Constituyente en transición

El momento para discutir los necesarios cambios constitucionales en Venezuela es durante la transición.

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Venezuela deberá, de alguna manera, encontrar el camino hacia un cambio constitucional.
(Foto: Flickr)

Por Luis Manuel Aguana*

Cada vez que escucho que “hay que defender la constitución de 1999” se me descompone el cuerpo. Chávez llegó al poder bajo la consigna constituyente, y en lugar de acelerar el trabajo de reforma necesario que se había estado realizando a la Constitución de 1961, y que todos los gobiernos antes de 1999 no tuvieron el coraje político de aplicar, creó un adefesio que le dio más poder del que ya tenían los presidentes pero sin los controles institucionales necesarios para frenarlo. Ahora resulta que nos estamos agarrando de las pocas cosas rescatables del texto constitucional de 1999 para poder salir de este túnel oscuro que lleva ya 20 años.

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Venezuela deberá de alguna manera encontrar el camino hacia un cambio constitucional que enderece el entuerto de la Constitución de 1999. Los ascensos militares a los altos mandos no pueden seguir estando en manos del Presidente; ni tampoco puede seguir inexistente la representación de los estados en el Parlamento, que no es otra cosa que la Cámara del Senado (siendo Venezuela un país federal) y que esta sea la última alcabala para aprobación de las leyes. Tampoco puede seguir siendo el primer mandatario dueño y señor de la Hacienda Pública Nacional, que disponga a su antojo del dinero de los venezolanos. Ese poder en la administración de los dineros públicos debe pasar a ser repartido constitucionalmente a los municipios y los estados conjuntamente con la autonomía política, luego de haber hecho una profunda reforma político-territorial en todo el país, modificando la distribución de los municipios actuales con la creación de nuevos a la luz de la realidad actual.

Eso, aparte de ser lo mínimo que hay que cambiarle a la Constitución antes de siquiera considerar entregarle el poder a cualquier otra persona, debería ser el inicio de una discusión que proyecte la Venezuela post-socialista hacia una nuevo país, basado en el trabajo y en la producción del inmenso potencial que tiene cada región de Venezuela. El momento para comenzar a hacerlo debería ser el segundo después del “cese de la usurpación”. Venezuela ya se encuentra en ruinas y el trabajo de construcción de un nuevo país aún no comienza.

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No encuentro un mejor momento que ahora para comenzar esa discusión, porque el estado de destrucción en el que encontraremos las instituciones luego de salir de esta plaga, impone su redirección hacia formas modernas de administración del Estado. Ese proceso de reformas podría comenzar a plantearse inmediatamente, regresando en algunos casos a las discusiones que existían en la antigua Comisión para la Reforma del Estado con la intención de ajustar un futuro texto constitucional a los nuevos tiempos, en base a una nueva concepción de país. Será de absoluta necesidad hacer esa evolución, comenzando con el sistema electoral de los venezolanos.

No me estoy refiriendo con esto a las discusiones de un programa de gobierno que lleva el nombre de “Plan País”, sino a una verdadera reestructuración y modernización del Estado venezolano. Esas discusiones –si es que han existido- han quedado de lado ante la urgencia de salir de la usurpación de Nicolás Maduro a la brevedad posible y la inminencia posterior de un gobierno de transición que garantice, a través de un proceso electoral limpio, el retorno de la democracia. Sin embargo, en la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), no hemos olvidado la necesidad de un proceso Constituyente, aunque nuestra prioridad sea en este momento el “cese de la usurpación”, suerte de mantra que mantiene entrampada a la oposición venezolana.

De allí que nuestra propuesta para coadyuvar y acelerar el “cese de la usurpación” sea una consulta mundial que movilice democráticamente a la población dentro y fuera de Venezuela para exigir el auxilio humanitario de la comunidad internacional custodiado de fuerzas militares extranjeras y ordene el “cese de la usurpación”, ayuda a la que están moral y políticamente obligados los Estados miembros de la ONU, basados en el marco del Principio de la Responsabilidad de Proteger.

El presidente encargado no debería desperdiciar esta oportunidad de acompañar al pueblo para que decida su destino a través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución. De esa manera estaría actuando con un sólido respaldo nacional para tomar decisiones complejas.

De ser exitosa tal consulta y movilización, el Guaidó tendría el piso político suficiente para conducir el proceso de transición y desde allí, decidir lanzar la iniciativa para debatir los cambios constitucionales necesarios en la reinstitucionalización de Venezuela. No tendría sentido todo este esfuerzo si no se le da la oportunidad al país de entrar verdaderamente al siglo XXI de la mano de un nuevo y verdadero pacto social, y no a partir del producto de una Constituyente que no fue la representación cabal de los legítimos intereses de todos los venezolanos en 1999. De allí la necesidad de enmendar ese error.

¿Les parece escandaloso? Pues debemos comenzar a pensar en grande sin perder el tiempo. El “socialismo del Siglo XXI” nos ha hecho retroceder no menos de 100 años en nuestro desarrollo. Y si bien es cierto que la Constitución de 1999 nos debe ayudar a salir del túnel oscuro, no será ella la que nos recupere lo que hemos perdido en términos de instituciones. Esa discusión deberemos iniciarla inmediatamente al salir de la tiranía.

No estoy planteando aquí que se llame a un proceso constituyente al siguiente día del “cese de la usurpación”, pero sí llamarlo durante ese período de la transición después de realizados los cambios necesarios al sistema electoral venezolano, que es el primero que debe ser intervenido. Debe convocarse urgencia un proceso constituyente inclusivo en el que se discuta un nuevo proyecto de país. Tiene que ser discutido allí el nuevo papel de las Fuerzas Armadas luego de este período nefasto de la historia de Venezuela, así como la reconstrucción de nuestra principal industria. También es de vital importancia un debate sobre la descentralización del poder, así como una nueva distribución político-territorial que acerque la solución de los problemas a los ciudadanos.

Habrá muchos y gigantescos enemigos de este planteamiento por un sinfín de razones, la mayoría de ellas asociadas la corrupción que ha imperado en este régimen, asociado con sus pares de la oposición oficial.
Todavía tengo la confianza de que llegaremos a esa transición, pero más aún de que lleguemos a ella con un claro sentido de cambio a futuro, en manos de personas conscientes de que es necesario (pero no suficiente) recuperar la democracia, la libertad y realizar elecciones libres, así como establecer los seguros necesarios para no perderlas de nuevo.

*Luis Manuel Aguana es analista político e investigador en Derechos Humanos.

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