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EnglishPor Rebecca Furdek
Si bien muchos estadounidenses se alegrarían de no tener que mantener incómodas conversaciones con sus médicos, una ley de la Florida está silenciando a la profesión médica por las razones equivocadas.
Recientemente, la decimoprimera Corte de Apelación Federal ratificó una ley aprobada en el año 2011, la cual establece que es un crimen preguntar a un paciente si posee un arma de fuego.
El caso Wollschlaeger v. Governor of Florida confirma la constitucionalidad de la Ley de Privacidad de Posesión de Armas, la cual prevé medidas disciplinarias para los médicos que pregunten a sus pacientes sobre la posesión de armas de fuego cuando esto no tenga nada que ver con el “cuidado médico del paciente”.
En líneas generales, la corte alega que hacer preguntas constituye cuidado médico (conducta profesional), y por lo tanto no es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU.
Independientemente de si indagar o no sobre la posesión de armas de un paciente es útil al momento de proveer asesoramiento o atención médica, las leyes como la del Estado de la Florida obstaculizan el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda, aún cuando se trate de una pequeña charla incómoda en un consultorio.
Quienes se oponen a esta ley, como la Campaña Brady para Prevenir la Violencia Armada, creen que hacer esta pregunta a los pacientes en última instancia promueve la salud pública. Lógicamente, ha habido indignación en los medios por parte de los médicos y sus aliados desde que la ley fue aprobada, enojados por cómo la Primera Enmienda está siendo “silenciada por la Segunda”.
Por otro lado, los defensores de esta ley, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), están en total acuerdo con el tribunal. Estos fuertes grupos de presión la consideran una medida para proteger los intereses paleoconservadores (como el derecho a portar armas), a la luz de los escándalos como el de la persecución al movimiento Tea Party por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Los partidarios de la ley también creen que en muchos casos esto simplemente no es asunto del médico.
La NRA puede estar absolutamente en lo cierto cuando alega que un médico no tiene ninguna razón para indagar sobre el porte de armas de sus pacientes. Dicho interrogatorio puede ser el resultado de un desprecio ideológico por las armas de parte del profesional. Sin embargo, la Primera Enmienda permite estas interacciones molestas. De hecho, ambos bandos están pasando por alto el gran peligro que constituyen leyes como la del estado de la Florida.
El problema subyacente se encuentra en las licencias ocupacionales: un régimen que pone crecientes barreras de entrada burocráticas y establece normas complejas en, por lo menos, un tercio de todas las ocupaciones en el país. Estados Unidos está reemplazando el empleo tradicional por profesiones en el sector de los servicios, los cuales, por definición, dependen en gran medida de la interacción y el habla.
Es así como se ha empezado a difuminar en el ámbito de la expresión el incremento de amplios requisitos para obtener una licencia. Tristemente, esta no es la primera vez que la relación cliente/profesional ha sido censurada en años recientes.
El año pasado, a John Rosemond, el columnista de consejos más antiguo de los Estados Unidos, le dijeron que dejara de escribir consejos de paternidad en una columna de noticias. Un fiscal general de Kentucky calificó su trabajo como “conducta” ocupacional, lo que significa que podía ser regulado por el Estado.
En Carolina del Norte, la junta estatal dietética y nutrición limitaron el blog de un hombre inexperto, el Guerrero de la Diabetes, quien relata su experiencia con la dieta paleolítica. Ellos también consideraron sus consejos, como por ejemplo, “yo sugiero que tu amigo debería comer como yo y ejercitarse lo mejor que pueda”, como conducta profesional. La junta le exigió a este hombre tomar 900 horas de clases relacionadas a la nutrición, antes de que continuara hablando.
Simple y llanamente, esto es censura. Estos casos resaltan la falacia ilógica y potencial del abuso político de los regímenes de licencias ocupacionales. La ley de la Florida también presenta una rara oportunidad, en esta época de partidismo sin precedentes, a los fieles de varias ideologías para buscar la reforma.
Los progresistas deberían estar preocupados por el claro potencial que tienen los grupos de interés de usar las licencias ocupacionales para aprobar legislaciones que estén representadas por sus propios intereses. El lobby de los cigarrillos, por ejemplo, podría aprobar con éxito una ley que establecería la ilegalidad, por parte del médico, de preguntar a sus pacientes si fuman.
Al mismo tiempo, los libertarios deberían estar preocupados por el claro potencial de abuso según su propio derecho fundamental a hablar profesionalmente. En una época de atascamiento partidista, mantener nuestra libertad de hablar sobre cualquier asunto —aun de aquellos con los cuales no estamos de acuerdo, como lo es el porte de armas— es algo que todos los partidos pueden respaldar.
Rebecca Furdek pertenece a Young Voices Advocates y es asistente jurídico en Washington, DC.
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