El conflicto territorial entre Guatemala y Belice

Someter el conflicto a decisión de la Corte Internacional de Justicia implica, como todo juicio, un riesgo para las expectativas de ambas naciones

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El territorio disputado consta de unos 12.000 km2.(Twitter)

Por Ricardo Manuel Rojas

El domingo 15 de abril se llevó a cabo en Guatemala un referendo tendiente a determinar si los guatemaltecos están dispuestos a llevar el conflicto limítrofe con Belice a la Corte Internacional de Justicia.

Con pocos asistentes (26 % del padrón habilitado), un altísimo porcentaje votó afirmativamente la propuesta (95 %). Según los periódicos locales, la consulta despertó escaso interés en la gente, y se notó mucha desinformación respecto de lo que se estaba votando.

Resta ahora realizar una consulta similar en Belice, y en caso de resultar afirmativa, el litigio podría ser dirimido por la Corte Internacional. Al día siguiente del acto, el gobierno de Belmopán expresó su beneplácito por el resultado y anunció que en breve se organizará la consulta en su país. De este modo se estaría cumpliendo con la recomendación del Secretario General de la OEA en 2007.

El territorio disputado consta de unos 12.000 km2, entre los ríos Sarstún y Sibún, así como un centenar de islas e islotes (aproximadamente la mitad de la superficie total de Belice). Esta disputa reconoce una larga historia que se remonta al siglo XIX, en la que Guatemala reclama los territorios que no fueron expresamente incluidos en la cesión de tierras ocupadas por España a Gran Bretaña y el territorio original de Belice.

Belice declaró su independencia en 1981, la que fue reconocida por Guatemala diez años más tarde, aunque limitada a la autodeterminación del pueblo beliceño, pero no al territorio del país, que continuó en disputa. Una primera consulta popular similar a la ahora realizada se frustró en 2013.

Belice posee una población total de unos 380.000 habitantes, de los cuales, en los dos distritos más al sur, que se incluyen en el reclamo guatemalteco –Stann Creek y Toledo- viven menos de 70.000. Posee una estructura económica rudimentaria, es básicamente exportador de productos agrícolas (azúcar, cítricos, banano) y pescado (mariscos), y a pesar de sus costas sobre el mar Caribe tiene un escaso desarrollo turístico, comparado con el de otros países de la región.

Someter el conflicto a decisión de la Corte Internacional de Justicia implica, como todo juicio, un riesgo para las expectativas de ambas naciones. No obstante ello, parece una solución considerablemente mejor que continuar con un litigio indefinidamente abierto y sin solución. Sin embargo, tal juicio versará sobre cuestiones vinculadas con la soberanía, en desmedro de otros intereses menos solemnes pero quizá más relevantes para los pobladores.

El desarrollo y prosperidad de esa zona parece depender mucho menos de cuál de los dos países tenga soberanía sobre ella, que de las reglas que permitan el crecimiento económico; y la implementación de dichas reglas no se producirá como consecuencia de la adjudicación de soberanía por parte de la Corte Internacional.

Podría decirse que como suele ocurrir en las disputas privadas, siempre es preferible un acuerdo a un juicio, por múltiples razones; y tal vez Guatemala y Belice no se hayan dado la posibilidad de explorar algunas formas de acuerdo para superar el conflicto y sacar provecho económico de ello.

(Google Maps)

Existen muchos ejemplos en la historia de los últimos siglos sobre las consecuencias que un cambio pacífico de reglas ha producido en regiones inhóspitas o en desventaja. Hong Kong y Singapore quizá sean dos de los ejemplos más conocidos. Peñascos desolados de China, una vez cambiadas las reglas, se convirtieron en regiones pujantes.

Otro ejemplo histórico interesante es el de Pennsylvania, extenso territorio semidesierto obsequiado por el Rey de Inglaterra a Sir William Penn, quien estableció allí reglas basadas en el respeto de los derechos individuales y formó el germen de lo que luego fueron los Estados Unidos.

Sobre esta base, se podría pensar en una solución alternativa, que no pase por discutir la soberanía territorial ante un tribunal internacional, sino en un acuerdo entre los dos países que contuviera, en términos generales, las siguientes pautas:

1) Suspender la discusión sobre la soberanía territorial por un plazo considerable (por ejemplo, un siglo), durante el cual ambos países se comprometan a evitar cualquier reclamo o a realizar actos que puedan generar conflicto.

2) Promover la creación de una administración del territorio, integrada por los habitantes de esa zona, y en la que se establezcan determinadas reglas que, al modo del Estatuto Constitucional de Hong Kong en su momento, se basen en determinados principios fundamentales: el reconocimiento de los derechos individuales, la mínima intervención de la administración en los asuntos privados.

Muy bajas tasas por los servicios administrativos en lugar de impuestos, apertura de fronteras para el ingreso y egreso de personas, mercaderías y valores, un sistema jurídico abierto que permita la resolución consensuada de conflictos utilizando todas las fuentes jurídicas a disposición de las partes, así como todos los mecanismos de solución de controversias que las partes puedan pactar, baja regulación legal a las actividades civiles y comerciales, alto respeto al derecho de propiedad.

3) Belice y Guatemala serían los garantes del respeto de esas reglas, y podrían participar con empresas de sus respectivos países en las actividades económicas y financieras. Debería además establecerse el mecanismo para que, al cabo de ese período, se pueda decidir, o bien el reconocimiento de la autonomía definitiva de esa región y la renuncia a cualquier reclamo de soberanía por los dos países, o bien retomar la discusión sobre la soberanía y definitivamente someterla a la Corte Internacional de Justicia.

Muy probablemente, para entonces la región habrá adquirido un nivel tal de prosperidad y crecimiento que difícilmente sus habitantes admitan ceder esa situación a la soberanía de ninguno de los dos países. Además, tanto Guatemala como Belice probablemente ganarían mucho teniendo una región rica y próspera como vecina y socia comercial.

La riqueza se produce gracias a la inversión, y el dinero va allí donde se respetan determinadas reglas. En América Latina ha sido muy difícil cambiar las reglas a través de procesos democráticos, pues el populismo siempre ha generado incentivos para mantener los privilegios de quienes las dictan, a expensas de los que producen riqueza.

Hace algunos años se intentó ese cambio de reglas en regiones limitadas en Honduras, lo que fracasó precisamente por motivos políticos. Quizá esta región poco habitada e inexplotada que hoy se disputan Belice y Guatemala, pudiera ser el lugar donde mostrar cómo un cambio de reglas podría ser un camino directo hacia la prosperidad. Sería auspicioso que ambos gobiernos se dieran la chance de examinar esa alternativa antes de recurrir a una Corte Internacional.

Ricardo Manuel Rojas es Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal No. 18 de Buenos Aires, Argentina. Doctor en Historia Económica (ESEADE). Fue profesor de análisis económico del derecho, la filosofía del derecho y el derecho constitucional en diversas universidades argentinas como la Universidad Nacional de Buenos Aires y ESEADE. Es autor de varios libros, incluyendo “Derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba”.

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