No más injusticia xenofóbica
Por John Lee
Cualquier líder de Estados Unidos, incluyendo a Barack Obama, debe proteger la libertad de circulación y de residencia de todas las personas sometidas a la autoridad del Gobierno de Estados Unidos.
Dejando de lado los detalles legales de las políticas actuales de inmigración de Obama, hay una larga historia de presidentes estadounidenses que han tratado con gran discrecionalidad el tema de la concesión de desplazamientos seguros para los migrantes o que, incluso, se han negado a deportarlos.
El presidente Obama debería utilizar todos los canales institucionales que tiene para minimizar las barreras legales a la migración pacífica. Estas leyes impiden los viajes pacíficos, separan familias, e injustamente privan a las personas de los salarios y las oportunidades que podrían obtener en un mercado libre y justo.
El primer mandatario ha jurado hacer cumplir las leyes de Estados Unidos, incluyendo las de inmigración. Él no tiene el poder de cambiar estas leyes directamente. Yo no lo puedo culpar por no hacer algo que sólo el Congreso puede hacer legalmente. Sin embargo, como líder político, Obama también tiene el deber moral de defender los principios de la justicia.
Y según el precedente legal de Estados Unidos, tiene plena facultad discrecional en la forma en que hace cumplir las leyes de inmigración. Cuando la ley es moralmente incorrecta, Obama tiene tanto la responsabilidad ética como el poder de ejecución para minimizar su injusticia.
Las leyes de inmigración de EE.UU. y de la mayoría de las naciones castigan a la gente por algo en lo que ellos no tuvieron la opción de decidir: el lugar en el que nacieron. No importa lo buena, o inteligente, o trabajadora, o leal que una persona pueda ser, la ley la trata como a un parásito, un invasor, o peor. Se da por sentado que los migrantes no tienen derechos, sino meros privilegios que los Gobiernos se dignan en concederles.
Incluso los lazos familiares y de la comunidad son, en muchos casos, insuficientes para proteger a las personas de las autoridades de inmigración. Los regímenes modernos de pasaporte y de deportación aterrorizan y empobrecen a millones de personas inocentes. ¿Y con qué propósito? El simple hecho de castigarlas por no haber nacido en el lugar correcto, y por atreverse a superar las condiciones de su nacimiento.
Esto no es una cuestión de política común y corriente. El Gobierno priva efectivamente a las personas de la oportunidad de alquilar una casa en un barrio seguro, postularse a un trabajo que pague salarios justos, y de vivir entre los seres queridos con quienes desea estar. Todo esto, únicamente porque nacieron en el otro lado de una línea imaginaria.
Esa línea imaginaria es importante para la demarcación de las fronteras políticas. Pero eso no quiere decir que deba ser cerrada herméticamente y controlada. Los EE.UU. tuvieron fronteras abiertas por más de un siglo después de su fundación. La historia de Estados Unidos, en sí, demuestra que los temores populares a las fronteras abiertas, que supuestamente conducen a la catástrofe o la invasión, son infundados.
Como jefe de la burocracia encargada de hacer cumplir estas leyes injustas y xenófobas, las opciones de Obama son limitadas. Él no puede derogar leyes intolerantes por sí mismo. Pero tiene la libertad de elegir los procedimientos de ejecución y regulación que reduzcan al mínimo la injusticia de estas terribles leyes. Él tiene un púlpito intimidante, que puede usar para desafiarlos.
Obama debería utilizar todas las opciones que tiene para luchar por la libertad de movimiento. El principal propósito del Gobierno es hacer justicia. Obama tiene la obligación de ver que se haga justicia a todos bajo su autoridad — independientemente de quienes los hayan traído al mundo, o de dónde son.
John Lee es bloguero regular y administrador de Open Borders: The Case. Nacido en Japón, de padre malasio y madre filipina, ha vivido, trabajado y estudiado en seis países diferentes, pero Malasia siempre será su hogar. Actualmente vive en San Francisco, California. Síguelo en @johnleemk.
El Estado de Derecho por sobre todo
Por Hana Fischer
EnglishEn mi opinión, no cabe la menor duda de que Barack Obama está obligado a hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos. Mi postura se sustenta en las siguientes razones:
Para quedar habilitado como presidente de la nación, Obama debió prestar el siguiente juramento: “Juro solemnemente que desempeñaré con total fidelidad el Cargo de Presidente de los Estados Unidos y que mantendré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades”.
En consecuencia, hay en juego un tema de honor en este tema: ¿honrará Obama la palabra empeñada?
Según sus redactores, la Constitución fue concebida con el objetivo de “promover el bienestar general y garantizar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad”. En función de esa meta, los padres fundadores, lúcidamente, se percataron que era indispensable limitar el poder de los gobernantes. Para ello establecieron la separación rigurosa de poderes bajo la premisa de que “el poder controle al poder”. Además cuidadosamente establecieron un delicado sistema de “controles y balances”.
Las facultades legislativas le fueron concedidas en exclusividad al Congreso: el Poder Ejecutivo tiene por función principal hacer cumplir las leyes; y el Poder Judicial velar por el mantenimiento del orden jurídico. Es decir, evitar los abusos de poder. Esto significa que no es una potestad del Ejecutivo decidir si una ley debe cumplirse o no, sino que su deber es vigilar su acatamiento.
Quienes defienden la postura asumida por Obama en torno a este tema, esgrimen que varios presidentes con anterioridad se han hecho de “la vista gorda” con respecto al estricto cumplimiento de ciertas leyes.
Esa afirmación es un ejemplo de la falacia “tú también”. Recordemos que una falacia es un razonamiento inválido pero psicológicamente persuasivo. Se quiere dar a entender que como otros mandatarios han actuado así, está justificada la posición de Obama.
El razonamiento correcto es precisamente el opuesto: hay que buscar el modo de evitar que estas cosas sigan sucediendo en el futuro. Y ya que estamos, sería bueno comenzar con el propio Obama, haciéndole ver cuál es su obligación institucional.
He dejado para el final el argumento que para mí es de mayor peso. En lo personal, estoy a favor de la libre inmigración de toda persona honesta. Creo que es un error limitarla. Hay numerosos estudios serios que demuestran que a quien más beneficia la llegada de inmigrantes, es al propio país que los recibe. Por ejemplo el libro de Álvaro Vargas Llosa Global Crossings.
No obstante, si permitimos que se expanda el poder de un presidente porque con respecto a un tema determinado no nos gusta la ley vigente, entonces, estaremos contribuyendo a crear un gobierno autoritario. No debemos perder de vista que con excusas del mismo tenor, se han fortalecido tantos tiranuelos que abundan por Latinoamérica. Así comenzaron Chávez, Correa, los Kirchner, etc, etc.
En definitiva, si queremos “garantizar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad”, debemos hacer prevalecer al Estado de Derecho por encima de cualquier otra consideración.
Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Síguela en @hana_fischer.
Editado por Pedro García Otero.