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El tridente de la Cicig vulnera la soberanía de Guatemala

Por: Escritor Invitado - May 20, 2015, 10:41 am
The installation of the UN-backed International Commission against Impunity in Guatemala during the presidency of Álvaro Colom has created another means for Washington to extend its control. (Gobierno de Guatemala)
La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por la ONU, durante la presidencia de Álvaro Colom (en la imagen) ha creado otro mecanismo para extender el control de Washington. (Gobierno de Guatemala)

Por Armando de la Torre y Steve Hecht

EnglishEl Gobierno de Barack Obama y las Naciones Unidas están conspirando para presionar a Guatemala para que avance una agenda más allá del mandato de la ONU, que recuerda a la “dominación yanqui” que Obama previamente manifestó querer terminar.

En esta oportunidad, Obama y la ONU empuñan la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que ha estado operando en el país desde 2007. La misión de la Cicig, según la describe el propio organismo, es “promover la responsabilidad y reforzar el estado de derecho”.

La Cicig afirma que sus objetivos son los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”. Estos grupos “afectan el gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la población guatemalteca y tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales”

De acuerdo con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ese país aportó más de US$25 millones a la Cicig, y “está comprometido con continuar financiando y apoyándola” “A través de esta comisión, Guatemala puede enviar el mensaje inequívoco que nadie está por encima de la ley”, explicó Kerry.

Sin rodeos, la Cicig es una agencia extraterritorial que ha sido facultada para actuar con fuerza de ley en Guatemala, pese a no responder a ningún país. Responde, en realidad, a Naciones Unidas y a una coalición de poderes liderados por el Gobierno de Obama.

Washington hace oídos sordos a la corrupción

El mandato de la Cicig ha sido renovado en 2015. Hasta no hace mucho tiempo, el presidente, Otto Pérez Molina, se resistía la idea de una renovación, argumentando que la presencia de la Cicig era una afrenta a la soberanía de Guatemala. A comienzos de año, sin embargo, el Gobierno de Obama anunció un paquete de ayuda de US$1.000 millones para Guatemala, Honduras y El Salvador, que el vicepresidente Joe Biden pregonó en dos visitas a Guatemala. De acuerdo con varios informes, la asistencia era contingente a la renovación del mandato Cicig en Guatemala.

Entonces, el pasado 16 de abril, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, anunció que, tras una investigación de ocho meses, la Cicig y el Ministerio de Justicia de Guatemala solicitaron ordenes de arresto contra 22 personas que presuntamente formaban parte de una conspiración criminal dedicada al contrabando en la aduana. Una de las personas imputadas, y uno de los dos acusados que han evadido a los fiscales, es Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti.

Casi inmediatamente, Pérez hizo lugar a las demandas y renovó el mandato de la Cicig por otros dos años. Más tarde, el 8 de mayo, Baldetti renunció a la vicepresidencia; y ahora pesa sobre ella una orden judicial que le impide salir del país.

A wide-ranging tax fraud scheme likely went beyond former Vice-President Roxana Baldetti to the highest levels of power. (Surizar)
La estructura de evasión impositiva creada por funcionarios del Gobierno de Pérez Molina alcanza a las más altas esferas del poder. (Surizar)

Es dudoso que semejante conspiración criminal haya existido sin por lo menos la aprobación tácita, y probablemente más, de las más altas esferas.

Los guatemaltecos se han estado preguntando en voz alta por qué la investigación de la Cicig no incluyó a la vicepresidente y al presidente, y han protestado, reclamando la renuncia de esos funcionarios.

Aún así, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, una semana después de la renovación a la Cicig, emitió una declaración elogiando al presidente Pérez Molina por su “liderazgo en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad”. El embajador también dijo que Washington busca seguir trabajando con la Cicig “para fortalecer la instituciones del orden público que son necesarias para el pueblo de Guatemala”.

Dos semanas después, el mismo día en que Baldetti renunció, el Departamento de Estado emitió un comunicado sobre su renuncia, con una notable rapidez, alentando a Pérez Molina a “trabajar estrechamente” con la comisión.

Vulnerando la soberanía de Guatemala

El trabajo de la Cicig, sin embargo, ofrece una solución en forma de tridente. De las tres puntas, el caso más obvio es la organización contrabandista y otros como ese, donde la Cicig está interviniendo más allá de los límites de su mandato. La organización contrabandista es un caso liso y llano de robo —lejos de los actos de “los cuerpos ilegales” que podrían amenazar o vulnerar los “derechos humanos fundamentales” de los guatemaltecos.

En efecto, al entrometerse en los asuntos de Guatemala contra los términos de su propio mandato, la Cicig termina haciendo lo que acusa a otros de hacer: degrada la soberanía del país.

