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Por Camilo Bello
Los embajadores de la ONU de 37 países publicaron el viernes una carta en la que defendían el trato de China a minorías en la región de Xinjiang, donde el gigante asiático tiene un campo de concentración donde se han presentado diversas violaciones a derechos humanos. Dicha carta surge como respuesta directa a las críticas de organizaciones y gobiernos a principios de esta semana.
La UE, junto con Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, había firmado previamente un texto que denunciaba la conducta de China en Xinjiang, donde, según sus informes, un millón de personas se encuentran recluidos en campos de internamiento.
Cuba y Venezuela hicieron parte de los países que elogiaron las acciones del gobierno chino que desde la llegada de Xi Jinping ha fortalecido sus acciones en la búsqueda de una sola China, enfocando sus esfuerzos en eliminar cualquier atisbo de libertad, de autodeterminación o de expresión cultural contraria a los valores del partido comunista. Entre las estrategias, se encuentra la fuerte presión política y económica que se ha venido dando sobre quienes comercian o se relacionan con Taiwán, modificaciones en la estructura académica de Hong Kong, aunque sin éxito, y una persecución continua a quienes promuevan la independencia de cualquier region en el gigante asiático, como es el caso de los uigures, la minoría étnica más afectada con estos campos de concentración en Xinjiang.
Los uigures son una minoría musulmana que habita la región de Sinkiang, que oficialmente se denomina región autónoma Uigur de Sinkinag, en China, y en algunas partes de Kazajistán y Kirguizistán. Esta minoría étnica, al igual que el Tíbet, ha querido declarar su independencia en múltiples ocasiones, incluso desde antes de la llegada del partido comunista en 1949. Sin embargo, el gobierno de Beijing ha perseguido y encarcelado a los líderes más activos de esta comunidad, llegando a reducir sus actividades comerciales, religiosas y culturales, según investigaciones de la BBC. Pekín, por su parte, ha intentado relacionar a integrantes de esta comunidad con miembros de al-Qaeda, sin embargo, investigaciones de Naciones Unidas no lograron probar tal situación. Los campos de concentración tampoco parecen ir encaminados a ser una medida antiterrorista, ya que son campos destinados, según Beijing, a la formación profesional, y añaden que lo que buscan es una transformación del pensamiento de los reclusos.
Las actividades en la región son fuertemente vigiladas por el gobierno. La prensa y los turistas tienen prohibido el acceso a determinadas zonas y la información es controlada. Adicionalmente, el medio británico BBC ha comunicado que el diario estadounidense The New York Times, el portal especializado Motherboard, de Vice Media; el periódico SZ y el canal de ese mismo país NDR, así como el británico The Guardian, sumaron esfuerzos y analizaron una controvertida aplicación, denominada BXAQ o Fengcai, un nombre que evoca en chino a «abejas recolectando polen». Se trata de una aplicación que descarga todos los archivos privados de turistas y visitantes en el área de Xinjiang. La aplicación es instalada, según el diario británico, sin que los propietarios de teléfonos Android se den cuenta, mientras que con los propietarios de celulares con sistema IOS, la operación se realiza manualmente.
Según detalla a BBC Mundo Nicolas Richter, del equipo investigador del SZ, el programa que instalan en las zonas fronterizas busca en el teléfono cosas en concreto, como contenido extremista islámico, libros académicos sobre el Islam, información relacionada con el Tíbet o Taiwán e incluso canciones de un grupo de música metal de Japón (que cuenta con una canción sobre Taiwán).
«La app contiene una base de datos conformada por 73 000 documentos que el gobierno chino considera ‘sospechosos’. Si tienes alguno de ellos en el teléfono, o has accedido a estos, la app lo encontrará y notificará a los agentes», detalla Richter.
En respuesta, un grupo de países, entre ellos Cuba, Venezuela, Rusia, Arabia Saudita, Nigeria, Argelia y Corea del Norte, dieron su apoyo a Beijing. «Elogiamos los notables logros de China en el campo de los derechos humanos. Tomamos nota de que el terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso han causado enormes daños a las personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang», mencionaba la carta firmada por más de 33 naciones, que además resalta los supuestos esfuerzos hechos por China en pro de los derechos humanos. Previamente, el gobierno de Beijing desestimó las pruebas y cartas que denunciaban los campos de concentración y las trató de calumnias . Después de negar inicialmente su existencia, Beijing se lanzó a una campaña de relaciones públicas en un intento por contrarrestar la protesta mundial contra lo que llama «centros de educación vocacional» en Xinjiang.
Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, solicitó una misión de investigación a Xinjiang, a la cual el gobierno chino ha respondido positivamente. Sin embargo, para organizaciones que han denunciado los hechos, la misión de observación pareciera no ser suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el descontento frente a Bachelet a causa de su actitud pasiva frente a los vejámenes causados por la dictadura venezolana, país que apoya dichos campos de concentración.
El gobierno de Pekín, ha comenzado una campaña para que diplomáticos y medios de comunicación visiten algunas de las áreas donde, incluso, se han separado menores de sus familias pertenecientes a la comunidad Uighures, la minoría musulmana que se ha visto más afectada. Con esta campaña, China busca mostrar que se trata de un ejercicio donde el Estado vela por la seguridad de los ciudadanos y es capaz de controlar a quienes por sus creencias o su moral, atentarían contra el gigante asiático. Una circunstancia similar a la que se ha vivido en Venezuela, donde miembros de la comunidad internacional terminan elogiando o restando importancia a las acciones de Maduro.
La actuales manifestaciones de Hong Kong, a las cuales se han sumado ciudadanos en Reino Unido, Taiwán, Australia, Japón y Estados Unidos, han evidenciado que las acciones y la creciente injerencia de Beijing y de sus aliados son cada vez más contundentes en contra de la libertad al rededor del mundo. Latinoamérica no es ajeno a esta situación: la dictadura en Venezuela ha recibido un fuerte respaldo militar, político y económico de China. Además, el intervencionismo estatal propio de los gobiernos latinoamericanos que pretenden hacer todo tipo de políticas para dirigir y planear la economía, y el desarrollo de las regiones, han beneficiado con su silencio al gobierno de Beijing, que ha puesto en marcha un gran numero de planes de financiamiento y cooperación en la construcción de estructuras urbanas y tecnológicas, restándole importancia a las acciones que el poderoso asiático haga en contra de la libertad.
Camilo Bello, consultor con estudios en Derecho enfocado en la pequeña empresa, con experiencia en gestión estratégica. Coordinador de Estudiantes por la Libertad para Hong Kong y Taiwán @camilobellom
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