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La oferta de una nueva “flexibilidad laboral” en Ecuador

Por: Escritor Invitado - Feb 15, 2016, 2:37 pm
Las políticas propuestas por el Gobierno de Rafael Correa supuestamente son para el momento difícil que está por atravesar Ecuador. (
Las políticas propuestas por el Gobierno de Rafael Correa supuestamente son para el momento difícil que está por atravesar Ecuador. (Radio Huancavilca)

Por Francisco Mendoza Sánchez

El precio actual del barril de petróleo (US$29,78 dólares por barril al escribir este artículo) ha puesto, sin lugar a dudas, en serios aprietos al Gobierno de Ecuador al desnudar por completo el manejo económico de los últimos años mostrando falencias evidentes que los entendidos en este tema advirtieron tiempo atrás.

Los titulares de los diarios ecuatorianos en sus secciones económicas se encuentran copados por noticias que anuncian la “toma de medidas” que ayudarán a sobrellevar este momento económico difícil que los funcionarios del Gobierno de Rafael Correa se rehúsan a llamar crisis.

El 6 de febrero de este año, el presidente Correa anunció que se enviarán a la Asamblea Nacional nuevas reformas laborales cuyo objetivo es preservar el empleo, ahora que se vive un contexto económico mundial “complicado”. Este anuncio ha despertado varias inquietudes tanto en el sector empresarial, como en el de los trabajadores, pues no se conoce a ciencia cierta el alcance de este proyecto.

Sin embargo, la opinión pública ha adoptado dos matices. El sector empresarial ha acogido el anuncio de estas reformas con alegría (sin que el término raye en la exageración), ya que generarían una aparente flexibilización del entorno laboral. Mientras que los distintos frentes de trabajadores se muestran preocupados por las reformas que podrían modificar las “conquistas conseguidas” en términos laborales y por la probable “precarización” del trabajo en el Ecuador.

Las reformas que serán presentadas a la Asamblea incluyen el ajuste de la jornada laboral, el impulso al trabajo joven al ser el Estado quien cubrirá el aporte del Seguro Social —USD$40 aproximadamente— de los jóvenes entre 18 y 24 años, y nuevas modalidades de contratación, como el contrato a plazo fijo, para ciertos sectores industriales.

Estas reformas, más allá de las reacciones iniciales que han generado tanto a favor como en contra, desde mi perspectiva, arrojan más incertidumbres que certezas. Por ejemplo, en el caso del aporte al Seguro Social que asumirá el Gobierno, cuando una empresa contrate un joven entre los 18 y 24 años, antes que nada habría que llamar a esta reforma por lo que es: un subsidio.

Posteriormente es pertinente cuestionarse por qué se entrega un privilegio a este grupo de la sociedad, cuando a personas de edad avanzada también les resulta complejo encontrar trabajo precisamente por su edad y a pesar de la experiencia que pueden tener. ¿Por qué se debe incentivar el empleo joven pasando factura a todos los contribuyentes? ¿El derecho al trabajo de los jóvenes debe ser, en parte, subvencionado por los contribuyentes?

El ajuste de la jornada laboral permitiría que el empleador pague un salario en relación con las horas trabajadas, que podrían ser las que se determine en conjunto con el empleado. Sin embargo, esta reforma representaría para diversos frentes de trabajadores una “precarización” del trabajo.

Es decir que, frente a una tasa de desempleo creciente como la que afronta Ecuador (4,77% a diciembre 2015) y una tasa de empleo inadecuado muy importante (48,09% a diciembre de 2015), los representantes del sector ¿preferirían que un desempleado se mantenga como tal a que este sea empleado bajo el nuevo esquema de ajuste laboral? ¿Las personas que se encuentra sin empleo preferirían trabajar medio tiempo, o permanecer desempleadas sin ingreso alguno?
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Por último, las reformas incluirían nuevos tipos de contratación para tres sectores industriales: la construcción, la pesca y la agricultura. Son modalidades de contratación que se ajustarían al tipo de trabajo que se realiza en cada uno de los sectores. Es así como en el sector de la construcción se retomaría el contrato a plazo fijo; en la agricultura se implementaría el contrato por año renovable; y en la pesca un contrato en el que tanto la jornada laboral como la remuneración serán “acordadas por las partes.

Es inevitable que varias preguntas asalten mi mente de forma inmediata, pero me quedo con las siguientes dos: ¿Se deberían estandarizar (como aparentemente el Gobierno ha intentado) los contratos laborales más allá de las características inherentes a cada sector industrial? ¿Y por qué el Gobierno no permite, en todos los sectores, que las partes involucradas sean realmente quienes acuerden términos laborales tan básicos como la jornada y la remuneración a percibir?

Las nuevas reformas laborales, sin cuestionamiento alguno, se ajustan a la realidad económica que vive y vivirá Ecuador al menos los dos siguientes años. No obstante, las interrogantes planteadas y sobre todo sus posibles respuestas son, en mi opinión, referencias para la construcción de políticas laborales que sirvan no simplemente para apalear un “momento complicado”, sino para permitir que tanto el empleador como el empleado, en conjunto, alcancen el mejor acuerdo posible sin la necesidad de recurrir a leyes que pueden entorpecer el proceso y complicar el desempeño económico de un país en determinadas circunstancias.

Cabe preguntarnos finalmente, tras la presentación de la reformas a la Asamblea y en caso de que sean aprobadas, ¿se estaría generando el mejor acuerdo posible entre las partes involucradas?

Francisco Mendoza Sánchez es economista, estudiante de maestría en Business Intelligence y becario del Mises University 2016. Mendoza es además miembro del Movimiento Libertario del Ecuador y director de Jóvenes CREO Pichincha. Síguelo en @El_Paco_Mendoza.