Virales

Newsletter

¿Debió ser derrocado Manuel Zelaya de la presidencia?

Por: Escritor Invitado - May 13, 2015, 12:40 pm

Una conspiración estadounidense

Por Allan Murillo

Ya es tiempo de ver este tema en perspectiva, prescindiendo de divergencias ideológicas y analizando el contexto más allá: cómo se ha jugado la geopolítica históricamente en Latinoamérica, hacia qué interés se ha dirigido y a quiénes hemos estado supeditados como región.

Independientemente de si se comulgaba o no con el Presidente Manuel Zelaya, si se estaba a favor o en contra de la consulta —siempre podían votar por el no—, todas las acusaciones vertidas contra él quedaron en simples conjeturas, y algunas en especulaciones, ya que no se consumó lo que supuestamente “temían“.

Decidieron optar por la medida más troglodita: el golpe militar, violando todo proceso y el derecho legítimo a la defensa de Zelaya, pues fue expulsado del país contra su voluntad, sin la opción de retornar. Posteriormente, se instauró un estado de sitio a través de toques de queda y del cierre a medios de comunicación, algo que es bien sabido por todos.

Mel tenía el Congreso y la Corte Suprema de Justicia en contra. La “cuarta urna” pudo haber seguido su curso normal, y en caso de que Zelaya quisiera quedarse, no hubiese podido aspirar a hacerlo, puesto que ya había candidatos a las elecciones generales y no tenía ningún otro mecanismo que utilizar. Por lo tanto, Zelaya hubiese entregado el poder normalmente el 27 de enero del 2010, sin necesidad de alterar el orden constitucional.

Hoy, luego de seis años, los mismos que decían “defender” la Constitución de manera descarada y repulsiva con el recurso que se impuso en 2009, aprueban la resolución que dictaminó la Corte Suprema para la reelección, denotando así que lo que antes condenaban solo era una cuestión de simple sesgo e interés.

La necesidad de una Asamblea Constituyente es cada vez mayor, donde sea el pueblo quien participe y se integre a todos los sectores, desde empresarios a campesinos; a esto nadie debería temer. Pero lo más importante es que no se puede responder siempre con fuego, y que debemos darnos cuenta que la última palabra sobre sus destinos y el sistema que quiere para sí mismo la debe tener el soberano.

Por otro lado, haciendo una pequeña remembranza, el plebiscito que se iba a realizar el 28 de junio de 2009 no era ninguna “presión” de Hugo Chávez, ni tampoco era ilegal, ya que si leemos el Plan de Gobierno del Poder Ciudadano, desde 2001 se planteaban las asambleas populares y la democracia participativa. Asimismo, el mismo mes que Manuel Zelaya tomó posesión en 2006, se aprobó la “ley de participación ciudadana” en la cual se amparaba.

Las conspiraciones, desde la de Jacobo Arbenz hasta la de Salvador Allende, Jaime Roldós, Joao Goulart, Isabel de Perón y demás gobiernos desligados de la línea de EE.UU. —que no necesariamente comunistas— fueron planeadas desde Washington con apoyo de sectores reaccionarios a lo que sucedía internamente.

Todo conocedor de nuestra historia latina sabe eso, y lo que pasó en Honduras no fue la excepción. Con el apoyo subrepticio que se brindó al gobierno de facto, no hubo una postura hostil hacia Roberto Micheletti que implicara una amenaza a su estabilidad.

Allan Murillo Vilorio es hondureño, estudiante de derecho en la Universidad Cristiana de Honduras (Ucrish) y militante del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Síguelo en @allan_murillo.

El mal menor

Por Carlos Andrés Joya

EnglishSin lugar a dudas, los acontecimientos de 2009 y sus respectivas consecuencias fueron un duro episodio para nuestro pueblo, pues Honduras se vio entre la espada y la pared, forzada a escoger entre el menor de dos males. Sacar del poder a un presidente constitucional, o quedarnos de brazos cruzados y aceptar la destrucción del sistema de gobierno democrático y republicano que rige nuestra constitución y el sistema político de nuestra nación.

