Por qué la Constitución mexicana debe consagrar la propiedad privada

196
(Twitter)
Actualmente, el artículo 27 de la Constitución mexicana es un auténtico monstruo autoritario. (Twitter)

Por Gerardo Enrique Garibay Camarena*

En medio de todas las polémicas intrascendentes, todos los escándalos grotescos, los desastres naturales, con los huracanes y todos los desastres antinaturales, con la administración Peña Nieto, de repente surge alguna noticia capaz de alegrarnos la semana y mantener viva la esperanza de que después de todo existe vida inteligente en el lejano planeta de la política nacional.

Hoy tenemos una de esas noticias, pues este jueves Francisco Búrquez, senador del PAN por Sonora, presentó en el Senado la que a mi parecer es la iniciativa más urgente y más trascendente en la historia moderna de este país. Así, de ese tamaño y con esas palabras; la reforma que propone es un primer paso inaplazable e indispensable para enderezar los entuertos legales, políticos y culturales que con el paso del tiempo han derivado en muchos de los más graves problemas que enfrentamos los mexicanos para vivir en paz a través del respeto y para prosperar en justicia, a partir del esfuerzo

¿De qué se trata? Muy sencillo, de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer, clara, abierta y contundentemente un derecho que durante demasiado tiempo los gobiernos nos han esquilmado: el derecho a la propiedad privada.

El senador propone que el artículo 27 de la Constitución esté conformado por tres párrafos, en donde se mencione explícitamente que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, incluyendo el derecho de «adquirir, recibir, usar, ocupar, defender, intercambiar, dividir y ceder su propiedad de cualquier manera, siempre que no menoscabe con ello los derechos de terceros».

La propuesta también incluye poner más candados al concepto de expropiación, limitando la causal de utilidad pública a “aquellas que sean indispensables para generar un beneficio general en la comunidad” y planteando directamente la obligación de que el Estado pague la indemnización al precio de mercado de la cosa expropiada.

Actualmente, el artículo 27 de la Constitución es un auténtico monstruo autoritario, que se extiende a lo largo de más de 3.500 palabras en las que el Gobierno se otorga a sí mismo (por medio del eufemismo de “la nación”) la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y concediéndose el “derecho” de transmitir el dominio de ellas a los particulares.

 

Esta norma, claramente socialista, constituye quizá la peor traición del Constituyente de 1917 al espíritu de la constitución de 1857 y durante todo el siglo XX fue el pretexto para robarle sus propiedades, de forma más o menos descarada, a cientos de miles de personas, y para construir monopolios “públicos” (especialmente PEMEX), que en la práctica funcionaron como botines privados de multitud de camarillas y caciques creados, engordados y amancebados al abrigo del poder federal, el mismo que aún hoy se regala para uso y riqueza de sus funcionarios “el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación” (por público y social entiéndase al gusto de la mafia gubernamental en turno).

Además de las consecuencias inmediatas de abuso por parte de las autoridades y de manipulación política por parte de los partidos, especialmente claras en el caso del “reparto agrario” realizado a punta de pistola durante décadas y repartiendo lo robado en “ejidos” a quienes tampoco se les dio la propiedad de lo entregado, la actual redacción del artículo 27 tiene un profundo efecto corruptor sobre toda la práctica de gobierno y todo el diseño de políticas públicas, e incluso sobre los valores a partir de los cuales se lleva a cabo la convivencia social.

¿Por qué es tan grave que el Gobierno se adjudique la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional?

Por dos motivos:

En primer lugar, porque la concepción colectivista y autoritaria que inspiró la redacción actual se refleja en el resto de la legislación y de la administración pública, lo que implica la sumisión absoluta de todo lo que poseemos a la voluntad del Gobierno, convirtiéndonos (en la práctica) en súbditos y no en ciudadanos.

En súbditos porque nuestras propiedades son en realidad meros usufructos obtenidos y conservados por gracia de Peña Nieto (o de quien encabece el Gobierno en un momento dado). De esta certeza tácita se deriva también buena parte de la cultura paternalista, basada en la idea de que como el Gobierno es dueño de todo, también es responsable por todo, lo que constituye uno de los mayores lastres de la política en México, como lo reconocen constantemente incluso los candidatos de izquierda y de derecha en debates y entrevistas televisivas.

En segundo lugar, porque la propiedad estatal “de los elementos naturales susceptibles de apropiación” ha resultado en monopolios mafiosos e inoperantes, pensando por ejemplo en el propio Pemex, o en las cooperativas pesqueras y, por supuesto, en los ejidos, que a pesar de toda la tinta gubernamental pasaron el siglo XX convertidos en trampas de incertidumbre, baja productividad y abandono.

Por eso es tan importante la iniciativa que presentó el senador Búrquez:

1. Porque corrige una de las más graves tropelías de nuestra constitución.

2. Porque reconoce claramente un derecho que por décadas se nos ha arrebatado.

3. Porque las estadísticas internacionales muestran consistentemente que un mayor nivel de protección a la propiedad privada se relaciona con mejores niveles de desarrollo humano y de producto interno bruto; es decir, entre más se protege la propiedad privada, hay más bienestar y más dinero para las personas y para el país en general.

4. Porque es el primer paso para sanear los paradigmas a partir de los cuales se desarrollan las políticas públicas y consolidar verdaderos diques a la corrupción gubernamental, que no solo sucede cuando los burócratas se roban el dinero, sino también cuando van más allá del legítimo ámbito de su autoridad y trasgreden los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, que no se originan en “la nación” (o sea, en el Gobierno), sino en el individuo, y que, por lo tanto, anteceden y superan al Estado.

En pocas palabras: porque la propiedad es lo primero.

*Gerardo Enrique Garibay Camarena es alumno del doctorado en derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Cuando comenzamos el PanAm Post para tratar de llevar la verdad sobre América Latina al resto del mundo, sabíamos que sería un gran desafío. Pero fuimos recompensados por la increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar.

¡Forma parte de la misión de difundir la verdad! Ayúdenos a combatir los intentos de silenciar las voces disidentes y contribuye hoy.

Contribuya hoy al PanAm Post con su donación

Suscríbase gratis a nuestro boletín diario
Suscríbase aquí a nuestro boletín diario y nunca se pierda otra noticia
Puede salirse de la lista de suscriptores en cualquier momento

Boletín electrónico

¡Recibe lo último de PanAm Post por correo electrónico!

Nunca compartiremos tu correo electrónico con nadie.