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Evo Morales y Álvaro García Linera ocupan los puestos de presidente y vicepresidente, respectivamente, desde 2006. En su primera gestión se realizó la Asamblea Constituyente, que se aprobó por referendo en 2009. Al instalarse la Asamblea, se empezó a redactar una nueva Constitución que prometía plasmar todas las visiones de un país demasiado diverso.
Esta nueva Constitución al final sólo recogió la agenda oficialista del partido gobernante, Movimiento al Socialismo. Durante los años de sesión constituyente se realizó una carnicería política que dejo muertos, presos, exiliados políticos y una feroz persecución judicial que hasta la fecha continúa, y se levantó el nuevo Estado boliviano. A pesar de todo, la oposición había logrado que la nueva Constitución sólo permitiera una reelección.
En diciembre de 2009, como lo exigía la Carta Magna, se realizaron nuevas elecciones nacionales en las que Morales ganó, empezando así su segunda gestión, que estableció un statu quo, permitiendo al Gobierno terminar de controlar todos los poderes del Estado; arrebatándoles su independencia, controlando también la gran mayoría de medios de comunicación, chantajeando al sector privado y manteniendo a raya a la oposición que todavía tenía fuerza en algunos gobiernos subnacionales.
Cinco años en los que el oficialismo vivió de la fiesta y el despilfarro, aprovechando los altos precios internacionales que tenían los hidrocarburos, minerales y productos agrícolas. Ese dinero sirvió también para comprar obediencia.
Para 2014, Bolivia entró en un nuevo año electoral. El presidente Evo Morales buscó una vez más la reelección a pesar que las disposiciones transitorias de la nueva Constitución establecían que los mandatos anteriores a su vigencia sí serían tomados en cuenta a efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones. El Tribunal Constitucional, cooptado por el Gobierno, interpretó que Bolivia se “refundó” e hizo a un lado lo que su misma Constitución establece, permitiendo al oficialismo volver a lanzar a un candidato y conseguir una tercera gestión.
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Tanto en Bolivia como en toda la región, la fiesta populista se está acabando, y ante los primeros efectos de la resaca, el Gobierno de manera apresurada convocó a un referendo constitucional, a menos de cumplirse un año de la presente gestión, justo antes de que los pasados años de bonanza dejen de adormecer la cabeza de su electorado.
De ganar el «Sí» a la modificación de la Constitución, el oficialismo podría volver a postularse en el 2019, para la que sería su cuarta gestión; y gobernaría, entonces, hasta 2025.
Durante el comienzo de la carrera electoral hacia el referendo de este 21 de febrero de 2016, la opción a favor del oficialismo es la favorita, haciendo uso grotescamente de los fondos públicos en su campaña política. Sin embargo, lo que ha pasado durante los últimos meses de la campaña es un hecho sin precedentes en un proceso electoral en Bolivia, marcando así dos hitos importantes.
El primero es el empoderamiento de la ciudadanía, que desplaza a la clase política como protagonista en la campaña, organizándose en diferentes plataformas netamente ciudadanas que hacen campaña por el «No» en todo el país, levantando la bandera de la democracia y la libertad.
Para quienes somos defensores de las ideas de la libertad, da gusto ver como naturalmente los individuos entienden a la libertad como limitación de poder.
Al ser los ciudadanos quienes se apoderan de la campaña por el «No», el mensaje se pudo difundir más rápido y con menos recursos. Es más, prácticamente sin ellos. El referendo entonces se presenta al electorado con un «Sí» que significa aceptar solamente una ideología, un solo partido político y una sola persona.
Por el otro lado, la opción del «No», que es fresca, joven, no tiene rostro pero sí muchas ideas, transmite libertad de conciencia y permite a los individuos gozar de libertad política que hasta hace poco se sentía restringida.
Al tratarse de una campaña ciudadana, las redes sociales se volvieron un motor movilizador.
El segundo hito a resaltar son las redes sociales, que en muchos países y otras regiones ya fueron protagonistas, pero que en Bolivia no habían tenido un papel decisivo. Al tratarse de una campaña ciudadana (como nunca), las redes sociales se volvieron un motor movilizador. Primero, por su fácil accesibilidad; y segundo, porque gran parte de los medios de comunicación son controlados por el Gobierno, mientras que otros recurren a la autocensura.
En elecciones anteriores, las redes fueron tomadas en cuenta por actores políticos que difundían su propaganda por medio de su militancia, sin provocar grandes tendencias de votos. Este referendo no es el caso. Al no tratarse de militantes, si no de ciudadanos comprometidos, los mensajes se traducen en millones.
Los resultados, a tres semanas antes del referendo, muestran un empate entre ambas opciones con 40% cada una y 20% de indecisos que al final serán lo que definirán el resultado. Es así, como sin recursos, los ciudadanos comunes le hicieron frente al poder.
Con un empate técnico entre ambas opciones, el empuje final para la victoria del «No» puede venir de las recientes denuncias de tráfico de influencias y corrupción dentro del Gobierno, que involucran directamente al presidente Evo Morales.
Hace dos semanas, el reconocido periodista independiente Carlos Valverde reveló que la gerente Comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata Montaño, era una expareja del presidente Morales, con quien había tenido un hijo. Información que el mismo presidente confirmó en una conferencia de prensa, agregando también que lamentablemente su hijo había fallecido en 2007.
Morales dijo además que desde entonces no había vuelto a ver a la mujer, cosa que fue desmentida por una foto de 2015 que recorrió las redes sociales, mostrando a Gabriela Zapata y Evo Morales compartiendo el carnaval de Oruro. Pero el fondo de la denuncia no es la vida privada del Presidente, sino la relación entre él y la mujer que ocupa un alto cargo en una empresa que tiene más de US$500 millones en contratos con el Estado, fuera de otras pruebas que vinculan a Zapata con otras instituciones públicas y privadas. Incluso, la mujer habría actuado a nombre del Gobierno Nacional.
El empuje final para la victoria del «No» puede venir de las recientes denuncias de tráfico de influencias y corrupción dentro del Gobierno, que involucran directamente al presidente Evo Morales.
El Gobierno no ha podido desmentir la denuncia que ha calado fuertemente en la percepción de la gente hacia Evo Morales. Según estimaciones, la mayoría de 20% de votos de indecisos se inclinarán hacia la opción del «No», significando así el desempate que terminaría con el prorroguismo de Evo Morales, a quien todavía le quedan cuatro años de Gobierno.
Desde ya, la victoria del «No» es evidente. No obstante, la última batalla que le queda por luchar es contra el propio Órgano Electoral Plurinacional, ente administrador de los procesos electorales que es afín al oficialismo, nada confiable y con un padrón electoral cuestionado. En otras palabras, este 21 de febrero hay que ganarle también al fraude.
La lucha por la libertad en toda Latinoamérica frente a los Gobiernos populistas ha sido inspiradora para los bolivianos, en especial la lucha de los venezolanos, con quienes compartimos una historia política reciente muy similar. De ganar el «No», la victoria es gracias a la ciudadanía que hoy le enseño mucho a la clase política. Se vienen días de esperanza.
Luis Sergio Calbimonte es estudiante de Derecho de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Calbimonte es también miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad Latinoamérica y expresidente de la Casa de la Juventud. Síguelo en @LuisSergioCB.
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