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Ferguson, el frente de batalla entre el Estado y la comunidad afroamericana

Por: Escritor Invitado - Ago 25, 2014, 9:59 am

English Por Brandon R. Davis

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Los residentes de Ferguson se preguntan “¿soy yo quien sigue?” (@Sondriaa)

En Ferguson, Missouri, el asesinato de un adolescente negro desarmado por parte de la policía ha dado lugar a una tremenda reacción. Un oficial, luego identificado como Darren Wilson, disparó y mató a Michael Brown de 18 años el sábado 9 de agosto. Desde la muerte de Brown, los manifestantes se han enfrentado a la policía en Ferguson casi todas las noches, y más de 150 oficiales, incluyendo unidades caninas, la policía estatal, y ahora la Guardia Nacional, han sido enviados a todo el condado de St. Louis para detener los disturbios.

Luego de que el domingo 10 de agosto se celebrara una vigilia para Brown, unos cuantos residentes enojados se lanzaron a las calles, saqueando y destrozando negocios. Por desgracia, las emociones y frustraciones en situaciones como esta pueden sacar lo peor de las personas, e individuos malintencionados utilizan esta tensión como un catalizador para crear caos. La militarización de la policía local ha convertido a barrios de minorías en zonas de derechos de propiedad y libertad limitados, llevando a sus residentes a un punto de quiebre.

La cuestión de fondo es cómo los departamentos de policía están transformando a barrios urbanos en estados policiales, y aplicando  una fuerza excesiva en casos de disturbios como el de Ferguson. Desde el escándalo “Midnight Crew” de Jon Burge hasta los oficiales de policía de Nueva York que estrangularon a un hombre en plena luz del día, los residentes de vecindarios urbanos ahora temen no sólo a los criminales, sino a la misma gente que debería “proteger y servir” a la comunidad.

Una y otra vez, han quedado impunes casos de brutalidad policial contra minorías étnicas. En 2013, unas 169.252 personas completamente inocentes fueron “paradas y registradas” en la ciudad de Nueva York, el 85% de las cuales pertenecían a grupos minoritariso. Esto está por debajo de las 605.328 personas inocentes que fueron “paradas y registradas” en 2011.

En Illinois, la representante Monique Davis pidió al gobernador que enviara la Guardia Nacional para ayudar a la policía en Chicago. Davis cree que la Guardia Nacional estaría en mejores condiciones de someter a los barrios del centro de la ciudad, un espectáculo sin precedentes del poder del Estado.

Desde el inicio de la fallida “guerra contra las drogas”, la creación del Estado policial ha sido impulsado por el financiamiento federal de los cuerpos de policía municipales y distritales. El Estado policial está directamente vinculado al número desproporcionado de minorías que entra en contacto con la policía. El Proyecto sobre Sentencias informa que en la actualidad hay más de 2,2 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos, además de 4,8 millones adicionales bajo el control del sistema penal a través de medidas alternativas a la prisión y en libertad condicional.

Por cada persona blanca encarcelada hay aproximadamente seis afroamericanos en las cárceles de Estados Unidos. Con demasiada frecuencia, este acercamiento de la policía a las minorías resulta en un mayor uso de la fuerza letal, como en el caso de Michael Brown. Desafortunadamente, no hay una buena fuente de datos sobre el uso policial de fuerza letal. Sin embargo, un estudio de 2012 que compara ejecuciones extrajudiciales en las principales ciudades estadounidense reveló resultados asombrosos.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los investigadores encontraron el 87% de las personas que murieron en manos de policías eran afroamericanos. En Chicago, la cifra crece hasta el 91%. A pesar de representar una cifra menor en términos absolutos, en las ciudades de Rockford en Illinois, y Saginaw en Michigan, el 100% de las personas muertas por la policía eran negras.

Este mismo informe también encontró que la policía, los guardias de seguridad y vigilantes en Estados Unidos fueron responsables de la muerte de 313 afroamericanos en 2012. Esto significa que las fuerzas de seguridad mataron a un afroamericano cada 28 horas.

Esta tendencia creciente de violencia y de mayor presencia policial en las comunidades minoritarias ha alimentado una mezcla de resentimiento y desconfianza hacia los departamentos de policía local. Jonathan Blanks y Radley Balko del Instituto Cato acertadamente han documentado los problemas de la “súpercriminalización”, la militarización de la policía local, y la dudosa legalidad de las tácticas policiales.

Desde el Gobierno de Nixon hasta ahora, la campaña de “mano dura” contra el crimen ha utilizado constantemente la retórica incendiaria de fomentar políticas restrictivas y tácticas opresivas para vigilar los barrios urbanos.

La ley de crímenes violentos de 1994, promulgada durante la administración de Bill Clinton, instituyó medidas más duras contra la delincuencia que aumentaron el número de enjuiciamientos, construyeron más prisiones, y significaron penas más severas para los delincuentes.

El programa JAG Byrne (JAG) fue creado en 2005 al fusionarse los programas de becas Edward Byrne Memorial (Byrne) y el Programa Block para la Policía Local (LLEBG). Estas becas dan dinero a la policía local para la compra de equipo militar. Las políticas de lucha contra el crimen de Clinton resultaron en el mayor aumento de presos en cárceles federales y estatales que las de cualquier otro presidente en la historia estadounidense. Bajo la administración de Obama, los fondos JAG/Byrne han alcanzado un máximo histórico.

Las comunidades minoritarias deberían sospechar del Estado opresivo. Una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes constató que Estados Unidos ha llegado a un nivel de encarcelamiento —aproximadamente 700 encarcelados por cada 100.000 habitantes— que se ha convertido en un detrimento para la sociedad y de hecho contribuye a que haya más crimen.

Por lo tanto, la militarización de la policía en las comunidades minoritarias no sólo amenaza las libertades civiles y aumenta las tensiones entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, sino que llega a ser contraproducente para la consecución de sus objetivos.

Los estadounidenses de todas las tendencias deben enfrentarse a la opresión estatal, impulsado por el Gobierno agigantado y la guerra contra las drogas, que está desmantelando sistemáticamente las libertades civiles, no sólo para las minorías, sino para todos.

Brandon Davis es un miembro de Young Voices Advocate y doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad de Alabama.

Traducido por Daniel Duarte.