Por Susana Osorio*
Las dos últimas semanas, hemos sido testigos del reality “Bonos Carrasquilla”; el cual, ha develado el modus operandi que rige a un buen número de nuestros políticos. Sin embargo y para comenzar, quiero utilizar un término que describe una cualidad casi transversal de nuestros honorables congresistas: “arribista es una persona que progresa en la vida por medios rápidos y sin escrúpulo”.
Es necesario precisar que el actor principal de esta película, el Doctor Alberto Carrasquilla después de casi 12 años ininterrumpidos de estudios, llegó sin experiencia con gloria y majestad a la Gerencia del Banco de la República en 1993 y más tarde, en el 2003 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Ahora bien, en su más reciente defensa ante el Senado sostuvo que como Ministro en el 2006 estuvo muy “altruistamente preocupado” por la continuidad de las transferencias a los entes territoriales; por ello, gestionó una modificación legal y constitucional (que más tarde se expidió bajo el ministerio de OIZ, ya que Carrasquilla renuncia para “emprender) y que posibilitó el sobreendeudamiento de los municipios sin mayores condiciones, además del financiamiento del agua y saneamiento dentro del presupuesto del Sistema General de Participación.
Hasta aquí, pareciera no existir ningún inconveniente ni inhabilidad de Carrasquilla. No obstante, al revisar el detalle, nos encontramos con varias sorpresas:
- El modelo de negocio ideado y promocionado por nuestro próximo Nobel de economía fue revolucionario: No tuvo apertura en el mercado de capitales, que habría sido favorable para lograr menores tasas de intereses, ni estimuló la competencia entre inversionistas. Adicionalmente, prohibía el prepago (pagarlo por adelantado) y siendo Bonos AA+ (es decir, el inversionista no tenía que preocuparse porque iba a ser respaldado por el Estado) se cobró intereses como si fueran de alto riesgo de incumplimiento. En resumen, cada ente territorial pagaría 3,4 VECES EL VALOR DESEMBOLSADO (Con ICETEX se paga 2,5 veces) y que se tradujo en un detrimento patrimonial de más de 1 billón de pesos colombianos. Ejemplo de esto, es Buenaventura, que para la construcción del acueducto recibió 47.700 millones y a 2018, ha pagado 57.000 millones, debe 42.000 millones y no tienen acueducto.
- La cláusula 8.1, que se firmó entre los 117 municipios y los “inversionistas”, fue cheque en blanco dado a políticos con una tradición corrupta con la garantía de inmunidad, apelando al principio de buena fe. Prueba de ello, es que solo 12 municipios cuentan hoy con acueducto.
Cito textualmente “El municipio expresamente declara y acepta que el patrimonio emisor y prestamista y el patrimonio autónomo del municipio, no tendrá obligación alguna de verificación, supervisión, asesoría o asistencia técnica alguna en relación con el uso efectivo y la destinación de los recursos obtenidos en el préstamo”.
- Los socios y participantes en cada una de estas etapas de este “proyecto de emprendimiento” hoy nos dan lecciones de progreso: Germán Cardona, contratado para la interventoría, fue contratado por Carrasquilla a través de INGECOM y más tarde, lo nombra ZAR Anticorrupción; entretanto, este confiado padre le cede la dirección de INGECOM a sus hijos de 22 y 24 años y le cambia de nombre a la compañía, a fin de evitar “confusiones” en los colombianos malpensantes.
- Un crédito de esta índole, en la banca privada, tiene una tasa de interés que oscila alrededor del 8% y el desembolso está sujeto a la ejecución de la obra. Empero, como colombianos terminamos pagando una tasa de interés al 17%, el cual fue entregado en una cuota en su totalidad, al principio del proyecto, sin supervisar su ejecución.
- El 7% del total del crédito, se retuvo para el proceso de “Estructuración” y todos los gastos asociados a las comisiones, no eran asumidos por los inversionistas, sino por los municipios. Esto significa que para la elaboración de “documentos” todos los colombianos pagamos $4.800 millones de pesos. Si hubiéramos acudido por ejemplo, a FINDETER o el Banco Mundial, el ahorro habría sido de 438 mil y 500 mil millones respectivamente.
- Carrasquilla, en su defensa, reconoció que lo único que hizo fue tener una idea de negocio de intermediación y ponerla en práctica, lo cual le valió unos honorarios de 8.000 millones de pesos, es decir, 2.857.142 dólares (a precio corriente), todo, en calidad de CONSULTOR. Esto incluso resulta incoherente al revisar la declaración de renta del gurú de las inversiones: en 2009 su patrimonio líquido era de 38 millones de pesos y para el 2014 era de 2.012 millones de pesos (52 veces su patrimonio inicial). En el 2008, cuando Carrasquilla crea Navenby, un “holding en inversiones de infraestructura, agua potable para América Latina”, lo hace con un capital de 5 millones y para el 2016, ya contaba en su haber con 4.000 millones
En cualquier país, los reveladores hallazgos que hemos podido conocer entre otros, por el periodista Daniel Coronel y partidos de la oposición, habrían provocado no solo la renuncia del ministro, sino la apertura de un proceso penal y disciplinario, para él, sus socios y el presidente mismo.
Casos como estos, ratifican que Colombia no podrá progresar ni salir de la pobreza con políticos y prácticas corruptas y nauseabundas como las que han sido descritas aquí.
El apoyo a Carrasquilla por parte del Centro Democrático, en cabeza del presidente, el partido Liberal, Conservador y Cambio Radical, es la demostración más fehaciente y descarada de que la práctica de recurrir a la política para lograr beneficios personales, está instalada en nuestras instituciones.
Por ello, ante la negativa del Gobierno de pedir su renuncia; la sociedad civil, ahora más que nunca, debería unirse, salir a las calles y pedir su renuncia inmediata. No se trata de un color político, sino de los recursos de todos los colombianos y en especial, de los municipios más pobres, que una vez más, ha sido saqueado a manos llenas sin ninguna consecuencia.
*Susana Osorio es politóloga y experta en relaciones internacionales. Es académica e investigadora en la Universidad de la Frontera en Chile. Anteriormente trabajó en la Fiscalía General de la Nación en Colombia.