Colombia: luces y sombras de la movilización estudiantil

¿Cuál es el rol que queremos que ocupe el Estado?

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Colombia: luces y sombras de la movilización estudiantil – UNAL Fundada el 22 de septiembre de 1867.(Archivo)

Por Susana Osorio*

Una nación progresa cuando tiene oportunidad de estudiar, emprender y viajar; es por ello, que la movilización por el desfinanciamiento de la educación superior, es apenas lógico en un país lleno de corrupción, clientelismo y malas prácticas.

Sin embargo, al revisar el detalle del “pliego de exigencia”, me encuentro con algunos puntos, que sin duda, sería inmoral abrazarlos. La irresponsabilidad del Estado de aumentar las exigencias (más programas, más estudiantes, más investigaciones) sin aumentar en la misma proporción los recursos, resulta conveniente para preguntarnos ¿cuál es el rol que queremos que ocupe el Estado?

A continuación, expongo 4 preocupaciones que valdría la pena y que debe motivarnos a debatir y reflexionar, no solo a los estudiantes de las universidades públicas, sino a todos los colombianos que sostenemos la educación con nuestros impuestos:

    1. Condonación de las deudas del ICETEX”. Es cierto que el sistema de financiación en el que se justifica esta entidad es vergonzoso, gravoso y no promueve el acceso a la educación superior de un buen número de jóvenes colombianos. ICETEX no es una beca, es un crédito y como tal, quien asume un crédito para adquirir un bien o servicio, debe saber que en un futuro cercano o lejano, tendrá que pagarlo. Pretender que se condone las deudas del ICETEX es igual a decir “perdóname la deuda porque es deuda”; además de anularle las posibilidades a muchos jóvenes de poder estudiar sin tener que trabajar simultáneamente. ¿Qué se podría proponer? Rebajar la tasa de interés del 11,66% (IPC +8) al valor de la inflación + 2%; lo anterior, permitiría que un estudiante no pague 2, 3 o 4 veces su carrera.
    2. Congelamiento de las matrículas de las IES privadas”. Históricamente la fijación o regulación de precios ha resultado contraproducente para las economías; sin embargo, el costo de las matrículas de las IES privadas se justifica por las inversiones en infraestructura, el pago a docentes que cada vez están más preparados, incluso, las becas que permite que muchos estudien en el exterior, el aumento de los servicios que ofrecen, etc. Es cierto que las matrículas, para el poder adquisitivo y los salarios del colombiano promedio, son altas, pero cuando un estudiante se sienta en un aula, está recibiendo años de formación, que sería injusto desconocer.
    3. Rechazo al sistema de educación terciaria”. Una de las mayores pretensiones de los estudiantes es “mayor libertad y autonomía para las IES”; sin embargo, incluir este punto, es incoherente porque parte del desconocimiento de la diferencia y es aplastante para la libertad de los individuos. Durante la Gran Depresión del ’29, los períodos de postguerra en Europa e incluso, la crisis más reciente del 2008, los que menos perdieron empleo, fueron los trabajadores con formación técnica, ¿por qué? Porque en los diferentes sectores, es lo que más se solicita. Ahora bien, ¿todos los jóvenes colombianos quieren estudiar una carrera de 5 años? No, así como los proyectos de vida no son iguales, las preferencias educativas no tienen por qué serlo y el Estado debe ofrecer la suficiente libertad para que diversos proyectos puedan ofrecerse y dentro de ese abanico, nosotros (los consumidores) podamos elegir.
    4. “No al proceso de acreditación de educación obligatoria”. Probablemente este resulta ser el punto más indignante de todos, ¿por qué? Porque una acreditación no es más que la declaración pública sobre la calidad de un bien o servicio y da estimaciones acerca de sus fortalezas o debilidades, facilitando el proceso de decisión de los potenciales estudiantes. Ahora bien, es cierto que no todas las universidades públicas se encuentran en la misma situación, pero eso no significa validar eternamente su no acreditación; en cambio y dado que las transformaciones implican tiempo y costo, considero como colombiana, que se establezca un plazo y se otorgue un acompañamiento a las IES que no se encuentran certificadas, para que apunten a su acreditación si quieren continuar prestando sus servicios. ¿Por qué no compramos un medicamento sin registro INVIMA? Porque la certificación INVIMA nos da seguridad acerca de la calidad del producto. La misma lógica debe aplicarse también para la educación.

Si entendemos que el proceso de “enseñanza – aprendizaje” conlleva un costo, que está ligado a los recursos físicos (mantenimiento y creación de nuevas instalaciones, pago de servicios públicos), pedagógicos (docentes especializados, oportunidades para investigar), administrativos (planta de funcionarios, generación de alianzas estratégicas, etc.).

Y al mismo tiempo, entendemos que las perspectivas laborales de un profesional son (y deberían) ser mayores a las de un bachiller, por ejemplo, concluimos que la educación debe ser vista como un servicio que solo debe ser ofrecido si es de calidad y como una inversión, cuya financiación puede ser variable, pero nunca gratuita; porque la gratuidad siempre conlleva plazo fijo y lo que Colombia necesita es capital humano formado, que se mantenga en el tiempo y que puedan generar desarrollo, sin dependencias estatales.

Finalmente, ¿por qué ser laxos para exigir calidad? Si ninguna persona en su sano juicio aceptaría un “producto” claramente en mal estado por el que está pagando, sin reclamar, ¿por qué deberíamos como sociedad aceptar menos de las instituciones educativas?

Harvard, Yale, Columbia han logrado posicionarse siendo capaces de reconocer que no siempre fueron ideales y dado que los recursos eran limitados, también tuvieron que priorizar en rubros estratégicos como la calidad de los docentes, la selectividad de los estudiantes, la rigurosidad investigativa y sus instalaciones.

Llevamos muchos años en deuda con la educación pública y sería absurdo pretender que en uno o cuatro años se solucionen todos los problemas, pero avanzar en ese sentido, debe ser un compromiso fiscal del Estado, político los ciudadanos y moral de la academia.

*Susana Osorio es politóloga y experta en relaciones internacionales. Es académica e investigadora en la Universidad de la Frontera en Chile. Anteriormente trabajó en la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

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