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Desmontando las mentiras de los independentistas catalanes

Por: Diego Sánchez de la Cruz - Sep 27, 2017, 3:51 pm
Cataluña
Tras la aprobación del referéndum, el Gobierno de España pidió un informe al Consejo de Estado, que expresó sus dudas sobre la legalidad de la consulta. (Twitter)

Ante el golpe de Estado que pretende dar el separatismo catalán con el referéndum ilegal del 1 de octubre (1-O), conviene tumbar las falacias que propagan los dirigentes de la región. La propaganda de los independentistas está distorsionando el debate sobre lo que está pasando en España, de modo que es fundamental dar la batalla de las ideas y desmontar los falaces argumentos de quienes defienden una hoja de ruta incompatible con la libertad, la democracia y la prosperidad.

“Cataluña necesita más autogobierno”

Los estudios de la OCDE apuntan que España es el país con mayor descentralización fiscal de la Eurozona. En el caso particular de Cataluña, sus competencias no solo abarcan servicios básicos como la educación o la sanidad, sino que también contemplan la existencia de una policía propia. De modo que España está muy lejos del centralismo característico de Francia o Reino Unido y su sistema político constituye, de facto, un sistema federal, similar al esquema territorial alemán.

Por tanto, apenas hay margen para aumentar el autogobierno de Cataluña. De hecho, hay voces que apuntan a la necesidad de retirar competencias en campos como la educación, donde el adoctrinamiento independentista está a la orden del día y la “inmersión lingüística” discrimina al castellano en beneficio del catalán. Además, también se está avivando el debate sobre la policía autonómica catalana, cuya eficacia se ha visto cuestionada a raíz de los atentados yihadistas de agosto y de los tumultos que han ocurrido durante las protestas organizadas por grupos independentistas.

“El Gobierno de España no dialoga”

En 2016, las autoridades catalanas presentaron 46 reivindicaciones al Gobierno de España. Encima de la mesa cuestiones tan dispares como la inversión en infraestructuras, la financiación de los presupuestos regionales, la política fiscal… Al conocer estas demandas, el Gobierno de España creó un grupo de trabajo encabezado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, los gobernantes catalanes dieron marcha atrás y, en vez de establecer un diálogo constructivo, pasaron a plantear el referéndum de independencia como una pretensión innegociable

A pesar de este bandazo, el Gobierno de España invitó a las autoridades catalanas a plantear en el Congreso de los Diputados su pretensión de realizar un referéndum de independencia. Sin embargo, los líderes independentistas no han aceptado esta nueva oportunidad de dialogar y el presidente de la región, Carles Puigdemont, se ha negado a explicar sus planes en el Congreso de los Diputados.

“España nos discrimina fiscalmente”

El sistema de financiación autonómica en vigor fue desarrollado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo el modelo actual, los datos del ministerio de Hacienda apuntan que Cataluña aporta a la caja común de las regiones españolas el 5,02 % de su PIB regional. Pero esto no significa que la región mediterránea sea una “vaca lechera” de la que cuelgan el resto de territorios. No en vano, el territorio que más aporta es Madrid (9,82 % de su PIB), seguida de Baleares (5,77 % de su PIB). Valencia también figura entre las regiones con un saldo fiscal negativo, en su caso del 1,78 % del PIB autonómico.

Eso sí: los anteriores cálculos no reflejan las medidas de urgencia que ha aprobado el Gobierno de España para ayudar a Cataluña en los peores momentos de la crisis. De entrada, la banca pública de la región fue “rescatada” con una inyección de 12.676 millones de euros. Además, la deuda pública catalana, que había caído a rango de “bono basura”, ha sido refinanciada por el Estado, un “rescate” de 63.000 millones de euros que ha impedido la quiebra del Gobierno autonómico.

No está de más señalar que, si aplicamos la misma lógica al reparto interno de los presupuestos regionales, encontramos que Barcelona aporta el 82 % de los recursos del Gobierno catalán, pero solo recibe el 65 % del gasto aprobado por las autoridades de la comunidad. Por otro lado, cabe recordar que las autoridades catalanas no han acudido a las reuniones convocadas por el ministerio de Hacienda para actualizar el sistema de financiación autonómica, de modo que su interés en esta cuestión parece ser más propagandístico que real.

