Elecciones fraudulentas o responsabilidad para proteger

No se puede tener un gobierno de transición, y menos aún elecciones libres, sin habernos deshecho primero de los delincuentes que han impulsado una invasión comunista armada dentro de nuestro país.

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Incluir a Maduro en las elecciones «libres» es un despropósito.
(Foto: Flickr)

Por Luis Manuel Aguana*

Lo voy a decir claro y sin tapujos: existe un plan de la oposición oficial de venderle a los venezolanos unas elecciones con la participación de Juan Guaidó como candidato en contra de Nicolás Maduro. Falta solo la aprobación de Leopoldo López. Aparte de la locura de aceptar a Maduro como supuesto candidato (no solo por ser extranjero y convicto por ladrón), y la estupidez de convencer a Venezuela de ir a unas elecciones saliéndose de la ruta establecida que comienza con el “cese de la usurpación”, el planteamiento es retrógrado y pasa por asumir que los que todavía nos quedamos en Venezuela somos un atajo de estúpidos resignados.

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¿Qué habremos hecho los venezolanos para merecer esa oposición? Incluso si Maduro no fuera candidato, plantear la inversión de la ruta (elecciones primero, porque aún no se produce el famoso “quiebre” del régimen) es simplemente suicida. De allí que Stalin González se encuentre trabajando a todo vapor para salir con una propuesta de unos rectores del CNE “equilibrados”, y que como consecuencia de la popularidad de Guaidó a nivel nacional, Maduro o cualquier otro candidato que represente al régimen “perdería” las elecciones. ¡Y listo! Así saldríamos del régimen y todos seríamos felices, en especial la corrupción régimen-oposición. ¡Pareciera que no han vivido en Venezuela en estos últimos 20 años!

En lo particular, espero que Juan Guaidó no se preste a semejante vagabundería corrupta. No obstante, para muchos analistas, esta estrategia es imprescindible para cualquier intento de cohabitación futura, porque es protagonista del acuerdo del G4 para esa solución política ante la dificultad de lograr debilitar completamente al régimen. Prefiero ver más de esta película para llegar a esa conclusión.

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La insistencia de la oposición oficial en la ruta electoral para salir del régimen sin haber desalojado a Nicolás Maduro de Miraflores no es de ninguna manera nueva. Viene desde mucho antes del referendo revocatorio abortado ilegalmente en 2016. Han desconocido la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio (Bogotá) que sentenció, en octubre de 2018, a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión, y ordenó un nuevo sistema electoral con base manual para Venezuela en sentencia del 13 de Junio de 2018.

Ese patético cuadro obliga a que toda solución que se le de a la crisis política venezolana pase por aceptar a los delincuentes que tienen secuestrado el poder en Venezuela, tolerando elecciones amañadas permanentemente con un CNE fraudulento y reafirmadas por un Tribunal Supremo de Justicia a las órdenes de Maduro, y presidido por un exconvicto. Esta postura genera cada vez más rechazo por parte de los venezolanos.

Luego del 23 de enero de 2019, con la irrupción en el escenario político venezolano de una figura fresca que encarna las esperanzas casi perdidas de los venezolanos, y con el establecimiento de una ruta clara que comenzaba con la salida de Nicolás Maduro del poder, se reactiva la protesta en las calles y se le da un nuevo impulso a la oposición de la gente a la tiranía.

El mantra (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) se posicionó de la mente de todos los venezolanos como la manera de resolver la crisis de nuestro país. Nadie cuestionó la lógica de esta sucesión de eventos. Sin embargo, el primer paso tímido en esa dirección (el ingreso, «sí o sí» de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero) falló estrepitosamente. Ese «sí o sí» se contruyó sobre la falsa asunción que las Fuerzas Armadas «cambiarían de bando» ante la orden de obstaculizar el ingreso de alimentos y medicinas que salvarían miles de vidas.
Sería imposible ser más improvisado.

