Por D´ Mar Córdoba Salamanca*
Rechazar las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y quedar bien con las FARC, esa es la gran apuesta que está haciendo la oposición colombiana conformada por grupos políticos de extrema izquierda en su mayoría. Entre los que se oponen están los “Decentes”, Polo Democrático Alternativo, Partido FARC, los Verdes, MAIS, la U, Liberales y Cambio Radical. Los tres últimos están ahora en la “oposición” a conveniencia. Entre todos suman 64 curules en Senado, donde cuando menos 44 votos parlamentarios le dirán NO a las objeciones.
Estas cuentas son las que ponen contra las cuerdas al gobierno del Presidente Iván Duque que no goza de mayorías para hacer aprobar las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria para la JEP.
Sin duda el primer gran golpe lo recibió el ejecutivo el pasado 8 de abril, cuando en Cámara con 110 votos contra solo 44, negaron las seis objeciones a la Estatutaria, que en alguna medida daría garantías a las víctimas de las FARC y endurecerían el procedimiento para que los narcoterroristas sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pensar en que la JEP será un verdadero tribunal, con respeto en el debido proceso, respeto por las víctimas y aplicación de justicia seria con garantías de verdad, reparación y no repetición es una utopía.
Desde su formación las mismas FARC ayudaron a diseñar su juez natural en la Habana, contando con la ayuda de juristas de extrema izquierda como Diego García Zayán del Perú, Álvaro Gil Robles de España y Juan Méndez de Argentina, que le dieron vida a la JEP, hoy foco de críticas y escándalos de corrupción.
Las cosas no están fáciles. Primero, el Presidente del Congreso, Ernesto Macías, se inventa una acción de tutela en contra de la Cámara de Representantes por haber votado primero las objeciones. Segundo y para desgracia de las víctimas, ya hay voces que hablan de un consenso entre los partidos para aprobar solo dos de las seis objeciones presentadas inicialmente por el presidente Iván Duque.
Las objeciones que se proponen sacar del paquete, “haciendo del ahogado el sombrero“, serían que la JEP no pueda interferir en los procesos de extradición de criminales solicitados por otro país, y blindar a los no combatientes de terminar en procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, las dos muy importantes, pero no más que las otras cuatro objeciones que definen temas de competencia, conexidad del narcotráfico con la política, entre otros.
Por ahora está claro que el gobierno cuenta con una oposición de por lo menos 44 senadores que le dirán no a las objeciones contra el proyecto de Ley Estatutaria para la JEP, lo que hace prever que en el segundo y definitivo round el gobierno del Presidente Iván Duque recibiría otra derrota. Perder esta lucha significaría la gran victoria de los narcoguerrilleros de las FARC, que una vez más logran cambiar el ordenamiento jurídico a su beneficio.
Recordemos que para el proceso Constituyente de 1991, los carteles de la droga bajo el mando de Pablo Escobar, lograron introducir el artículo 35 en la Constitución para prohibir la extradición; esa figura por la que decían los mafiosos “prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos.
Así, tal cual, nos está pasando hoy. La mafia, el terrorismo, está por lograr la impunidad que la JEP les ofrecerá con esa Ley Estatutaria, que ni siquiera debería ser objeto de discusión sino de derogatoria para darle paso a una verdadera justicia que condene y haga pagar a los asesinos de las FARC por sus múltiples delitos.
Y como dato para los temerarios del mundo jurídico: no es cierto que si se aprueban las objeciones en Senado y se niegan en Cámara (como ocurrió) se archive todo el proyecto de Ley Estatutaria para la JEP, pues no se puede hacer interpretación equívoca del artículo 200 de la ley 5ta del 92, las sentencias C- 036 de 1998 y C-064 de 2002 de la Corte Constitucional son claras en que se archivará solamente el articulado objetado y sobre el cual no hubo acuerdo en una y otra Cámara.
No será posible para los colombianos entender en el transcurrir de la historia, que hubo un Congreso que les brindó garantías a los terroristas de las FARC y desconoció la sed de justicia de las víctimas de ese grupo narcoguerrillero.
Entre tanto, la JEP sigue su camino, rogando día a día para que alias El Paisa, Iván Márquez, Romaña y otros bandidos de las FARC comparezcan ante sus oficinas para “aportar verdad”, un imposible en los términos, pues de un criminal no se puede esperar verdad sino trampa en el sentido estricto de la palabra.
Esta lucha se zanjará sin honor y menos con la gloria en el parlamento colombiano el día lunes 29 de abril, pues la oposición, que atiende más a criterios de impunidad que de justicia, exigió que ese fuera el día, amparada en el “Estatuto de Oposición” que nació gracias al acuerdo con las FARC en la Habana.
Lo único cierto es que algunos miembros del Congreso de la República que apoyan la JEP y a las FARC, le dan la espalda a las víctimas y legitiman una Ley Estatutaria que es un adefesio para otro adefesio como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz, que lejos de aplicar justicia, está otorgando impunidad.
* Abogado. Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo