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Un elemento esencial para garantizar el correcto funcionamiento del mercado es la calidad de los sistemas judiciales. El imperio de la ley garantiza un trato neutral a los agentes económicos, generando certidumbre y fomentando un clima de estabilidad y de seguridad jurídica. Pero, ¿cómo podemos estudiar la efectividad de los sistemas judiciales? ¿Es posible hacer una comparativa entre unos y otros países?
Para responder a esta pregunta, es preciso acudir a dos grandes publicaciones: la encuesta sobre calidad institucional del Foro Económico Mundial y los sondeos del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios. Estos dos cuestionarios nos permiten conocer la opinión de la comunidad empresarial sobre las instituciones judiciales de los países.
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¿Son independientes los tribunales? ¿Se resuelven de manera eficiente los procedimientos abiertos? ¿Hay neutralidad en las decisiones judiciales o las Administraciones Públicas llevan siempre las de ganar? Considerando la nota que reciben los países en estas preguntas, podemos entender mejor los diferentes niveles de eficiencia judicial que hay en los distintos países del mundo.
En el podio de la clasificación nos encontramos con Reino Unido, Australia y Singapur, tres jurisdicciones con tradición judicial anglosajona que logran colocarse como las jurisdicciones de mayor eficiencia judicial. En una escala de 0 a 100, la nota que cosechan estos países está por encima de los 90 puntos.
También en las primeras posiciones nos encontramos con Nueva Zelanda, Hong Kong, Israel, Austria, Canadá, Alemania, Irlanda, Suiza y, como no, los países nórdicos (Noruega, Finlandia, Suecia…). Pero, ¿qué ocurre con el resto de países y, de manera más concreta, con América Latina?
Lamentablemente, la situación de la región es de lo más decepcionante. Uruguay, que no llega a los 70 puntos, se coloca en cabeza de la tabla. Completan el podio Chile y Costa Rica, aunque sus puntuaciones son claramente más bajas: 63,7 en el caso de Chile, 55,6 en el de Costa Rica.
Aunque Brasil y Argentina completan el top cinco, su calificación no llega siquiera a los 50 puntos. En el caso de Brasil, la nota ponderada es de 49,7 puntos, mientras que en el caso de Argentina hablamos de una calificación de 39,6 puntos.
Cuba y Venezuela empatan en el último puesto de la tabla, con apenas 10 puntos. No andan lejos Nicaragua o Bolivia, que se mueven entre los 15 y los 16 puntos. Algo mejor pero igualmente por debajo de los 25 puntos nos encontramos con Ecuador y Panamá.
Llama la atención que diversas jurisdicciones de Centroamérica obtengan un resultado muy superior a la mayoría de países de América Latina. Es el caso de Santa Lucía, San Vicente y Granadinas o Dominica, que se quedan muy cerca de los 70 puntos.
¿Qué pueden hacer los gobiernos de la región para mejorar su nota en esta clasificación? Un experimento radical es el que han adoptado jurisdicciones como Dubai o Abu Dabi. Conscientes del legado de corrupción, burocracia e ineficiencia en el que se mueven los sistemas judiciales del mundo árabe, los gobernantes de dichos territorios optaron por contratar a los mejores jueces del mundo anglosajón y permitir que dichos magistrados organicen sus propios equipos. Una vez consolidaron esos nuevos órganos judiciales, tanto Dubai como Abu Dabi permitieron que empresas o inversores decidan voluntariamente si operan dentro del viejo sistema o quedan sujetos a los nuevos tribunales. ¿Por qué no emular este experimento en América Latina y ofrecer, de una vez por todas, un marco de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de la economía de mercado?