El “quiebre” no se dio y comenzó el calvario. El tiempo pasa y la aceleración de la crisis es brutal. Los apagones, la hiperinflación, la falta de agua, alimentos y medicinas, ha agravado al extremo las condiciones de vida de los venezolanos. Y en el medio del camino, las tendencias medidas del respaldo de Juan Guaidó como presidente de un gobierno de transición pasan del 81,4% el 23 de enero al 63,3% el 14 de marzo. El respaldo popular es crítico para los políticos, y como hay que hacer algo porque el régimen aún no cae, ahora están preparando el brebaje de unas elecciones con Maduro para hacérselo tragar a los venezolanos.

Ese “quiebre”, no obstante, nunca se producirá porque entendieron finalmente la realidad: las Fuerzas Armadas están destruidas y lo que queda de ellas está en poder de una fuerza militar extranjera, todo esto por obra y gracia del régimen castrochavista.

¿Cómo es posible que la solución de Venezuela pase por tolerar, por la vía electoral, la existencia de unas Fuerzas Armadas controladas por un país extranjero? ¿Cómo es posible ni siquiera considerar que se vaya de nuevo a un proceso electoral, demostradamente fraudulento y controlado por el régimen? ¿Cómo es posible que aun la oposición oficial de Venezuela insista a un proceso electoral sin antes haber salido del régimen de Nicolás Maduro, invirtiendo el orden de los factores del mantra que conquistó a los venezolanos? Mi respuesta es que todo eso es posible porque la oposición oficial ya es parte del régimen a través de operadores políticos comprados en la Asamblea Nacional.

Solo así es comprensible que factores del gobierno de Guaidó se opongan y obstaculicen la solución inmediata al problema venezolano (Responsabilidad de Proteger) con la negación de la Asamblea Nacional a la autorización del empleo de misiones militares extranjeras en el país, como lo establece el artículo 187, numeral 11, para el acompañamiento de la ayuda humanitaria.

Hay dos posiciones encontradas para resolver el problema y queda a los venezolanos decidir cuál de las dos debe ser aplicada: o unas elecciones fraudulentas controladas por el régimen, o la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger (R2P) con fines humanitarios que ponga fin a la usurpación para continuar la secuencia planteada el 23 de enero.

La Alianza Nacional Constituyente Originaria ha hecho una propuesta que plantea elevar a la consideración de los venezolanos, en Venezuela y en el exterior, este problema que nos agobia a todos, a través de una consulta popular, preguntando directamente a los venezolanos en los siguientes términos: ¿Autoriza usted, en ejercicio directo de la soberanía popular, a los países que en la comunidad internacional sean aliados de la libertad del pueblo de Venezuela, a que integren una misión militar extranjera de paz con fines humanitarios, para que ingrese en territorio venezolano con el objetivo de proteger, socorrer y liberar al pueblo, realizando las acciones que fueren necesarias para el cese inmediato de la usurpación en que ha incurrido Nicolás Maduro Moros al ejercer, de facto, la Presidencia de la República?

Una consulta popular de esta naturaleza tendría un poder de movilización incomparable y extraordinario en Venezuela. No sería un cabildo, ni una Asamblea de Ciudadanos, ni una marcha: hablamos de una manifestación de voluntad contundente e incontestable dirigida directamente a la Comunidad Internacional. De esa manera, ni la Asamblea Nacional, ni Juan Guaidó (o ninguno de sus representantes en el exterior) podrían hablar más por nosotros, que sufrimos esta tragedia, ya que estaríamos ejerciendo de manera directa nuestra soberanía, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional. Quedaría en manos de la comunidad internacional venir en nuestro auxilio o no. Esta consulta no estaría en contra de los esfuerzos de Juan Guaidó, sino todo lo contrario, sería una manifestación claramente complementaria a la ruta que se nos planteó a los venezolanos, cuyo primer paso es el “cese de la usurpación”.

No se puede, por lo tanto, tener un gobierno de transición y menos aún elecciones libres sin haber salido de estos delincuentes que han impulsado una invasión comunista armada dentro de nuestro país. Eso no se puede hacer sin el uso de una fuerza armada inspirada en principios democráticos. Si esa fuerza ya no existe en nuestro país porque fue extinguida deliberadamente por los invasores, nosotros, los dueños de la soberanía, debemos solicitarla.

*Luis Manuel Aguana es analista político e investigador en Derechos Humanos

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