En junio del 2009, los hondureños tuvimos que decidir cuál de esas dos opciones, a las que yo denomino “males”, por su evidente repercusión en prejuicio de nuestra democracia, era la ruta menos dañina para el futuro de nuestro país. Esto, producto de un juego político que tiene su génesis en el plan del entonces poder ejecutivo, liderado por Zelaya, el cual tenía como objetivo cambiar la esencia política de nuestro sistema democrático por un sistema político a usanza del modelo socialista del siglo XXI.

Este modelo, que se convirtió en el verdadero objetivo político de Zelaya, representa un modelo neototalitario, donde mediante un proceso Constituyente se sustituyen los tres poderes del Estado que existen en toda democracia, por un solo poder constituido, de carácter originario, con autoridad absoluta, que no desaparece ni deja de existir nunca. Bajo la premisa que este órgano representa por siempre, “la voz del pueblo”.

Una vez constituido, dicho órgano procede a elaborar una nueva Constitución, al gusto y medida de la ideología populista/socialista de quienes abanderan esa “nueva” forma de Gobierno. Si esto nos parece una irreal trama de novela, basta con analizar la historia del proceso llevado a cabo en Venezuela, donde siguiendo la estrategia antes enunciada, un pequeño grupo ansioso de poder secuestró esa democracia y transformó su forma y esencia por siempre, a vista y paciencia de su ciudadanía.

La cronología de los hechos en el hermano país de Venezuela nos relata cómo el 3 de agosto de 1999 se establece la Asamblea Nacional Constituyente, y apenas dos días después de su creación, el entonces presidente Hugo Chávez introduce su proyecto de Constitución formulado sobre la base de un profundo socialismo bolivariano.

Sin embargo, lo más trascendente de estos hechos se da el 12 de Agosto de 1999, cuando esa Asamblea Constituyente determina la reorganización de todos los órganos de poder público, posteriormente emitiendo el decreto de reorganización del poder Judicial y del sistema penitenciario, así como decretando nuevas funciones para el Legislativo.

En ese momento histórico el pastel queda servido para que quienes impulsaron ese nuevo esquema, gobiernen con poder absoluto y rienda suelta para moldear la constitución, la forma de gobierno y las instituciones del estado a su parecer y conveniencia. En un accionar similar, si no idéntica a la de Chavez en Venezuela, encontramos los hondureños a Manuel Zelaya en 2009, cuando intentó mediante la “cuarta urna” poner en marcha esta misma trama en nuestro país.

Razón que puso en jaque a la ciudadanía hondureña que no estaba de acuerdo con una transformación de esta naturaleza y que llevó a nuestro país a tomar la difícil pero necesaria decisión de destituir a un presidente electo, con el fin de defender y preservar el sistema que en un principio lo eligió.

Es así que la historia registra cómo los hondureños nos vimos enfrascados en una lucha internacional de índole político-ideológica, donde las opciones de salida al conflicto eran no más que dos opciones malas y contradictorias, difíciles de aceptar. Situación que al final desencadenó en la decisión conjunta de la mayoría de los sectores de nuestra sociedad de rechazar las pretensiones de Manuel Zelaya Rosales, prefiriendo antes aceptar la destitución forzada de un presidente, que la transformación ideológica de nuestro sistema democrático.

Reza un refrán que “las decisiones de hoy son las consecuencias del mañana”. En 2009 los hondureños tomamos una decisión muy distinta a la que los venezolanos tomaron en 1999 respecto a un mismo tema. Si medimos las consecuencias que esas decisiones tuvieron en cada país, nos daremos cuenta que en Honduras se hizo lo difícil, pero se hizo lo correcto. Aquello que era menos dañino para el futuro de nuestra democracia.

Carlos Andrés Joya es un consultor en Comunicaciones y Estrategia Política. Se define como un enamorado de la política y férreo defensor de los valores democráticos en Honduras y Latinoamérica. Síguelo en su página de Facebook y en @carlosajoya.