otros países, de manera que Panamá no puede ser el primer culpable de la falta de control antifraude en otras naciones.
Bienvenida sea la cumbre que se anuncia en Panamá. Mientras haya competencia tributaria, los gobiernos saben que hay un umbral de saturación fiscal a partir del cual las subidas impositivas redundan en una huida de empresas y trabajadores. Si se suprimen esas dinámicas y la OCDE logra imponer definitivamente su agenda de “armonización fiscal”, el contrapeso a los infiernos fiscales habrá desaparecido y los contribuyentes se quedarán más solos que nunca.