La reforma laboral que Argentina necesita

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pesos y dolares
Ante un nivel de desempleo del 9,3 % resulta fundamental avanzar en profundidad en una reforma laboral que juegue a favor de la empleabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. (media)

Por Yamila Feccia y Garret Edwards*

Hoy por hoy, la cuestión laboral en Argentina se encuentra bajo debate. Si bien, afortunadamente, están comenzando a aparecer algunos indicios de recuperación económica, el país austral ha quedado fuera del mercado global debido a sus altísimos costos laborales, convirtiéndose en el menos productivo de toda América. Ante un nivel de desempleo del 9,3 % resulta fundamental avanzar en profundidad en una reforma laboral que juegue a favor de la empleabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. Todo indica que urgen modificaciones flexibilizadoras en materia laboral que dinamicen el sistema primarizado que rige hoy día, así como lo está haciendo actualmente Brasil.

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Un Brasil que sigue los pasos de las reformas hechas por Chile, Colombia, México y Perú, y que continúa acumulando medidas que optimizan el costo laboral, tornándose así uno de los países más flexibles y con nivel de productividad más eficiente de la región. Esto aumenta la brecha entre Argentina y Brasil, y posiciona en desventaja a la primera, ya que podría haber un desvío de inversiones hacia su principal socio comercial, teniendo en cuenta que los impuestos al trabajo y los salarios (en dólares) son hasta un 30 % más bajos. Ante este escenario, siendo que el mundo del trabajo está cambiando de forma veloz y zigzagueante, Argentina no tiene muchas más opciones que articular medidas que aceleren la mejora de la competitividad, ya que el reto en estos tiempos es adaptarse o quedarse fuera.

Asimismo, es necesario explicitar de qué hablamos cuando hablamos de flexibilización. Y no hay mejor manera de hacerlo que por la negativa: cuando se habla de flexibilización laboral no se hace referencia, como muchos creen, a precarizar las condiciones de trabajo de los empleados, sino por el contrario a la generación de un marco propicio para la creación genuina de puestos de trabajo y al sostenimiento de los ya existentes. Es decir, el foco puesto en una reducción de los asfixiantes costos laborales y de la industria de los juicios laborales, que conspiran contra la competitividad y la productividad. Por lo tanto, para encauzar a la Argentina en primer lugar hay que eliminar la pervertida estructura de incentivos; que a través de aventuras jurídicas y mafias judiciales beneficia —salvo excepciones— a abogados, peritos y múltiples intermediarios de la Justicia, mientras perjudica a trabajadores y empleadores.

Yendo al detalle, los costos laborales que las empresas en Argentina deben afrontar no sólo devienen de la opresiva presión tributaria, además se originan en virtud de la rigidez del mercado laboral nacional, y los perversos incentivos que se decantan de lo previamente mencionado. De acuerdo al Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, Argentina no es simplemente el país con mayor presión fiscal de la región, también está entre los peores veinte países del mundo en dicha categoría. Además, se encuentra entre los países de América Latina con menor libertad laboral, alcanzando a duras penas una puntuación de 46,1, quedando debajo de Ecuador (47,3), El Salvador (54,5), Guatemala (48,2), Costa Rica (53,9), Nicaragua (55,6), Chile (64,3), Brasil (52), Perú (62,8), Uruguay (62,9), entre otros.

Sumado a esto, durante el período 2013-2015, según datos oficiales de la Secretaría de Riesgos de Trabajo a nivel nacional, la cantidad de juicios laborales se multiplicó veinticuatro veces, y el índice de litigiosidad aumentó el 2.369 %. Sin embargo, al mismo tiempo, desde la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo, los siniestros laborales se redujeron, y el número de empleados cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo se duplicó. Por su parte, Brasil tuvo que tomar medidas apropiadas ya que manejaba estadísticas similares; es decir, de cada diez trabajadores, tres tenían pleitos laborales. En Argentina, esa proporción es de dos sobre diez, y en México uno de cada diez. El resto de América Latina se encuentra por debajo de esos números, como Chile, que tiene 0,25 juicios por cada diez empleados. A todas luces, los incentivos están mal colocados, y parece ser más beneficioso reclamar ante la Justicia, originando jugosos honorarios de por medio, que jugar todos para el mismo y equipo, empujando hacia el progreso.

Párrafo aparte para los sindicatos, cuya interacción en Brasil es menor de la mitad que en Argentina, que está compuesta por 6.400 gremios, y con leyes laborales herederas —y heredadas— del peronismo. Resulta difícil de comprender cómo todavía se defiende románticamente la idea de que los sindicatos están para defender a los trabajadores, cuando, por el contrario, rigidizan la economía formal y terminan fomentando indirectamente a la economía informal. Por todo ello es que surge la pregunta de si Argentina está en condiciones políticas de soportar una reforma de este tipo. La respuesta no parece ser simple, y las respuestas oficiales tampoco. Declaraciones como las del Ministro de Trabajo a nivel nacional, Jorge Triaca, indicarían que Argentina no irá por el camino de una reforma laboral a la brasileña. Al mismo tiempo, el Ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, deja entrever la posibilidad de que la negativa a modificaciones de este tipo no sea tan clara. Un horizonte cercano podría llegar a ser el punto de quiebre: los resultados en las elecciones de medio término de octubre de 2017. La consolidación de los números obtenidos en las primarias generales de agosto de este año terminaría siendo el puntal de sostén para tomar las medidas que hoy tanto hacen falta.

Productividad, crecimiento, competitividad, e incentivos. Términos que se han ido perdiendo en el ocaso argentino. Un ocaso que debería tomar la situación actual de Brasil como norte, para que Argentina pueda contar con mecanismos para contratar nuevos empleados por tiempos cortos, en vistas de un potencial blanqueo laboral que evite y disminuya el trabajo clandestino, con procedimientos de desvinculación sencillos y de bajo coste, con rebaja de los aportes patronales y mayores sanciones para aquellas conductas laborales que compliquen el funcionamiento normal de las empresas, y con el chance de permitir negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa y/o sectores. Todas ellas las claves para el despegue. Desanclar a la Argentina de ese sistema laboral rancio y acarrearla hacia una reforma flexibilizadora antes de que sea demasiado tarde.

Yamila Feccia es Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, con experiencia en análisis y desarrollo de variables económicas. Es economista del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de Fundación Libertad (Argentina).

Garret Edwards es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, Director de Investigaciones Jurídicas en la Fundación Libertad y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.

Artículo publicado originalmente en elCato.org.

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