Por D´mar Córdoba Salamanca
Luego de pasar cinco debates en el Congreso colombiano, el acto legislativo que introducía la más necesaria reforma política para la democracia -asunto que lideró el gobierno del Presidente Iván Duque como parte de los compromisos de lucha contra la corrupción-, terminó sin apoyo del Gobierno y claramente sin senadores que lo impulsaran.
Y es que lo que empieza mal puede terminar peor. La reforma había perdido su esencia en sus primeros cuatro debates, pues las mayorías no aceptarían que se acabara con las listas abiertas para pasar a las listas cerradas, que son la cura contra el caudillismo, la politiquería y todas las malas prácticas de unos partidos políticos que se interesan por el bienestar de sus representantes y no de los ciudadanos.
Sin duda estamos asistiendo a la ruina de la democracia. Los corruptos que se resisten a dejar las malas prácticas, convierten a los movimientos y partidos políticos en empresas electorales por donde corren los ríos de plata a cambio de votos.
La reforma política que en la práctica se hundió, también proponía un mayor control en el gasto de dinero en las campañas, un asunto que es de absoluta gravedad, pues hoy muchos llegan a ocupar una curul, no por sus virtudes de político o sus virtudes de orador sino por la plata que le invierten al asunto. Para referencia de casos vergonzosos, basta mirar lo que pasó con la señora Aída Merlano.
“El Gobierno no insiste en la reforma porque el tema central son las listas cerradas, que son la manera de acabar con tanto vicio y con la violación de los topes electorales”, afirmó la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez
La ministra del Interior, quien no las tiene todas consigo, expresó que se presentará la iniciativa en la próxima legislatura y que espera “que haya, de verdad, un acuerdo con los partidos políticos, porque hay que cambiar las costumbres políticas en Colombia“.
Lo que ocurrió en el Congreso de la República con esta iniciativa es más de lo mismo. Al final del gobierno Santos, el ministro Guillermo Rivera solicitó a los congresistas que le permitieran retirar el proyecto de acto legislativo de reforma política que proponían desde el Ejecutivo, porque al igual que ahora el fondo de la reforma desaparecía por las ambiciones de algunos senadores y representantes que se niegan a cambiar las prácticas politiqueras.
Los partidos en Colombia que alguna vez fueron la base del pensamiento de los liberales y conservadores, pasaron a ser unos movimientos politiqueros, que no políticos, donde sus integrantes son jefes de debate de sus propios intereses y no de sus electores.
La reforma política a la que le dieron cristiana sepultura habría cambiado el modelo del Consejo Nacional Electoral que tiene hoy diez miembros, incluyendo a uno de las FARC, este último sin derecho al voto pero con voz.
Estos señores que tienen el título y sueldo de magistrados, y que son elegidos por el Congreso de la República para que vigilen y controlen la actividad electoral y de los partidos -partidos que los postulan y eligen cada cuatro años-, hacen parte de una organización que opera en el marco del artículo 265 de la Constitución política, pero que poco o nada aporta a un sistema político carcomido por la corrupción.
Esta reforma que se perfilaba como una más de las que se han presentado habría cambiado la historia de la democracia en Colombia, pues terminaba con la empresa electoral de compraventa de votos.
El proyecto de acto legislativo proponía cambiar la composición del Senado, otra razón para que naufragara, porque bajaba el número de senadores de 108 a 104, 72 por circunscripción nacional y 32 por circunscripción departamental, situación que dejaba por fuera a los guerrilleros de las FARC que se quedarían sin sus 5 curules en la Cámara Alta.
Lamentable que, una vez más, algunos congresistas que hoy son mayoría protegieran la corrupción política y no hayan ayudado con una de las reformas constitucionales más urgentes e importantes para la salud de una democracia que agoniza en la danza de los votos, el tamal, el ladrillo, el viaje de arena y el billete de “cincuenta”.
Abogado. Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo