Conflicto de intereses

Los diputados de la Asamblea Nacional, al no aplicar el artículo 187, evidencian un claro conflicto de intereses en detrimento de los venezolanos.

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Los diputados de la Asamblea Nacional se niegan a aprobar la única manera de que la ayuda humanitaria llegue a destino.
(Foto: EFE)

Por Luis Manuel Aguana*

Siempre me ha parecido ridícula la afirmación que se ha convertido en un mantra entre los seguidores ciegos de la oposición oficial en el sentido de que “en Venezuela no habrá intervención militar de los Estados Unidos”. Como prueba, toman declaraciones que en ese sentido han hecho voceros importantes del país del norte, como Elliott Abrams, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental.

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No obstante, lo cierto es que hasta que no haya una declaración oficial del presidente de los Estados Unidos en ese sentido, tal afirmación carece de veracidad, y aun así todavía no sería enteramente una verdad total porque las situaciones internacionales en geopolítica cambian todos los días. ¿Y por qué lo digo entonces? Porque aquellos que conozcan, así sea vagamente, cómo trabaja la administración norteamericana, saben que allí sí funciona la separación de responsabilidades y allí sí se ve todos los días aquello que dicen que la mano izquierda no sabe que hace la mano derecha.

La administración norteamericana funciona como una composición ordenada de compartimientos estancos donde el único que tiene la visión de conjunto es el presidente. Quien sostenga que el conjunto hará o dejará de hacer algo, no está diciendo la verdad porque eso solo es competencia del presidente de los Estados Unidos. Es más, Elliott Abrams, que es el equivalente a un viceministro del exterior en su área, puede estar diciendo eso y al mismo tiempo el DOD (Departament of Defense) puede estar a punto de lanzar las tropas en Venezuela y el DOS (Departament of State), órgano del cual depende Abrams, ni siquiera estar enterado de esa maniobra si el presidente no les informa, y es posible que sean los últimos en enterarse internamente. Las cosas allá no funcionan como aquí ni en ningún otro país. Entonces, ¿ven lo ridícula que es la afirmación de marras? Y más ridículos quienes la repiten.

Lo que sí es serio e importante en todo esto es que existe un interés claro y manifiesto de sectores dentro y fuera de Venezuela de crear esa matriz de opinión que a quien no beneficia de ninguna forma es al pueblo de Venezuela. ¿Por qué esto es así? Porque la única manera que el régimen narcomilitarizado de Nicolás Maduro se vaya de Venezuela, es que exista una amenaza creíble de fuerza que los obligue a hacer tal cosa. De otra manera, los tendremos en Miraflores hasta que la hermosa hija de Juan Guaidó tenga nietos. Cruda, pero lamentable realidad.

Pero ¿por qué alguien puede estar interesado en hacernos creer que “no existirá nunca una intervención extranjera” para remover a este régimen y sus hordas paramilitares? Porque existe toda una política desde adentro dirigida a seguir un curso de acción que implica la negociación por desgaste con el régimen del usurpador. Si Juan Guaidó no logra ese “cese de la usurpación” en el cortísimo plazo, cosa que difícilmente logrará (porque, como ellos bien saben, las Fuerzas Armadas están lo suficientemente destruidas para que eso suceda) entonces el desencanto de la población alcanzará unos niveles tan altos que aceptará cualquier solución con tal de tener una promesa de volver a vivir como decentemente, incluso con unas elecciones con Maduro como candidato. Eso reventaría a Juan Guaidó como presidente encargado y lo obligaría a negociar con el régimen. ¿Les parece duro? Y no han leído lo peor.

Ese es el plan alternativo del G4 para iniciar el famoso gobierno de transición con enclaves autoritarios de Henry Ramos Allup, que preservaría los intereses de la corrupción dentro de la Asamblea Nacional y el futuro gobierno. Ya están montando su parapeto electoral, comenzando con la negociación de los rectores del CNE -3 del régimen y 2 de la oposición- con un cuento chino que le será vendido a los venezolanos que “ganaremos en la próxima elección” de diciembre de 2019. Habrían comenzado a ejecutar ese plan hasta que vino el apagón del régimen, que aumentó de manera indescriptible la furia de los venezolanos, e hizo enfriar los planes electorales, porque tal cosa era imposible de plantear después de esa increíble muestra de capacidad de destrucción del país. Luego del fracaso que esperan del “cese de la usurpación”, volverán a intentarlo.

