Por D´mar Córdoba Salamanca
En Colombia los procesos que han llamado “de paz” han servido como tregua de la acción de las Fuerzas Armadas del Estado en favor del narcoterrorismo, que toma aire y se reinventa para regresar con más fuerza a sus actividades delincuenciales.
En momentos en los que se habla de posconflicto (que yo llamaría “posacuerdo”), hay que hacer un balance del desastre ambiental más grande que haya tenido lugar en la historia de los “conflictos armados”.
Desde siempre, el ELN ha sido el grupo terrorista que más ataques ha lanzado contra la infraestructura petrolera en Colombia. Según cuentas oficiales, desde 1986 al 2018, han dinamitado en más de 1929 ocasiones los oleoductos Caño Limón Coveñas y Transandino, causando una gran tragedia ambiental que los “partidos verdes” desconocen y que los terroristas se enorgullecen de reivindicar.
Cada vez que llevan a cabo una voladura, contaminan ríos y cuerpos de agua que tardarán al menos 20 años en recuperarse. Los ataques a los oleoductos en Norte de Santander han afectado seriamente los ríos Tibucito y Tibú, así como Caño Cinco y Samanes, de donde se abastasen del preciado líquido 36 000 habitantes que pasan necesidades a causa de la carencia de agua potable.
A esos miserables del ELN poco les importa el pueblo, pues su mayor aspiración es afectar la conducción de petróleo para causar terror y destruir la fauna y flora que paga las consecuencias de unos dementes.
En 32 años de ataques a la infraestructura petrolera, el oleoducto más afectado ha sido el Caño Limón Coveñas con 1504 ataques, lo que ha significado el derramamiento de 3 702 663 barriles de petróleo.
Le siguen los ataques contra el oleoducto Transandino con 485 afectaciones por atentados que representaron el derrame de 740 145 barriles que derivaron en incendios y destrucción de la naturaleza.
El terrorismo del ELN y las FARC se ha ensañado con los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo (los que registran daños más graves al ecosistema natural), tema que debiera ser prioritario para el Estado que, a su vez, en muchas ocasiones tiene dificultades para atender emergencias, ya que luego de una voladura, quedan zonas con minas antipersona que pueden amenazar la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública que acompañan las labores de reparación.
De acuerdo con entidades como la Asociación Colombiana de Petróleo, entre los años 2002 y 2015 los terroristas robaron 9 300 000 barriles de crudo de los oleoductos a efectos de que sea tratado clandestinamente para convertirlo en gasolina usada en los laboratorios productores de cocaína.
Hay que recordar que en la producción de la coca, la gasolina es un insumo fundamental, pues para producir un kilo de cocaína se necesitan, entre otras cosas, 10 galones de gasolina.
No resulta menos cierto que el ELN ha envenenado los ríos del país con la voladura de los oleoductos y con los precursores químicos de la coca que caen sobre los cuerpos de agua, cobrando así la vida de cientos de miles de especies animales.
La tragedia más grande contra el medio ambiente por derramamiento de crudo que ha trascendido en la historia es la del Exxon Valdez que, tras encallar el 24 de marzo de 1989 en Alaska, vertió 41000000 de litros de petróleo, unos 976 190 barriles de combustible. No obstante, en Colombia la guerrilla ha provocado el derramamiento de 4 442 808 barriles de crudo, equivalente a cuatro veces y media de lo que derramó el Exxon.
Hay que subrayar que las voladuras a los oleoductos representan millonarias pérdidas económicas para el país. Solamente desde 2009 hasta 2017, Ecopetrol destinó poco más de 251 000 000 de pesos para reparar los daños causados por el terrorismo del ELN. En lo que va del 2019, se ha debido gastar más de 25 000 000 por cuenta de los ataques a los oleoductos.
Aunque se habló de paz entre el 2010 y 2018, período en el que Colombia padeció la presidencia de Juan Manuel Santos, solo en 2011 hubo 83 atentados, en 2012 hubo 154, en 2013 se contaron 227, y se registraron 107 en 2018, con costos de reparación cercanos a los 57 000 000 de pesos durante ese año.
Como quiera que sea, con esos criminales, los del ELN, se pretendió hacer un acuerdo lleno de impunidad y más garantías que el que se firmó con las FARC. En buena hora el gobierno del Presidente Iván Duque le dijo “no” al Comando Central de esa guerrilla que sigue viviendo en Cuba con las garantías que les ofrece la dictadura de los Castro.
D´ Mar Córdoba Salamanca especialista en derecho constitucional y administrativo.