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Donald Trump le ha declarado la guerra a la sobrerregulación. A mediados de diciembre, el mandatario estadounidense afirmó que su objetivo es reducir los trámites administrativos requeridos por el gobierno federal a niveles similares a los observados en 1960. Según declaró el presidente, “el crecimiento imparable de las regulaciones va a pasar a la historia”.
El éxito o fracaso de esta iniciativa depende de Naomi Rao. Esta académica, nacida en una familia de origen indio, completó sus estudios en las Universidades de Yale y Chicago. Entre los años 2002 y 2012 trabajó para la firma de arbitraje Clifford Chance y también se puso a las órdenes del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.
Su salto a la política llega en la segunda legislatura de George W. Bush, pero Rao terminó regresando a las aulas y, tras incorporarse como docente a la George Mason University, impulsó la constitución del Centro para el Estudio del Estado Administrativo, una suerte de think tank especializado en analizar el impacto del exceso de normas y regulaciones.
El pasado 7 de abril, Trump hizo oficial su nombramiento como Administradora de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, un departamento que cuelga de la Oficina de Gestión Presupuestaria y, por tanto, depende directamente de la Casa Blanca. Jonathan H. Adler, toda una eminencia en el ámbito del derecho y la regulación, aplaudió su nombramiento y declaró que “la decisión de contar con Naomi Rao muestra que Trump va en serio cuando habla de introducir una verdadera reforma regulatoria”.
Cifras históricas
Ahora que se acerca el primer aniversario de la proclamación de Trump como presidente, vale la pena echar un vistazo a la Agenda Unificada, un documento que estudia la evolución de la regulación federal.
Según apunta dicho estudio, elaborado por Rao y su equipo, “la Administración Trump está comprometida con una reforma integral de la regulación que persigue reorientar el paradigma hacia la reducción de las cargas normativas soportadas por los estadounidenses. A base de enmendar o eliminar aquellas instancias que son inefectivas, que están obsoletas o que introducen dictámenes contradictorios, la Administración Trump busca promover el crecimiento económico, favorecer la innovación y proteger las libertades individuales”.
A lo largo de 2017, el Ejecutivo norteamericano ha liderado la eliminación o suspensión de casi 1.600 normas. Para ser precisos, 1.579 regulaciones que estaban a punto de entrar en vigor han sido eliminadas o aplazadas durante el primer año de gestión de Donald Trump. De esa cifra, 635 han sido retiradas por completo, 244 han quedado en suspenso y 700 han sido retrasadas para ser evaluadas de nuevo. Se estima que esta desregulación ahorrará 15 millones de horas anuales en trámites y papeleo.
Pero Trump quiere ir más allá. De cara a 2018, el equipo de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios ya ha anunciado que tiene prevista la aprobación de casi 450 medidas desregulatorias. De hecho, la Casa Blanca ha enviado el mensaje de que espera eliminar o replegar tres reglas por cada nueva norma creada.
