*Por Emilio Martínez Cardona
La dictadura cubana tiene listo un proyecto de nueva Constitución que se propone aprobar a través de una “consulta democrática”, a realizarse en distintas etapas entre agosto y noviembre del corriente año, siguiendo la metodología territorial con que se elige la Asamblea del Poder Popular en la isla.
El operativo tiene múltiples propósitos: desde remozar la imagen del régimen para simular algo parecido a un funcionamiento republicano hasta cercenarle poderes al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, previsión tomada en el remoto caso de que se le ocurriera implementar una versión local de la Perestroika.
Para esto último se reintroduce el cargo de Primer Ministro, separando la Presidencia de la jefatura del gobierno. Pero sobre todo debe ponerse la mira en el fortalecimiento jerárquico dispuesto en el texto para el Consejo de Defensa Nacional (CDN), que es definido como el “órgano superior del Estado que dirige al país durante las situaciones excepcionales”.
Estas situaciones abarcan el estado de guerra, la movilización general y el estado de emergencia, categorías discrecionales que en un sistema dictatorial suelen ser prácticamente existenciales o permanentes.
Por una parte, podría haber una jugada de aseguramiento dinástico del poder, teniendo en cuenta que el CDN estará encabezado por el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, bajo cuyo mando quedarían centralizadas las agencias de inteligencia y contrainteligencia del país, de acuerdo a la opinión siempre bien informada de Carlos Alberto Montaner.
Por otro lado, este “órgano superior del Estado” se parece demasiado al Consejo de Guardianes de la Revolución que cumple un rol estratégico en la estructura supragubernamental de Irán, como parte de la teo-burocracia que tutela a los poderes de origen electivo.
Uno de los proyectistas de la nueva Constitución, Homero Acosta, indica que en los “escenarios adversos” arriba enumerados el Consejo Nacional de Defensa “asumirá la situación del país”, lo que en un castellano más correcto que el del leguleyo castrista significaría lisa y llanamente la toma del poder total.
De esta manera, en Cuba parece imponerse el modelo iraní de tutela supragubernamental, aspecto mucho más central que los cambios cosméticos referidos a la introducción del marxismo de género, o a la admisión simbólica –pero desprovista de garantías- de la propiedad privada.
Cabe recordar que, algunos meses atrás, Evo Morales también sugirió instaurar en Bolivia un Consejo de Estado, que estaría conformado por representantes de sus milicias sindicales y que tendría, entre otras funciones, la decisión final sobre su repostulación.
Está claro que la idea de un tutelaje sobre los poderes electivos anda rondando entre las cabezas neo-autoritarias del ALBA, quizás como un síntoma adicional de la creciente influencia que ejerce sobre el bloque ese oxímoron que es la “República Islámica”, una contradicción en los términos que pretende amalgamar la teocracia fundamentalista con una democracia aparente.
*Emilio Martínez Cardona es escritor y analista político uruguayo-boliviano.