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Por Emilio Martínez Cardona*
No, lo que está en crisis en Argentina no es el gobierno de Mauricio Macri, sino el Estado K, el sobredimensionado sector público dejado como bomba de relojería por Cristina Fernández de Kirchner y su banda.
Aunque la administración de Cambiemos hizo varios esfuerzos con miras a la reducción del déficit fiscal que origina la inflación y la caída del peso, como la disminución de un 20% del gasto político y de un 40% en el costo de la obra pública (al eliminar la cartelización en unas pocas empresas amigas del poder), la situación actual demuestra que la moderación gradualista es insuficiente.
Las medidas tomadas esta semana por Macri incluyen un nuevo corte en el gasto político, de nada menos que el 50%, junto a un aumento temporal en la carga tributaria a las exportaciones, medida indeseada por el gobierno argentino pero aplicada con instrumentos más razonables que los implementados años atrás por el kirchnerismo.
Sin embargo, permanece intocado el corazón del Estado K, asunto que tarde o temprano tendrá que ser asumido para la solución definitiva de la crisis estructural. Hablamos de la hipertrofia de empleados públicos supernumerarios, que en los doce años de administración de “Néstor y Cristina” pasaron de 2 millones a 3 millones y medio, un aumento del 75% que les sirvió para la creación de una gigantesca maquinaria clientelista.
Esta empleomanía estatal logró colocar a Argentina como el tercer país con más burócratas por habitantes en el continente, sólo superada por los socialismos de Cuba y Venezuela. Funcionarios que, al decir del propio presidente Macri, “no son ñoquis porque van a la oficina, pero se pasan mirando el reloj porque no tienen nada que hacer”. En el vecino país se llama “ñoquis” a quienes figuran en una planilla de salarios públicos pero no concurren a su teórico lugar de trabajo.
Para corregir este sobredimensionamiento no hace falta echar mano a ninguna “masacre blanca”, sino al ingenio de múltiples mecanismos que transfieran progresivamente alrededor de un millón de empleados públicos al sector privado.
Medidas que van desde la política de “cero vacantes” (cargos que no se cubren cuando se da una baja eventual) hasta los incentivos económicos al retiro voluntario, con financiación al emprendimiento.
Pero tal vez la herramienta más poderosa a utilizar podría ser un Plan de Reinserción Laboral operado por medio de Alianzas Público-Privadas, pensadas de forma heterodoxa más allá de la provisión de servicios básicos.
Se trataría, más bien, de empresas mixtas orientadas a proyectos productivos, energéticos e industriales, donde el Estado tendría una participación transitoria, pagando en el primer año el 50% del salario de los trabajadores, reubicados desde el sector público y recapacitados. Esto podría reducirse en 10 puntos porcentuales anuales en las siguientes gestiones (40%, 30, 20 y 10) hasta retirarse por completo de la iniciativa, que finalmente quedaría en manos privadas.
Esta incubadora de empresas, que puede atraer inversiones que prioricen las tecnologías de punta, con un enfoque hacia polos de desarrollo territoriales, sería una alternativa posible a ese Estado K que parece estar lastrando al país de Alberdi, Sarmiento y Borges.
*Emilio Martínez Cardona es escritor y analista político uruguayo-boliviano.
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