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Por: María Dolores Miño
EnglishLos últimos meses han sido agitados para el Gobierno socialista del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Desde junio pasado, varias manifestaciones y protestas han tenido lugar en diferentes ciudades del país, y un significativo número de grupos sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos han participado, cada uno con sus propias razones para la protesta: Los impuestos desproporcionados para las herencias; los intentos legislativos de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida; la legislación restrictiva del trabajo de las ONG, que afecta el derecho de asociación; los procedimientos para la explotación de petróleo en la protegida Reserva de Yasuni; las posibles restricciones al trabajo de médicos y profesionales de la salud a través de reformas legales; y la aplicación de una Ley de Comunicaciones que promueve la autocensura, entre otras. Aunque Correa ha ofrecido dialogar con la oposición, esto no ha sido posible, principalmente por la reluctancia del Gobierno a cambiar su posición en la mayoría de estas materias.
Entre los que se oponen está Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Nacionalidades Indígenas (Ecuariunari), quien ha peleado por años en defensa del derecho al agua de las comunidades indígenas de la zona andina de Quimsacocha (provincia de Azuay), oponiéndose a varios proyectos mineros que ponen en riesgo el sistema hídrico de la región, y protestando contra la Ley de Aguas, que nunca fue consultada con las comunidades afectadas. Por estas actividades, ha sido arrestado tres veces.
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Durante los últimos dos años, Pérez Guartambel marchó al lado de su compañera, la periodista franco-brasileña Manuela Picq, una PhD con una brillante reputación entre investigadores universitarios y periodistas. Su unión fue reconocida por la Comunidad Indígena Cañarí en una ceremonia ancestral, y, a sus ojos, ella es oficialmente su esposa.
Manuela se unió a Carlos y a las comunidades indígenas que marcharon nuevamente el pasado 13 de agosto, y en medio de las confrontaciones entre manifestantes y policías, Picq y Pérez Guartambel fueron separados por una docena de agentes de seguridad, golpeados severamente y enviados a clínicas privadas para que se recuperaran. Fueron liberados poco después, solo para encontrarse con que el estatus migratorio de Manuela había sido revocado por las autoridades de Ecuador, y que enfrentaba una posible deportación. Fue llevada al “Hotel Carrión”, un centro informal de detención para gente que ha violado las leyes migratorias.
El honor y la reputación de los ciudadanos en Ecuador están a merced del aparato de propaganda del Gobierno; y quienes que lo manejan no son imputables por esas trasgresiones
Al principio, el Ministerio de Interior reportó en su página web que Manuela había sido auxiliada por la policía cuando fue atacada por sujetos no identificados; después, un video aficionado mostró que, de hecho, Picq había sido atacada y detenida por miembros de la policía.
El Ministerio aseguró también que el estatus migratorio de Manuela era irregular, una acusación que sugería que o bien había ingresado ilegalmente al país, o que había excedido su permanencia en Ecuador. De cualquier modo, la visa de Manuela fue cancelada dos días después.
Las solicitudes judiciales y de protección presentadas por la defensa de Picq no fueron admitidas, al comienzo, por meras formalidades, y posteriormente tramitadas de manera que apenas llenaban la naturaleza expedita de tales procedimientos. Afortunadamente, el lunes 17 de agosto, una juez canceló el procedimiento de deportación y anunció que la cancelación de su visa era ilegal. Posteriormente ordenó una investigación contra los responsables de la detención de Manuela.
Carlos Pérez y otros abogados asumieron la representación legal de Manuela. No hace falta decir que mientras duró la situación de su esposa, Pérez tuvo que apartarse de sus actividades como líder de las manifestaciones indígenas, lo que desestabilizó el movimiento. Una jugada muy inteligente, podría añadirse, no solo porque literalmente sacó a Pérez de las manifestaciones, sino que también le afectó severamente a nivel emocional, como reconoció en una entrevista reciente para un periódico local.
En este contexto, es fácil pensar que la detención e intento de deportación de Manuela estuvieron, de hecho, relacionadas con las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos que lleva adelante su marido. De ser así, esta situación constituye un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos: Al derecho de asamblea pacífica y de asociación, y al derecho de defender los derechos humanos, que está ampliamente reconocido y protegido por el Derecho Internacional. Las retaliaciones físicas contra amigos y familiares de los defensores de derechos humanos afectan el trabajo de estos, porque están, frecuentemente, orientadas a causar miedo y a disuadirlos de continuar realizando su trabajo.
La falta de coordinación entre las autoridades migratorias, y el irrespeto a las leyes de migración en el caso de Manuela no deben ser ignoradas. ¿Cómo es que una visa no existente, o que ya expiró, puede ser revocada? ¿Y si la visa todavía estaba vigente (de hecho, expiraba el 25 de agosto) bajo que supuestos fue revocada? El debido proceso es un derecho fundamental, que aplica también a los procedimientos administrativos y migratorios. El hecho de que Manuela no fuera notificada de las infracciones migratorias por las que se actuaba contra ella violaba su derecho a una defensa oportuna, y, en última instancia, a su libertad de movimientos.
Adicionalmente, ¿cómo es posible que una institución como el Ministerio del Interior acuse falsamente a una respetada académica de violar las leyes de migración sin ninguna prueba, y luego de eso no sea sancionada? Esto viene a demostrar que el honor y la reputación de los ciudadanos en Ecuador están a merced del aparato de propaganda del Gobierno; y que aquellos que lo manejan no son imputables por esas trasgresiones, aún cuando la Ley de Comunicación ha demostrado ser implacable con la prensa privada en situaciones similares.
El caso de Manuela puso el foco sobre la situación de los detenidos por infracciones migratorias. Estas personas son retenidas indefinidamente en un denominado “hotel” que en realidad es un centro irregular de detenciones, en el que esperan por una decisión administrativa o por la deportación.
Esto genera otras interrogantes: ¿Cómo permite un estado democrático como Ecuador la existencia y el funcionamiento de una instalación como esta, fuera del sistema penitenciario o de detenciones administrativas? ¿Quién es responsable por lo que pasa dentro del “Hotel Carrión”? ¿Quiénes están detenidos en este centro irregular, y por qué se les tiene allí? ¿Se siguen oportunamente los procedimientos que se llevan a cabo en casos migratorios? ¿Quiénes representan legalmente a la gente detenida en el Hotel Carrión?
Mientras estuvo detenida allí, Manuela describió su situación como una suerte de limbo legal, para el cual no podía no podía esperar derechos o protección. Una situación como esa debe ser aclarada, revisada y corregida, como parte de las investigaciones que deben adelantarse para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos contra Manuela y su esposo Carlos Pérez.
María Dolores Miño es Especialista en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA) Quito. Sígala en Twitter: @lolomino.
