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Por Luis Guillermo Vélez Álvarez
La Policía Nacional de Colombia presta un mal servicio, cada vez peor con el correr de los años; ello, a pesar de los ingentes recursos presupuestarios que recibe.
Entre 2004 y 2014, la población colombiana creció en 12%, al tiempo que el número de delitos de toda índole, reportados en las estadísticas oficiales de la policía, lo hizo en 122%. Entre ambas fechas, el número de delitos por cada 100.000 habitantes pasó de 714 a 1.408.
Pero las cosas son aún peores. Según la encuesta DANE de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2015, realizada entre abril y junio en 28 ciudades a 17.491 personas de 15 o más años, el 17,3% de ellas sufrieron al menos un delito durante 2014. Si asumimos que la muestra es representativa de la población, en ese año habrían sido víctimas de por lo menos un delito la friolera de 6.018.531 personas, es decir, se habrían perpetrado 12.628 delitos por cada 100.000 habitantes.
Ahora bien, según esa misma encuesta, el porcentaje de denuncia es el 23,9% de los delitos. Aplicando esa cifra a los 671.243 delitos reportados en las estadísticas de la policía se tiene que, en 2014, se habrían cometido 2.808.548 delitos, es decir 5.893 por cada cien mil habitantes. ¡Háganme el favor! Por cualquier lado que se mire, la situación de seguridad en el país es catastrófica.
En la revista Criminalidad se presentan una serie de estadísticas sobre la actividad operativa de la policía. Se mencionan indicadores como mercancía incautada, vehículos recuperados, artefactos desactivados, droga incautada, hectáreas asperjadas, etc. Pero finalmente los delitos son cometidos por personas, razón por la cual el indicador más adecuado de la actividad operativa de la policía es el número de personas capturadas con relación al número de delitos. En 2004, la policía reporta la captura de 323.199, personas frente a 320.697 delitos, es decir, 107 capturados por 100 delitos. En 2014, por los 671.243 delitos conocidos por la policía se capturaron 272.835 presuntos delincuentes, es decir, 41 capturados por cada 100 delitos.
Entre 2004 y 2014 el presupuesto de defensa y policía pasó de 11 a 27 billones de pesos, lo que supone un crecimiento de 142% en pesos corrientes y de 64% en términos reales. En 2014, el de la policía representó aproximadamente el 30% del presupuesto total de defensa y policía.
Como las estadísticas de la Dirección de Presupuesto del MHCP no desagregan, se asume este porcentaje para estimar el presupuesto correspondiente a la policía en todo el período considerado. Tomando las cifras de población del DANE puede calcularse el gasto público en seguridad policial por habitante en pesos de diciembre de 2015: entre 2004 y 2014 dicho gasto creció 47% en términos reales.
La Policía Nacional de Colombia (PNC) es una empresa del Estado, encargada de prestar el servicio de seguridad en todo el territorio nacional. A pesar, o quizás a causa de ello, de gozar de privilegios legales y de una financiación garantizada y creciente del presupuesto público, la PNC ha perdido mercado frente a las empresas de seguridad privada, legales e ilegales.
De las primeras, es decir, de las vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, existen 740 que emplearon a 240.103 personas –la PNC tiene unos 160.000 uniformados–, y facturaron 7,5 billones de pesos en 2014, cifra casi igual al presupuesto de la PNC en ese mismo año. De las segundas no se tienen cifras precisas, pero se sabe de su existencia en las principales ciudades del país.
Una policía municipal que depende del alcalde permitiría una mejor alineación de los incentivos y generaría entre los municipios una competencia en la oferta de seguridad
El crecimiento de la seguridad privada –legal e ilegal– es también prueba palmaria del fracaso de la PNC en el desempeño de sus funciones. La naturaleza detesta el vacío, decía Aristóteles. Las empresas legales de seguridad privada y las bandas ilegales al parecer surgen para suplir una demanda de seguridad que la PNC es incapaz de satisfacer.
Los que pueden pagarse su seguridad privada debidamente legalizada lo hacen; los que no, es decir los más pobres, quedan sometidos a la extorsión de las bandas –o ¿será mejor decir empresas?– ilegales que imponen la compra de sus servicios en los territorios bajo su control. En Medellín se les denomina “combos”. Se sabe que son 239, con presencia en 15 de las 16 comunas de la Ciudad. Se conocen sus nombres –»los Mondongueros», «los Bananeros», «los Lecheros», «los Edificios», «los del Hueco de María», y un largo etcétera–, y su localización territorial. Sin embargo, la PNC hace poco o nada para combatirlos.
¿Por qué razón no se les combate?
La gente vive en una ciudad, en un barrio, en una casa. Decir que se vive en Antioquia o Colombia es una abstracción. El ciudadano es asaltado en las calles de su ciudad, en las esquinas su barrio o en su propia casa o negocio. La seguridad de la vida y las propiedades es un asunto local. La Constitución parece reconocer este hecho al proclamar, en el artículo 315, que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Y añade que: “La policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Aquí está el quid de la cuestión.
La PNC es una entidad nacional y eso lo saben todos los policías, desde el más humilde dragoneante hasta el más encumbrado general. Saben que nombramientos, remuneración, ascensos, traslados no dependen en nada de la “primera autoridad de policía del municipio” y muy poco de su desempeño efectivo en la localidad a la que están asignados. Cuando las empresas de seguridad privada, legales e ilegales, suplen las demandas de seguridad, los miembros de la PNC no pierden nada, no pierden mercado y en poco o nada se afectan su remuneración ni sus condiciones laborales. La oficialidad sabe también que su permanencia y ascensos dependen del poder presidencial y del congreso y en consecuencia se dedican a cortejarlos.
[adrotate group=»7″]En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la mayor parte de los países de la Unión Europea existen varios niveles del servicio público de policía, incluida, por supuesto, una policía municipal. En distintos períodos de la historia colombiana existieron policías departamentales y municipales a órdenes de gobernadores y alcaldes. Esto es más coherente con el principio de subsidiaridad de la acción estatal y con la tradición y los valores genuinamente liberales.
Una policía municipal que depende del alcalde permitiría una mejor alineación de los incentivos y generaría entre los municipios una competencia en la oferta de seguridad. Las empresas y las personas podrían votar con los pies instalándose en aquellos municipios que tengan las policías públicas y privadas más eficientes y menos corruptas.
En síntesis: el número de delitos de toda índole padecidos por la población colombiana ha crecido en los últimos años, al tiempo que eficiencia operativa de la policía, medida por el número de capturas en relación a los delitos, ha disminuido; ello a pesar del incremento en el gasto público por habitante en seguridad ciudadana. Pero el crecimiento del gasto de los ciudadanos en seguridad es aún mayor como quiera que el vacío dejado por la PNC ha sido llenado por agencias privadas de seguridad legales e ilegales.
La crisis de seguridad del país, como se ha puesto en evidencia, es profunda y afecta especialmente a la gente más pobre. Es necesario sacar la discusión del terreno deplorable en el que está y pensar en una solución radical que puede pasar por la disolución de la PNC y la adopción de un modelo de policía civil, descentralizada y municipal y la posibilidad de que los municipios contraten servicios de seguridad con empresas privadas.
Luis Guillermo Vélez Álvarez es economista y docente de la Universidad EAFIT de Colombia. Síguelo en@LuisGuillermoVl. Este artículo, originalmente publicado en el blog del autor, se reproduce con su permiso.
El título de «La Comunidad del Anillo» hace referencia al escándalo de la red de prostitución masculina que ha sacudido recientemente a la Policía Nacional de Colombia.
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