Colombia: otro proceso de Kafka

El proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe presenta elementos propios de una ficción kafkiana

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Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. (Foto: Flickr)

Por D’Mar Córdoba

El proceso en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe es otro digno de una novela de Kafka, el presidente Uribe quien denunció que ciertos sectores de la extrema izquierda estaban presionando a exparamilitares para dar testimonio en su contra, terminó como único investigado. Sencillamente pasó de víctima a victimario por cuenta y gracia de una Corte que deja mucho que pensar en su actuación en contra del exmandatario.

Debemos recordar que en ese proceso absurdo por parte de la Corte, en el que estuvo el magistrado José Luis Barceló a fines de 2018, aceptaron que se había interceptado, según los magistrados, sin «querer», la línea celular del senador Uribe en el marco de una investigación en contra del congresista Nilton Córdoba, investigado este último por el cartel de la toga. Sin embargo, los magistrados aseguraron que dichas pruebas podían ser usadas en el caso del expresidente Uribe, lo que me parece un absurdo a la luz del derecho del proceso y una violación a la intimidad del exmandatario, que está amparada para todos los ciudadanos colombianos en el artículo 15 de la Constitución Política.

En su momento y en una actitud que resulta bastante exótica, el exmagistrado Barceló aceptó que la interceptación en contra del expresidente Uribe se hizo por error, pero se reafirmó en que fue legal porque se produjo el hecho en medio de la investigación en contra de Nilton Córdoba. Esta parte es la más kafkiana del caso.

«Que no haya resultado el teléfono que nos ocupa, el del representante Nilton, sino del senador Uribe, es un asunto imprevisto», dijo el Magistrado Barceló sobre por qué la Corte terminó interceptando el teléfono celular del expresidente Uribe.

La Corte en un comunicado aceptó el error de la interceptación a la línea de Uribe en los siguientes términos: «de esta manera, la interceptación del abonado celular ‘31750…’ obedeció a un hallazgo imprevisto e inevitable en la única instancia 51699».

La noticia que he dicho es digna de Kafka, es que la Corte Suprema negó las peticiones de nulidad hechas por la defensa del expresidente, fundamentados sobre todo en la ilegalidad de unas interceptaciones que nadie ordenó pero que sí se hicieron para sumarlas al expediente del hoy senador del Centro Democrático.

La Corte Suprema de Justicia en la que nació el escándalo más grande de la justicia, conocido como el cartel de la toga, donde algunos de sus magistrados exigían enormes sumas de dinero a aforados a cambio de sentencias favorables, no solamente desestimó la acción de nulidad presentada por la defensa, sino que rechazó la solicitud de excluir varias pruebas del proceso del congresista Álvaro Prada, también vinculado al caso.

Con esta decisión de la Corte, queda en firme el proceso en contra de Álvaro Uribe y ratifica su llamado a indagatoria, diligencia que se supone desde hace un año está en el orden del día, pero que no adelantan para ejecutar una especie de tortura en contra del exmandantario, quien ha pedido ser escuchado ante la Corte, sin que esta le conceda ese derecho de contradicción.

Ahora la Corte tendrá que definir la fecha en que el expresidente tendrá que comparecer ante los magistrados; ya ha pasado poco más de un año desde que la Corte Suprema anunció que lo llamaría a indagatoria pero, desde entonces, no se ha fijado el día ni la hora de la diligencia.

Es sencillamente aterrador ver como en vísperas de elecciones, se revive el caso, donde ha circulado el cuento de que incluso lo pudieran capturar en medio del proceso kafkiano.

No debería una alta Corte insistir en una investigación en contra del expresidente Uribe, con pruebas que son discutibles desde su legalidad, mientras sectores de la extrema izquierda como asistiendo al circo romano, esperan la cabeza del líder más importante de Colombia en muchos años.


D’mar Córdoba Salamanca es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo.

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