Desde los Estados Unidos, los voceros de Juan Guaidó coquetean con los demócratas que están en su determinación de lograr la renuncia de Donald Trump, que ha sido el único presidente norteamericano que se ha resteado por Venezuela. Desde allí, están saliendo directrices que apuntan a producir declaraciones de voceros del gobierno norteamericano e importantes opinadores privados, negando una posible intervención militar en Venezuela. Todos los voceros de la oposición oficial, comenzando por Juan Guaidó tienen como línea declarar en contra de la intervención militar extranjera. Eso los reventaría a ellos y al régimen, pero salvaría a Venezuela. Menudo paquete. ¿Entienden ahora porque no desean la aprobación de la autorización de misiones militares extranjeras en Venezuela con base al Artículo 187, numeral 11 de la Constitución?

Pero imagínense que no sea Nicolás Maduro el candidato del régimen, sino Rafael Ramírez, María Gabriela Chávez o cualquier otro corrupto que se enriqueció en estos 20 años. Con toda la millonada robada al país, ¿creen ustedes que cualquiera que se presente de la oposición oficial tenga algún chance de ganar esa elección, con el mismo CNE como máquina de fabricar votos del régimen? Respuesta: no les interesa la elección, solo el dinero que compartirán con el régimen. Los venezolanos tenemos la obligación moral de abortar ese plan y obligar a la oposición oficial a detener cualquier intento de ir a otro proceso electoral hasta que Nicolás Maduro Moros y los suyos salgan del país por usurpadores.

Entonces esto nos pone en la dimensión real del problema. Es necesario que haya una intervención militar extranjera en el país por parte de la comunidad internacional en base a la Responsabilidad de Proteger (R2P) que tienen los Estados hacia Venezuela porque quien usurpa el poder, Nicolás Maduro, está violando los derechos humanos de los venezolanos. Sin embargo, los diputados de la Asamblea Nacional se niegan a aprobar la única manera que existe de garantizar que la ayuda humanitaria con custodia militar llegue a quienes están perdiendo la vida, por las razones antes expuestas. ¿Qué podemos hacer?

Los diputados de la oposición oficial en la Asamblea Nacional no son el producto de una elección natural, son el resultado de una votación masiva en contra del régimen en la elección del 6 de diciembre de 2015. Nadie en Venezuela votó por Henry Ramos Allup, ni Julio Borges, ni Omar Barboza, en el sentido estricto de la escogencia de un representante de nuestros intereses ante un Parlamento. Y lo peor es que aun sabiéndolo, estos diputados están bloqueando deliberadamente lo que realmente desea el pueblo venezolano protegiendo sus propios intereses, en un claro conflicto que debemos resolver: o son ellos o somos nosotros.

Ante esa aberración es necesario el ejercicio directo de la soberanía popular para expresarle al mundo que estamos en una clara situación de requerir de su ayuda humanitaria con acompañamiento militar desde el exterior, autorizando lo que haya lugar para que se produzca. Ya les quedará bien cuesta arriba a los países negárnosla, incluso hasta en el mismísimo Consejo de Seguridad de la ONU, con Rusia y China incluidas, ya que quien lo solicitaría sería el propio pueblo de Venezuela.

Si los señores diputados, que ejercen indirectamente nuestra soberanía mediante el sufragio, y que en el estricto sentido han decidido no representar nuestros intereses al no actuar en base a lo que suplica el pueblo venezolano, entonces debemos encontrar la manera de expresar directamente nuestra voluntad ante el mundo, como lo establece el artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Más claro, imposible. Como lo dice el artículo 5, ya la forma está prevista en la Constitución.

*Luis Manuel Aguana es analista político e investigador en Derechos Humanos

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