La defensa de la tradición de coartar la libertad
Por Felipe Salas Bloise
No es raro que en un país como Colombia la conquista de los derechos civiles, políticos, sociales, individuales y económicos sea algo de todos los días. Y no hablo de esa transformación y evolución constante ante nuevos horizontes en el panorama de cualquier sociedad, no.
Hablo de la conquista ante la transgresión constante a esos derechos de manera sistemática por parte del Estado, en la búsqueda del beneplácito de las mayorías católicas, del púlpito, de las corporaciones y gremios que representan a esa “mayoría” que desconoce las libertades del individuo en su forma más elemental de sus derechos naturales.
En el país donde vetan a Uber, en el que la firma de un tratado de libre comercio es una “traición a la Patria”, donde se silencia a periodistas y a opositores, era lógico que la adopción por parte de parejas del mismo sexo no fuese admitida de forma plena por parte de la Corte Constitucional el mes pasado.
La libertad de conformar una familia en Colombia es todo menos una libertad o un derecho para todos, pues desde el artículo 41 de la Constitución se estableció la regla de que la conformación de la familia, como núcleo esencial de la sociedad, es solo de aquella integrada por un hombre y por una mujer.
Si bien existen teorías voluntaristas que establecen que el articulado dispone, al final, una excepción que permite entre sus distintas maneras de conformarla la mera voluntad de hacerlo, no dejan de ser interpretaciones, lejos de la voluntad del constituyente (la mayoría).
Obviamente la restricción encuentra serias contradicciones con aquellos instrumentos de derecho internacional que Colombia ha suscrito y ha ido incorporando a su normatividad, que prohíben cualquier tipo de discriminación, y amparan los derechos de las parejas y población homosexual en general frente a tratos administrativos y legales diferenciados.
Ni hablar de los derechos del menor. Ahí sí transgredimos obligaciones internacionales.
La disposición de la Corte Constitucional colombiana de limitar de manera infundada la libertad de adoptar a parejas del mismo sexo, rompe con esa tradición garantista de las libertades públicas, de darle coherencia al derecho interno con aquellos instrumentos del sistema universal e interamericano de derechos humanos.
No hay razón para que se permita la adopción cuando uno de los padres o madres es el biológico del menor, pero no cuando ninguno de los padres tiene vinculo consanguíneo alguno con él.
En la práctica es lo mismo, y se somete a los mismos aciertos, amores, errores y riesgos de pertenecer a cualquier familia, indistintamente de la orientación sexual de sus padres.
Felipe Salas Bloise es un abogado colombiano, especialista en temas de derecho público y administración pública, y libertario. Síguelo en @FelipeSalasBloi.
La ley natural no cambia
Por Gabriela Ortiz Pozo
EnglishAdoptar a un menor es la decisión de tomar la responsabilidad de formar un ser humano, proveer para su alimento, vestido, educación; además, ofrecer un espacio social en donde pueda desarrollar su vida emocional, espiritual y mental. Este espacio, la familia, es el núcleo de la sociedad.
El Convenio Internacional de La Haya y otras normas observan que la adopción debe tener, como principio básico, el de respetar el interés superior del niño. Con esto, se refiere a lo mejor para el desarrollo infantil en todos los campos.
Preocupa una posible adopción que los menores puedan distorsionar el concepto de lo que es natural (creación de vida por femenino y masculino) y que, aunque tengan la atención de dos “padres” o “madres” y los cuidados necesarios en alimentación, vestido, educación, al no estar en contacto con lo biológicamente natural (en una sociedad que tiene una mecánica bastante más compleja, pero basada en el principio de complementariedad), estos niños queden indefensos al momento de enfrentar la vida en la sociedad, tomando en cuenta que esto puede significar complicaciones emocionales, trastornos de la personalidad, baja interacción con el otro sexo, etc.
Por lo tanto, al poner en riesgo la integridad emocional, mental y espiritual del niño, estaríamos atentando contra el bien del menor.
Cuando se lleva este debate al campo académico y se busca profundizar, nos damos cuenta de que los estudios sobre este tema son escasos y realmente ninguno cuenta con una muestra suficiente para convencer a todos. Sin embargo, hay algunos datos que deberíamos tomar en cuenta: por ejemplo, es de conocimiento general que niños menores a 10 años están en proceso de formación de su carácter y personalidad, y son grandes imitadores de lo que ven a su alrededor; serán muy curiosos y extremadamente abiertos a aceptar conceptos y definiciones.
Es entonces cuando necesitan observar ejemplos de lo que existe afuera: femenino, masculino, blanco, rojo, malo y bueno; para que en base de lo que ellos observan, puedan desarrollar su conocimiento y aprender a interactuar con lo que los rodea, proyectando un aprendizaje mayor en años posteriores.
La identidad de los seres humanos está formada por varias piezas: lo biológico, familiar, cultural, emocional, religioso (o ausencia de religión), económico, entre otras.
Es necesario aclarar que el sexo o la preferencia sexual de una persona no determina su identidad, lo que sí sucede con principios y valores, muchos de los cuales provienen de la relación que cada uno tiene con Dios o la ausencia de esa relación; de ahí que se entienda que una gran mayoría de personas coherentes con sus principios, religión y forma diaria de actuar, no estemos de acuerdo con lo que atenta contra la naturaleza y contra el desarrollo del niño.
Podemos usar la lógica y los principios que comparte más del 75% de la población mundial, para decir que la vida nace de dos sexos, y es tan natural y hermoso que debe crecer en un ambiente en donde pueda contar con los aportes de las dos partes, hombre y mujer, que serán importantes para su proceso, y lograrán que crezca y se desarrolle consciente de la naturaleza más que de las justificaciones humanas.
Las leyes humanas sí cambian, pero las naturales, no siempre.
Gabriela Ortiz Pozo es ecuatoriana, con estudios en relaciones internacionales y jurisprudencia, y Vicepresidente de las Juventudes del Partido Social Cristiano (PSC) del Ecuador. Síguela en @gabyortizpozo.
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