Colombia reclama con urgencia reformar la Justica

La rama judicial en Colombia está infestada y requiere cirugía de precisión. El presidente Duque debe tomar cartas en el asunto

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La JEP negaba la extradición de Santrich el pasado 15 de mayo. (Foto: EFE)

Por Bernardo Henao Jaramillo

Solo saber de la existencia del denominado «cartel de la toga» genera pánico y sería suficiente razón para entender que hay que reformar la Justicia en Colombia. Ningún país libre, en los anales de la historia, ha llegado a tener semejante operación criminal.

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En materia penal, el antecedente de lo que es un cartel criminal tiene su origen en conductas de empresarios reprochables que propiciaron prácticas anticompetitivas para sacar del mercado la competencia mediante acuerdos amañados de precios, arreglo de licitaciones, división o reparto de mercados. En fin, conductas que hicieron necesario tipificar y judicializar cuando ocurriesen.

Pero la expresión que más comprende el común de las personas para referirse a un «cartel» es que se trata de un «concierto para delinquir». La mayor alarma se presenta, sin embargo, cuando se etiqueta «el de la toga», enquistado en las más altas cortes colombianas.

Tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (dos de ellos encarcelados, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández; otro, al parecer, fugado, José Leonidas Bustos Martínez) son sin duda los artífices de tremendo plan criminal que se descubrió gracias a la confesión de uno de sus cómplices, el otrora zar de anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, quien se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos y recientemente señaló que el exfiscal y ex vicefiscal Eduardo Montealegre Lynett y Jorge Perdomo son parte de ese entramada delincuencial.

¡Cuánto daño la han hecho al país instrumentando mecanismos para enriquecerse indebidamente! Se han aprovechado de información privilegiada (usada como máquina de extorsionar a delincuentes políticos y de cuello blanco y enlodar testigos que gozaban de credibilidad)  para manejar a su antojo la Justicia que les confiaron pero a la que fallaron en honorabilidad y dignidad que impone administrarla.

No es de recibo que la Corte Suprema de Justicia separara recientemente del conocimiento a la magistrada Cristina Lombana, recusada por el senador Iván Cepeda, porque ya hace más de 20 años cumpliera un trabajo de abogada en la oficina del defensor Jaime Granados. Ese impedimento no existe, pero sí es claro que desde la época reprochable de Leonidas Bustos y otros exmagistrados, se tiene en la mira judicializar al expresidente Alvaro Uribe, que creyó y denunció ante la Justicia el comportamiento del senador Cepeda de visitar las cárceles buscando posibles testigos que, en giro poco imprevisible, hizo que de denunciante pasara a denunciado.

Pero no solo la Corte Suprema es cuestionada. Las quejas caen por doquier en la Corte Constitucional que, en fallos discutibles y reforzados, desconoció olímpicamente la decisión de un pueblo soberano de no aprobar «la paz». Además de ese fallo, está aquel de no mantener un régimen para los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), similar al de todos los jueces (que de haber tenido éxito, un mínimo de 30 % de los magistrados designados en la Jurisdicción Especial para la Paz estarían inhabilitados). No obstante, peor ha sido mantener el narcotráfico como delito conexo al delito político o reiterar que el conocimiento del reclutamiento y violación de menores no era del resorte de la Justicia ordinaria sino de esa jurisdicción. De todas formas, la intromisión de esta Corte Constitucional en la rama legislativa (vía fallos judiciales y sin respetar la división de poderes) es incluso más cuestionable.

El Consejo de Estado no se queda atrás. Las condenas a la nación por la Masacre de Bojayá o la condena al estado por el atentado con bomba al Club el Nogal aún generan asombro.

El propio Timochenko confesó que la JEP fue hecha a su medida. Es un tribunal que, en el tiempo de operación que lleva, injustificadamente alargó su período, dado que tal era la necesidad de las otrora FARC. En este sentido, para los militares y agentes del Estado,  la mencionada entidad es hoy calificada como un tribunal de la infamia.

Dedicar más de un año al caso Jesús Santrich para confirmar si un delito se cometió en determinada fecha es francamente risible y preocupante. Su fallo (que poco lo es) desconoce claros tratados internacionales. Cuando tenían la posibilidad de demostrar imparcialidad, confiesan en cuestionado comunicado que son un tribunal político, garante de la paz y que, como tal, se opone a la extradición. Son rescatables los dos excelentes salvamentos de voto de las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, pero la decisión de los tres magistrados de la sala de revisión (Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Caterina Heych Puyana y Adolfo Murillo Granados) resulta presuntamente prevaricadora.

Todo esto es tan triste como real. La rama judicial está infestada y requiere cirugía de precisión. No puede ser su solución un engorroso trámite de un referendo: la enfermedad ya hizo metástasis y reclama inmediata actuación con una reforma integral a la Justicia que solo se consigue si el Gobierno del Presidente Iván Duque reconsidera su decisión y convoca de inmediato la Constituyente.

 

 

 

Bernardo Henao Jaramillo es abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.

 

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