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La torcida lógica para anular el “no” en Colombia

By: Escritor Invitado - Dic 27, 2016, 4:09 pm
(YouTube) Colombia
Según la Consejera, las declaraciones del gerente de la campaña de uno de los movimientos políticos que impulsaron el NO prueban que parte del electorado fue inducido a votar de cierta forma mediante “mentiras y engaños” en un claro ejercicio de “violencia psicológica”. (YouTube)

Por Luis Guillermo Vélez Álvarez

La providencia de la Consejera Luz Jeannette Bermúdez, mediante la cual se admite una demanda de nulidad interpuesta en contra del plebiscito del 2 de octubre y se disponen medidas cautelares, más que absurda e ilógica es peligrosa, pues la teoría sobre la naturaleza del discurso político que lleva implícita atenta contra la libertad de expresión propia de la democracia.

Según la Consejera, las declaraciones del gerente de la campaña de uno de los movimientos políticos que impulsaron el NO prueban que parte del electorado fue inducido a votar de cierta forma mediante “mentiras y engaños” en un claro ejercicio de “violencia psicológica”. Afirma la Consejera, en un tácito reconocimiento de lo absurdo de su posición, que pretender “que se demuestre voto a voto” cuáles de estos fueron “directamente afectados por la consumación” de dicho acto de “violencia psicológica” se constituiría en una “probatio diabólica”, al tiempo que pretende que su propia convicción de que algún elector votó engañado es prueba suficiente de la consumación de un delito de “fraude al sufragante”.

De acuerdo con el razonamiento de la Consejera Bermúdez, el plebiscito debía ser anulado cualquiera hubiera sido su resultado, pues los partidarios del SI, desde la perspectiva de los del NO,  también difundieron mentiras de forma “sistemática y masiva” y crearon “un clima de información sesgada y deliberadamente manipulada”. Más aún, cualquier votación puede ser objeto de una demanda de nulidad y eventualmente anulada, según el parecer de los jueces, pues siempre se puede alegar que en ellas está presente el “engaño que anule la libertad del electorado para escoger autónomamente”[1], porque esa es la naturaleza del discurso político.

El objeto del discurso político es la persuasión y no la prueba. El discurso político, enseña Aristóteles en su Retórica, es un razonamiento que, sin el auxilio de axiomas, busca hacer que se haga o se deje de hacer algo frente a una situación objeto de múltiples alternativas[2]. Del discurso político puede decirse cualquier cosa excepto que sea falso o verdadero. Esto último solo puede predicarse del discurso científico. La pretensión de establecer el contenido de verdad del discurso político es absurda y se torna peligrosa cuando procede de una autoridad estatal.

 

La idea de un discurso político de naturaleza probatoria o, mejor aún, de un discurso político verdadero, procede de Platón quien en su República reserva el ejercicio de la política a los sabios o a los filósofos quienes por naturaleza conocen lo que es el bien de la sociedad. Los demás miembros de la Polis  debían ser forzados a acatar esa verdad mediante la persuasión o la fuerza. Rousseau, el más destacado seguidor de Platón, hace proceder el contenido de verdad del discurso político de la “volonté général” de cuya correcta interpretación queda el testimonio del régimen del terror de Robespierre, su más notorio discípulo. Marx y sus seguidores se creen dueños de la verdad política porque supuestamente detentan el conocimiento de las leyes de la historia que ineluctablemente conducen al dominio del proletariado en el paraíso comunista. Por su parte, Hitler y sus secuaces se sentían dueños de la verdad en política por pertenecer a una raza. La pretensión de ser portador de la verdad política ha estado siempre asociada al totalitarismo de secta, de clase o de raza.

Asombra la disposición mental de amplios sectores de la sociedad colombiana que los conduce a aceptar las tesis de la magistrada Bermúdez sin considerar las implicaciones que tienen sobre la libertad de expresión y todas las libertades políticas e individuales. Esta disposición mental está detrás del cuestionamiento por amplios sectores intelectuales y periodísticos de la validez de votaciones recientes en Estados Unidos y Reino Unido con el argumento de que los votantes fueron engañados. En una sociedad realmente libre, la libertad de expresión es la libertad que tiene toda persona de difundir con medios de su propiedad lícitamente adquiridos cualquier información o conocimiento sin que importe su contenido de verdad y sin que ninguna la autoridad estatal pretenda por cualquier medio decidir sobre su verdad o falsedad.

Como ciudadana, la señora Bermúdez está en todo su derecho de “ver hechos notorios” o, como Juan de Arco, “escuchar voces” que la ilustran sobre las verdaderas motivaciones de los votantes. Pero no tiene derecho a que sus creencias sobre lo que es o no verdad en política determinen sus decisiones judiciales. Ojalá que el resto de los magistrados del Consejo de Estado en esto de la naturaleza del discurso político entiendan que es mejor estar al lado de Aristóteles y el pensamiento liberal que de Platón y el pensamiento totalitario.

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez. Economista. Docente, Universidad EAFIT. Consultor, Fundación ECSIM.

Previamente publicado en Blogspot.

Procesan y ordenan embargo millonario a Cristina Kirchner y exfuncionarios argentinos

By: Raquel García - @venturaG79 - Dic 27, 2016, 4:04 pm
Cristina Kirchner

El juez federal Julián Ercolini procesó y embargó con AR$ 10.000 millones (US $643.300.000) a la exmandataria argentina Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. La exmandataria fue considerada "'prima facie' coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso  real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública". Según el fallo, a Cristina Kirchner se le señala de haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país". Lea más: Juez interviene inmobiliaria de Cristina Kirchner y sucesión de su esposo La medida recayó también sobre el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el propio Báez,  Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner y Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos K. También fueron procesados y embargados con AR$ 2.500.000(US $160.825) seis funcionarios de Vialidad Nacional y provincial. Todos ellos fueron considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Una auditoría reciente realizada por la nueva gestión de la Dirección Nacional de Vialidad reveló que Lázaro Báez fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos, pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %, detalla el diario Clarín. El diario argentino señala que el Grupo Austral, propiedad de Báez, cobró solo en sobreprecios USD $1.000 millones  y USD $3.232 millones en contratos. Para la exmandataria es el segundo procesamiento. El primero lo ordenó el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro y la embargo por AR$ 15 millones (USD $964.950). En este último caso Kirchner declaró que no contaba con los fondos, tras ceder toda su fortuna a sus hijos, razón por la cual Bonadio decidió una inhibición general de sus bienes. Lea más: Kirchneristas retoman ofensiva judicial para frenar denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner En el caso de Báez, quien está preso desde abril por lavado de dinero, el juez Ercolini argumenta que entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un aporte "imprescindible" en los hechos atribuidos "al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado". googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Al exministro de Planificación se le involucra en la causa por haber "perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo". De Vido está procesado e imputado en otras causas por actos de corrupción cometidos durante sus gestión. Por otra parte, el exsecretario de Obras Públicas "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia", completa el fallo. López fue detenido en junio cuando intentaba esconder en un convento USD $9 millones en efectivo. Fuente: Infobae, La Nación, Clarín.

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