A la dictadura de Maduro le conviene la abstención en las elecciones

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Si se hace una evaluación utilitaria de lo que le conviene al régimen, a este le conviene la posición abstencionista opositora. (Twitter)

Por Carlos J. Rangel*

Estaba equivocado. Resulta que la propaganda del régimen también me había obnubilado a mí; me había hecho obviar datos históricos; me había hecho pensar, hasta creer, que la mayoría de los venezolanos habían estado a favor de Chávez y su plan a principios de su gestión. Eso resulta que es mentira, y a partir de esa mentira se fabricó una gran patraña de falsedades y mecanismos para taparla.

En 1998 un poco más de tres millones y medio de venezolanos votaron a favor del movimiento Quinta República, y Chávez resultó electo presidente. La cifra exacta es 3.673.685 de votos. Desde el primer momento se dijo que esa había sido una gran victoria y el mayor número de votantes por un presidente en la historia. Mentira número uno: en 1988 el número de votos a favor de Carlos Andrés Pérez fue 3.868.843 y, cinco años antes de eso, Jaime Lusinchi había recabado 3.773.731 votos.

Pero ¡el porcentaje de votantes fue el mayor de la historia! Mentira número dos: a pesar de haber recibido el 56,20 % de los votos emitidos, Chávez obtuvo el 33,36 % de los votos de las personas inscritas en el registro electoral. Solamente un tercio de los votantes estaban a favor de la promesa de Chávez. La participación del electorado en esas elecciones fue de apenas el 63,45 %, la más baja en la historia del país, salvo la inmediatamente anterior, en la cual resultó ganador Rafael Caldera, en el sumidero de la república chiripera. En comparación, por ejemplo, 40 % del electorado votó por Luis Herrera (quien ganó con una pluralidad del 46,64 % de los votos), 49,77 % por Jaime Lusinchi (con una mayoría de 56,72 % de votos a favor) y 43,32 % para Carlos Andrés Pérez (con 52,89 % de los votos a su favor).

Pero, pero… la constituyente de 1999 tuvo un abrumador apoyo popular, ¡el pueblo quería cambio! Mentira número tres: el proceso que ratificó la nueva constitución se caracterizó por mantener un nivel de aprobación nuevamente cercano a un tercio del electorado. El fundamento sobre el cual se basa la nueva, la “quinta república”, es decir la constitución de 1999, fue rechazado por la mayoría del país. Las cifras oficiales son: para la convocatoria 62,40 % de abstención, 7,5 % de los electores en contra y casi 5 % de votos nulos —un rechazo mayor del 70 %—. Para elegir los asambleístas de la constituyente, abstención 65,7 %, a favor de los representantes del Gobierno bolivariano 30,42 % del electorado, el resto del de los votos dividido entre nulos y opositores. Finalmente, para aprobar la nueva constitución el voto registró 56 % de abstención. El porcentaje del electorado que aprobó dicha constitución fue nuevamente menos de un tercio: 30,18 %.

Hay un detalle fácil de perder de vista en estas cifras sobre la constitución del 1999. La coalición bolivariana obtuvo el 65,8 % de los votos y la oposición el 22,3 %. Sin embargo, los representantes de la coalición obtuvieron el 95 % de los puestos en la constituyente debido a que el proceso había sido reglamentado por el Gobierno bolivariano de manera unilateral. Es decir, con 30,42 % del electorado votando a su favor obtuvieron el 95 % de los puestos en la asamblea.

Este patrón de manipulación del proceso se ha mantenido y exacerbado hasta el día de hoy. Quiero hacer un punto histórico adicional antes de hablar del 15 de octubre. Una vez ratificada la constitución del 99 hubo necesidad de convocar nuevas elecciones presidenciales. En esas Chávez obtuvo el 59,76 % casi sesenta por ciento de los votos emitidos. Pero nuevamente, el porcentaje del electorado a su favor fue, por decirlo de manera coloquial, escuálido: el 32 % del registro electoral votó por Hugo Chávez Frías en las elecciones del año 2000.

 

Esas elecciones tempranas le indicaron al régimen totalitario en ciernes que tenía que hacer algo al respecto. Lo primero fue, por supuesto, difundir las falsedades mencionadas, pregonando que la gran mayoría del país estaba a su favor. Lo segundo fue influenciar directamente el proceso electoral mediante dos maneras de manipularlo.

Primera manera, el registro electoral: entre el año 2000 al 2006 el registro aumentó de 11 millones a 15 millones, y entre el 2006 al 2012 de 15 a 18 millones. Aumentos sin precedentes históricos, y por ende sospechosos.

Segunda manera, el mecanismo electoral: nuevas máquinas, nuevos procesos, nuevos métodos fueron incorporados en un proceso poco transparente y aparentemente con asesorías por técnicos experimentados de origen cubano y de la vieja Stasi en Alemania Oriental. La falta de transparencia de este proceso de adquisición e instalación de equipos y software lo hace sospechoso.

