Por Alberto Saracho y Philip Stevens*
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a mejorar el acceso a la salud pública de los mexicanos. La promesa va en línea con su planteamiento de reformar el Seguro Popular, construir nuevos hospitales y ahorrar mediante la centralización de las licitaciones de medicamentos.
También propuso aumentar el financiamiento en al menos un punto más del PIB con relación al 2,8% del año pasado. El sistema de salud requiere de una transformación que le permita enfrentar retos como la transición demográfica y epidemióloga, la alta tasa de obesidad, entre otros.
El sistema no está dando la talla. México tiene la expectativa de vida más baja de la OCDE, con 75 años. El promedio de los países de ese club es 80 años. En 2013, 30% de los pacientes admitidos por ataques al corazón murieron a los 30 días. El promedio de la OCDE fue del 10%.
De aquellos que fueron internados por infartos isquémicos –el más común de todos– la tasa de mortalidad fue de cerca del 20%, mientras que en el resto de la OCDE está por debajo del 10%. Aunque los mexicanos disfrutan nominalmente de seguro médico universal, 21 millones de personas no tienen ningún tipo de cobertura.
Un estudio de la OCDE presentó un escenario de fragmentación entre múltiples sistemas de salud y pacientes impotentes que tienen poco control sobre su seguro o proveedor médico. Cerca del 13% de las personas registradas en el Seguro Popular no tiene acceso a instalaciones médicas públicas. Por lo tanto, se ven forzadas a buscar atención privada, lo que explica por qué México se encuentra de último en la OCDE en gastos de bolsillo, los cuales representan un 45% del gasto total en salud. Racionalizar la burocracia y reducir la corrupción es encomiable. Pero una población que está creciendo y envejeciéndose demanda un fuerte aumento de recursos para hacer más sostenible el sistema.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el gobierno saliente redujo el presupuesto sanitario en un 20%, ajustado por inflación. Eso se tradujo en escasez de medicamentos y mayores filas de espera. Algunos analistas dudan de la capacidad del presidente electo de aumentar el gasto en salud. Incluso si alcanzara la meta, las erogaciones todavía estarían por debajo del promedio de 9,1% de la OCDE. Se estima que México necesita gastar al menos 8% del PIB en salud para satisfacer la demanda actual.
El principal obstáculo para aumentar el financiamiento es el gran nivel de informalidad, que limita severamente la capacidad del gobierno cobrar impuestos y gastar en servicios sociales. La mayoría de las empresas mexicanas se encuentra en el sector informal y emplean a un 55% de los trabajadores. Recaudar los fondos necesarios para invertir en salud únicamente a través de impuestos representaría una carga insostenible para los contribuyentes y pondría en riesgo la agenda económica del presidente electo.
Parte de la solución consiste en entender cómo la salud podría contribuir más al crecimiento económico. Un reporte de la consultora IQVIA indica que el gobierno no debería ver a la atención médica como un costo que debe controlarse, sino como un sector estratégico que puede favorecer el desarrollo. Una economía fuerte brinda más recursos para aumentar la cobertura sanitaria y el acceso a tecnologías de punta.
Con ese norte, se puede hacer más para promover la investigación y el desarrollo médicos. Un ejemplo es la provisión de ensayos clínicos para el desarrollo de medicamentos. Hungría cuenta con restricciones de recursos similares a las de México, pero en 2010 logró aumentar su PIB en 0,2% a través de la participación en ensayos clínicos internacionales, lo que generó ingresos adicionales para el sector salud.
También se podría recortar el impuesto de renta corporativo para incentivar una mayor inversión en industrias intensivas en conocimiento, siguiendo esquemas similares a los del Reino Unido, Irlanda, Francia y España.
Se debe incentivar a que más extranjeros con capacidad de pago vengan a México para tratamientos médicos. Además, se deben intensificar los esfuerzos por comercializar la investigación relacionada a la salud que están llevando a cabo instituciones del sector público y universidades. También es prometedora la modernización de la salud a través de la inversión privada en infraestructura.
El sistema de salud se encuentra en una encrucijada. El gobierno quiere un mejor financiamiento para alcanzar la cobertura universal, pero no puede lograrlo únicamente a través de impuestos. La creatividad debe ser parte del plan sanitario del nuevo gobierno.
Alberto Saracho es director de Fundación Idea, un centro de estudios en Ciudad de México. Philip Stevens es director de la Geneva Network, organización de investigación con sede en el Reino Unido con énfasis en temas de comercio internacional.