 

“El Gobierno de España reprime una votación legal”

En cuanto el Parlamento catalán planteó su referéndum de independencia, los juristas de la Cámara manifestaron sus dudas sobre la legalidad de la consulta. También reaccionó así el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que supervisa el cumplimiento de las normas autonómicas. Pese a estas advertencias, el Parlamento catalán insistió en aprobar el referéndum del 1 de octubre. La votación tuvo lugar tras un bochornoso Pleno en el que se vulneraron los derechos de los diputados de oposición, entre los que figuran los representantes del PP (conservadores), Ciudadanos (liberales), PSC-PSOE (socialistas) y CSQP (comunistas).

Tras la aprobación del referéndum, el Gobierno de España pidió un informe al Consejo de Estado, que también expresó sus dudas sobre la legalidad de la consulta. En consecuencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyo fallo confirmó la ilegalidad del 1-O. Desde entonces, la iniciativa ha pasado al poder judicial, que deberá impedir el referéndum con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No tiene sentido imputar estas acciones de la Justicia al Gobierno de España cuando emanan del poder judicial en un contexto de democracia y separación de poderes.

“El referéndum tiene garantías”

La vtación del 1-O es ilegal y, en caso de producirse, no constituye más que una farsa similar a la que ya tuvo lugar en 2014. Además de la inconstitucionalidad del referéndum, conviene recordar que las autoridades catalanas no cuentan con un censo oficial y actualizado, lo que impide la supervisión efectiva del proceso. En esta línea se ha pronunciado la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que ha negado su aval al referéndum ilegal. Por otro lado, no está de más recordar que se están empleando recursos públicos para financiar la campaña o que los líderes independentistas no han fijado un umbral mínimo de participación.

“Cataluña está dando una lección de democracia”

Si el llamado “derecho de autodeterminación” es algo tan irrenunciable para los líderes del separatismo, no se explica que sus dirigentes nieguen la necesidad de incluir esa cláusula en la constitución de una hipotética Cataluña independiente. De hecho, aunque el presidente de la región, Carles Puigdemont, dice apoyar la “autodeterminación de todos los pueblos”, su récord de votaciones en el Parlamento regional revela qe se pronunció en contra de convocatorias similares planteadas en Kurdistán y el Sáhara.

No hay que olvidar, por otro lado, que las autoridades catalanas violaron los derechos de la oposición democrática, lo que explica que las imágenes de la aprobación de la consulta reflejasen un hemiciclo semivacío. Además, el mero hecho de que las autoridades regionales sigan promoviendo el 1-O a pesar del dictamen del Tribunal Constitucional confirma que, lejos de un empeño democrático, estamos ante un proceso golpista, incompatible con la democracia y el imperio de la ley.

También es importante recordar que dos de los tres partidos que respaldan el referéndum (ERC y CUP) son de izquierda radical, mientras que la otra formación que apoya la consulta (PDECat) sufre un hondo desprestigio a raíz de gravísimos escándalos de corrupción que han salido a la luz y están siendo investigados por la justicia. Ante semejante suma de fuerzas, no sorprende que la norma que pretendía regular la transición hacia la independencia incluyese cláusulas aberrantes y autoritarias. Esta “Ley de Transitoriedad”, también ilegalizada por el Tribunal Constitucional, incluía la designación del Presidente del Tribunal Supremo por parte del Presidente del Gobierno o la designación de todos los cargos judiciales por parte de una Comisión Mixta en la que el Ejecutivo tendría mayoría. Una burla en toda regla a la separación de poderes que confirma la naturaleza autoritaria del movimiento independentista.

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10 afirmaciones sin sustento del soberanismo catalán (Editorial de El País).

El futuro de Europa se juega en Cataluña (Editorial de Libération, en francés)

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Diego Sánchez de la Cruz Diego Sánchez de la Cruz

Diego Sánchez de la Cruz es analista político y económico en medios de comunicación españoles y profesor en IE University. Síguelo en Twitter: @DiegoDeLaCruz.