Aun así, el régimen perdió las elecciones para la reforma constituyente del año 2007, lo que demuestra que el voto ciudadano hace diferencia. Lamentablemente, y debido al llamado a la abstención a las elecciones parlamentarias del 2005, las reformas rechazadas por el electorado soberano fueron implementadas en reglamento de leyes, siendo una de las más nocivas el reglamento ley de las FANB, que ahora podrían tener absoluta injerencia en todas las actividades económicas del país. Así se cumplió la aspiración de Chávez de “unión cívico-militar”—el mismo modelo de élite económica que su mentor político, Fidel Castro, había implementado en Cuba—.

Las tácticas de intimidación (por ejemplo, lista Gascón) y los fraudes evidentes (por ejemplo, 2013) no han derrotado al espíritu cívico del pueblo venezolano. El régimen en obvia ignorancia cívica quiere hacerle creer una nueva mentira al pueblo y al mundo: que la democracia es contar votos. El voto del 30 de julio para elegir a la Asamblea Constituyente demuestra eso. El régimen quería demostrar que podía tener más votos que los del referendo consultivo del 16 de julio. La democracia no es contar votos. La democracia es una coalición de ciudadanos que utilizan mecanismos y herramientas para tener voz en sus destinos. Esas herramientas incluyen el voto, la protesta, el debate, las agrupaciones de la sociedad civil, la libertad de prensa y la oposición viva, entre otras.

El voto del 30 de julio desenmascaró al régimen, comenzando por la supuesta gran participación. Se contradice el régimen al publicar un nivel de participación poco mayor del 40 % y decir que fue la mayoría de votantes los que acudieron a las urnas. Ese registro electoral inflado artificialmente, y con quién sabe qué argucias del mismo régimen, indica una abstención cercana al 60 % del electorado. El mismo equipo técnico que había certificado resultados en elecciones anteriores entre el 2005 al 2015 dice que sus máquinas fueron manipuladas para aumentar el nivel de votos contados como emitidos. Esta vez ni siquiera se hizo la simulación de permitir testigos de mesa opositores o internacionales. Esta fue una farsa electoral, digna de cualquier régimen totalitario y dictatorial; y al igual que en ese tipo de régimen, los resultados fueron 100 % a favor del oficialismo. No importaban los candidatos postulados, todos eran oficialistas.

Eso sin contar que la misma convocatoria a la constituyente está viciada constitucionalmente. El soberano (el pueblo) es el que decide convocar a una constituyente, no el mandatario de turno. El mandatario está autorizado a llamar a un plebiscito a ver si el pueblo convoca una constituyente, pero no está autorizado a convocarla. Solo después de ser convocada es que se eligen los asambleístas. Nicolás Maduro lo que ha hecho es apropiarse de la soberanía de la república, es decir, se ha declarado a sí mismo el soberano —un claro dictador—.

Ahora esa misma Asamblea Constituyente írrita llama a elecciones para las gobernaciones de estado. Esas elecciones son organizadas por el organismo electoral denunciado por su mismo proveedor de equipos como manipulador y declarado como ilegítimo en el referéndum consultivo del 16 de julio.

Ante esta coyuntura, la posición abstencionista tiene lógica y es consecuente. No por eso es a mi juicio la posición correcta a tomar ante estas elecciones venideras. Como se observa en la historia electoral descrita arriba, ha sido el abstencionismo y la apatía lo que estructuralmente le ha dado al régimen las armas para apoderarse del país e implementar una agenda y programa con el apoyo de apenas un tercio de la población. Las veces que la voz ciudadana se ha hecho escuchar (2007, 2015) el régimen ha tenido que recurrir a maniobras anticonstitucionales, ilegales o en contra de la voluntad popular para afianzarse en el poder. Si se hace una evaluación utilitaria de lo que le conviene al régimen, a este le conviene la posición abstencionista opositora. Esta posición es la que le quita la voz al elector. Es mi opinión que no debemos dejar que el Gobierno le quite la voz al pueblo.

Las elecciones del 15 de octubre de 2017 están viciadas de origen, forma y probablemente de resultado. No por ello debemos permitir que el régimen tenga la vía fácil hacia un mayor totalitarismo. La voz ciudadana nunca calla, más bien se fortalece cuando se moviliza, sea en protestas callejeras, en agrupaciones y asambleas cívicas o en urnas electorales. Como dije anteriormente, la democracia no es solo contar votos, es formar ciudadanos activos, respondones, furiosos, contestatarios, comprometidos, indisciplinados, creativos, independientes. Eso incluye a los abstencionistas en voz alta, quienes reclaman una mejor democracia. Los abstencionistas en voz alta son demócratas comprometidos. Los que permitan que la inercia, el silencio, la frustración paralizante y la apatía dominen su intención de voto son los que más daño le hacen a la democracia.

El régimen no quiere ciudadanos, quiere ovejas calladas. No se le debe otorgar al régimen del dictador su deseo.

*Carlos J. Rangel, analista y escritor. Su libro más reciente es “La Venezuela imposible: Crónicas y reflexiones sobre democracia y libertad”.

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