La segunda punta del tridente de la Cicig es su costumbre de actuar en contra de la ley, incluso cuando trabaja en asuntos aparentemente coherentes con su mandato. Un claro ejemplo es el caso de Erwin Sperisen, un exjefe de policía que ahora esta cumpliendo su sentencia en una cárcel suiza, por acciones que supuestamente tomó para aplacar un motín carcelario en 2006. Sperisen, que poseía una doble ciudadanía de Suiza y Guatemala, fue perseguido por la Cicig y arrestado en Ginebra.

Por medio de la Cicig, la evidencia contra Sperisen fue enviada desde Guatemala a un tribunal suizo, que la aceptó sin hacer lugar a ninguno de los pedidos de la defensa.

El testigo principal nunca viajó a Suiza y solo testificó por escrito en una declaración arreglada por la Cicig, un procedimiento que sería ilegal bajo la ley de Guatemala.

Sperisen tenía su derecho al debido proceso y este fue violado por las maniobras de la Cicig, y eso es suficientemente malo. Pero la Cicig ha vulnerado los derechos de todo el pueblo de Guatemala. Esa es la punta central del tridente: la violación de derechos que pasa completamente desapercibida, excepto por sus víctimas.

La Cicig fracasa regularmente en investigar a los grupos ilegales que afectan los derechos humanos de un gran número de campesinos. La ironía de la situación es que estas agrupaciones ilegales se refieren a sí mismas como grupos de derechos humanos —y Naciones Unidas, incluyendo la Cicig, son parte de la ironía, al proteger a estos grupos de una evaluación más detallada.

En palabras de la exprocuradora general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, cuyo régimen hizo posible una dramática expansión de estos delincuentes en todo el país, estos grupos deben recibir “consideraciones especiales” —a instancias de Naciones Unidas y Cicig.

La llegada de los federales

En enero de 2015, autodenominados grupos de “derechos humanos” e “indígenas” destruyeron en San Pablo, provincia de San Marcos, una propiedad privada ubicada en el sitio donde está propuesta la construcción de una planta hidroeléctrica. Secuestraron y torturaron a Casimiro Pérez, un campesino local que había denunciado a cuatro de los líderes. Varios campesinos han denunciado medidas ilegales y coercitivas que estos grupos utilizan para subyugarlos y forzarlos a cometer delitos en defensa de sus intereses, que luego son presentados ante el público como espontáneos y voluntarios.

Un miembro de nuestro agrupación sin fines de lucro, la Liga Pro-Patria, informó de estas denuncias a la Cicig, y recalcó que autoridades policiales no están tomando acciones significativas para proteger a las poblaciones rurales de estos grupos, lo que los convierte en aparatos de seguridad clandestinos que operan con la complicidad gubernamental.

La dispersión de estos grupos de un enclave al oeste de Guatemala hacia todo el país puede ser percibido instantáneamente al observar dos imágenes, una correspondiente al 2010 y otra al 2014.

Protests and violent clashes over electricity resources have risen sharply since 2010. (Energuate)
Las protestas y enfrentamientos violentos por recursos eléctricos han aumentado abruptamente desde 2010. (Energuate)

Estas fechas coinciden precisamente con el régimen del la procuradora Paz y Paz, quien tuvo un apoyo activo e incondicional del Gobierno de Obama así como también de Naciones Unidas.

Seis semanas después de haber recibido el informe de Liga Pro-Patria, la Cicig contestó que el asunto de las agrupaciones de derechos humanos no estaba entre sus prioridades. Este no es solo caso de quien toca el violín mientras Roma arde; es el caso del violinista que quema Roma.

¿Cuáles son las ramificaciones más amplias de estas maniobras? Los consultores políticos estadounidenses Dick Morris y Eileen McGann han analizado el tema general en sus libros Power Grab y Here Come the Black Helicopters. Con detallados ejemplos, Morris y McGann muestran cómo el presidente Obama y el Partido Demócrata han socavado la Constitución estadounidense e intentaron utilizar a las Naciones Unidas para lograr obtener el control de áreas que la Constitución, de otra forma, no permitiría.

La política estadounidense reciente para Guatemala, entre otras cosas, parece un campo de prueba para esas políticas, que en estos días son más fáciles de implementar aquí que en Estados Unidos. Pero no se equivoque: si el tridente continúa trabajando en Guatemala —como lo ha hecho en los últimos años— podría encontrarlo próximamente en un país cercano al suyo.

Armando de la Torre es decano de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Steve Hecht es un empresario que ha vivido en Guatemala durante cuatro décadas. Ambos son directores de Liga Pro-Patria.

Traducido por Adam Dubove.