La OCDE: un espejismo mortal para Colombia

El ingreso de Colombia a la OCDE demuestra que el presidente Santos vive en un mundo paralelo y cuyo lobby en el mundo internacional funciona mejor que su gobernabilidad.

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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos Calderón (d), y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, posan tras firmar el acuerdo de entrada de Colombia en la OCDE durante la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE celebrada en la sede de la organización en París (Francia). EFE/ Philippe Wojazer

Por Susana Osorio*

El resultado electoral del pasado domingo y lo que le depara al país con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, parece haber logrado monopolizar la agenda pública en lo que va de esta semana y es en ese contexto, cuando la noticia del ingreso de Colombia a la OCDE pasa como un dato de cultura general nacional, carente de reflexiones y discusiones interdisciplinares en los diferentes espacios de la academia y el mundo productivo; por ello, a continuación expongo 7 razones de por qué el ingreso a la OCDE no es un motivo para celebrar:

La primera razón está asociada a la esencia de la OCDE, un grupo de países que comparten el éxito de sus políticas públicas, cuyo denominador común son las “buenas prácticas económicas”, con potencialidad a ser imitables. Colombia se destaca internacionalmente por la calidad del café, por sus flores, por su calidez humana; pero ciertamente no tenemos prácticas económicas dignas de ser exaltadas y merecedoras de réplica. Lo que demuestra una vez más que el presidente Juan Manuel Santos vive en un mundo paralelo y cuyo lobby en el mundo internacional funciona mejor que su gobernabilidad.

Al menos tres escándalos ratifican la anterior premisa —el cartel del cemento, el cartel del papel higiénico y el cartel de los alimentos en las Fuerzas Militares— y demuestran la vulnerabilidad institucional para detectar colusiones y, peor aún, para defender la libre competencia, tan necesaria en un país que de verdad osa compararse con los “más desarrollados”.

Ahora bien, un segundo punto viene a estar asociado con los índices de corrupción y al manejo fiscal irresponsable. Dado que nos gusta compararnos, solo en el último año Colombia bajó seis puestos en el Índice de Percepción de Corrupción, según la Organización para la Transparencia Internacional, lo que no es un dato aislado. En 2017 la misma Contraloría General de la Nación reveló que Colombia perdía alrededor de 50 billones de pesos por corrupción (aproximadamente USD $17.400 millones), cifra vergonzosa y que ciertamente nos deja muy lejos de cualquier país miembro de la OCDE.

Siguiendo esta línea, llegamos a la tercera razón: el Estado se ha convertido en una agencia de empleo para muchos funcionarios, en un botín para repartir cargos y en un plan de vida premium para vivir gratamente de los impuestos de los ciudadanos a un menor costo. Odebrecht, el Cartel del Sida, el Cartel de la Hemofilia, el escándalo de Reficar, el caso Manantial Amor, el desfalco a Ecopetrol, el Carrusel de las Cirugías Plásticas y el Cartel de los Abuelos y la Chatarrización fueron algunas de las noticias que llenaron nuestro 2017 y que tienen en común ser ejemplos clásicos de aprovechamiento político, de nepotismo y malversación de recursos desde el Estado, en cabeza de sus representantes. Solo en los seis primeros, y según cifras oficiales, el desvío de fondos habría sido de unos USD $53 millones, repartido entre familiares, amigos y socios de nuestros honestos e incólumes políticos.

Sumado a lo anterior, y probablemente uno de los argumentos “más fehacientes” que seguramente el nobel Juan Manuel Santos utilizó para persuadir a aquellos políticos de que Colombia es ejemplo para el mundo en buenas prácticas, han sido las 17 reformas tributarias que se han hecho en los últimos 20 años y que dejan el sinsabor de inestabilidad jurídica e institucional, de volatilidad programática y cultura macondiana, donde cualquier cosa, siempre peor que la anterior, puede emerger del Gobierno para afectar el bolsillo de la nación.

Es curioso notar que nuestros políticos, tradicionalmente han sido presa fácil de los engaños de creer que unirse a “algo” es sinónimo de transformación interna y resolución de todos nuestros problemas: somos los primeros en firmar acuerdos de DD. HH. y lideramos todos los rankings de mayores violaciones; nos suscribimos a los mayores acuerdos medioambientales y aún no tenemos una política pública medioambiental que estimule la producción limpia; y como por arte de magia ahora ingresamos a la OCDE, sin contar con un nivel similar de desarrollo, competitividad y productividad con el resto de países miembros, lo que además de ser una irresponsabilidad, es un error que en su momento México y Corea pagaron con una crisis financiera luego de su anexión y que deja en evidencia que nuestro Gobierno de turno requiere unas clases urgentes de historia contemporánea internacional.

Finalmente, hay un argumento que nuestro ilustre ministro de Hacienda y su concejo de sabios han ignorado: si no hay reducción del empleo informal, no importa si la inversión es “alta”, no se puede hablar de crecimiento, no se puede avanzar en competitividad ni ostentar productividad o pretender tener éxito con los inversionistas y menos cuando en los últimos dos años se han perdido al menos 256 días en paros nacionales.

El ingreso de Colombia a la OCDE ha sido y será el ejemplo por contraste en los próximos años, será la exhibición pública de nuestro caos social, político y económico y el legado de un político que ha perseguido durante ocho años alimentar su ego con premios internacionales.

*Susana Osorio es politóloga y experta en relaciones internacionales. Es académica e investigadora en la Universidad de la Frontera en Chile. Anteriormente trabajó en la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

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