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Desde hace más de un lustro, el World Justice Project compone el Rule of Law Index, un índice que mide el grado de respeto al imperio de la ley en los distintos países del mundo. El estudio bebe de fuentes cuantitativas y se apoya también en datos cualitativos aportados por más de 2.000 encuestas con expertos de todo el mundo.
De un primer vistazo, las puntuaciones que reciben las economías de América Latina muestran importantes diferencias. Como vemos en el siguiente gráfico, hay países que logran un resultado más o menos aceptable, en el entorno de los 0,70 puntos sobre un máximo de 1,0. Sin embargo, también hay otros casos en los que la calificación recibida es mucho menor.
Si ordenamos a los países de la región según la calificación obtenida, encontramos que solamente tres de ellos consiguen un resultado medianamente aceptable: 0,71 puntos para Uruguay, 0,68 para Costa Rica y 0,67 para Chile. De hecho, solo Argentina, Brasil, Panamá, Perú y Colombia rebasan los 0,50 puntos, aunque apenas lo hacen por unas pocas décimas.
Más baja es la calificación asignada a El Salvador, República Dominicana, Ecuador, México, Guatemala, Nicaragua y Honduras, todos con más de 0,40 pero menos de 0,50 puntos. Sin embargo, el peor resultado es para Bolivia y Venezuela, que apenas reciben 0,38 y 0,29 puntos.
Los resultados del índice confirman, un año más, que el desarrollo de América Latina está condicionado por la debilidad de sus instituciones. La corrupción de las Administraciones Públicas, la falta de independencia de la Justicia, el excesivo poder de los gobiernos frente a los parlamentos, la inseguridad, la burocracia— tienen un efecto directo en el empobrecimiento de la economía. Al fin y al cabo, no es ninguna casualidad que los países más ricos sean también los que mejor respetan el imperio de la ley.
Hay quienes tienden a analizar estas cuestiones desde una perspectiva derrotista y determinista. No son pocos los que creen que América Latina está condenada a seguir atrapada en el círculo vicioso que induce la falta de institucionalidad. Pero, si Uruguay, Costa Rica y Chile han logrado un resultado medianamente aceptable en el índice, entonces no hay motivo para pensar que no pueda ocurrir lo mismo en otros países de la región.
De hecho, economías que hace apenas tres décadas estaban completamente destrozadas por el comunismo, como es el caso de Estonia, ocupan hoy posiciones muy destacadas del ranking. La república báltica, por ejemplo, está en el número 12 de la clasificación y ha mejorado dos puestos respecto al anterior estudio. De modo que, siempre que se den los pasos adecuados en la dirección correcta, el futuro de América Latina puede ser vibrante. Todo pasa, en última instancia, por entender que, sin un marco institucional estable y liberal, no habrá desarrollo económico sostenido y de largo plazo.
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