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Por Andrés Londoño Botero
En días recientes han surgido algunas críticas al programa del Gobierno de Colombia, Ser Pilo Paga (SPP). Este programa financia la educación a jóvenes de los estratos más bajos en la universidad acreditada de su elección, sin importar que sea pública o privada.
Muchas de las críticas concluyen en que los fondos deberían ser girados directamente a las universidades públicas del país, sin un análisis sobre las falencias del sistema de educación pública de Colombia, como la politización de las universidades, la falta de calidad, entre otras tantas.
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Brindar más recursos a las universidades públicas no mejorará su calidad, pues el mayor obstáculo al que se enfrentan son el tipo de instituciones que las rigen. El programa SPP puede ser una herramienta que genere una disrupción en el sistema y haga que las cosas mejoren. Esta iniciativa comienza a dejar al desnudo las fallas de la educación pública en el país. Muestra de ello es que la mayoría de los estudiantes se inclinan hacia las instituciones privadas.
Las preguntas que surgen a partir de SPP deberían ser de un tinte diferente. Por ejemplo, ¿por qué los estudiantes prefieren universidades privadas? ¿Por qué las universidades públicas no se esfuerzan por acreditarse?
La realidad es que seducir a los estudiantes del programa representaría un presupuesto extra para las universidades públicas. No obstante, la cultura de competir con calidad no existe en estas instituciones.
La realidad es que seducir a los estudiantes del programa representaría un presupuesto extra para las universidades públicas. No obstante, la cultura de competir con calidad no existe en estas instituciones.
La situación ideal sería la ampliación de SPP a toda la población, de esta manera, no se vería necesario darle un vuelco a la ley de educación para garantizar calidad, ya que la competencia se ocuparía de poner a las universidades a competir por atraer estudiantes con mejores programas.
En la actualidad, existen diversas trabas para mejorar la calidad de las universidades. En primera instancia, FECODE, uno de los sindicatos más poderosos del país, trunca cualquier intento por medir la calidad de la educación que los profesores imparten en las aulas. Adicionalmente, las elecciones populares de rectores y decanos, terminan en ferias de favores que acaban por deteriorar las arcas de las universidades. Por último, la corrupción impide sancionar a los profesores que no asisten a clases, sin mencionar el registro de profesores y estudiantes ficticios creados para acceder a mayores recursos.
Otra crítica que se le ha lanzado al programa son sus altos costos. No obstante, mientras SPP destina $18 millones, en promedio, por estudiante para cubrir la matrícula y el sostenimiento, el Estado le gira a la Universidad Nacional $28,5 millones por estudiante. Además, en las universidades acreditadas, hay pocos estudiantes de bajos recursos (por ejemplo en la nacional son el 21%). El gasto por estudiante es más eficiente en SPP, pues les permitirá a 40.000 estudiantes de muy escasos recursos, acceder a universidades acreditadas. Actualmente hay sólo 14.000 estudiantes del SISBEN 1 y 2 en universidades públicas acreditadas.
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Si los recursos se les giraran directamente a las universidades seguirían atrayendo a estudiantes de estratos más altos, en vez de transformarles la vida a quienes más lo necesitan. Gracias al acceso a la educación estos estudiantes podrán tener un mejor futuro, transformando para bien las condiciones de quienes los rodean.
En este sentido, la única forma de combatir la desigualdad, es mediante la educación de calidad.
Andrés Londoño Botero es economista de la Universidad de los Andes y estudiante de la maestría en Políticas Públicas en Hertie School. Síguelo en @andreslondonob
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