Por María Teresa Burquez
Si bien es cierto que no es la primera vez que la humanidad enfrenta una crisis sanitaria, el mundo globalizado en el que vivimos ha expandido el alcance de la actual, trayendo consigo consecuencias que hace unos meses no hubiéramos anticipado. Lo que no hemos visto es la gran amenaza que crece silenciosamente a la par de esta tragedia mundial: la consolidación de una agenda política decidida a destruir la libertad. Es ahí donde todos debemos de poner especial atención.
No es casualidad que el presidente López Obrador afirme que la crisis le viene “como anillo al dedo”. Los eventos de las últimas semanas han abierto el camino al gobierno mexicano para atreverse, con el pretexto de cuidar a la ciudadanía, a poner en jaque la libertad individual. Tenemos, por ejemplo, la campaña de control de precios de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), la cual inició procesos administrativos contra diferentes establecimientos por tener precios “injustificadamente altos” en varios productos. Se publicó como un logro la clausura de tortillerías que no respetaban el precio promedio del kilogramo en el país, disminuyendo el abasto, ignorando los principios básicos de oferta y demanda, los gastos de cada establecimiento y las distintas realidades económicas de diferentes zonas del país. Es lamentable que en plena emergencia sanitaria se clausuren pequeños negocios creados con considerable esfuerzo y sacrificio personal. Todo esto sustentado por la falsa premisa de que los consumidores no tienen la capacidad para decidir por sí mismos el precio que están dispuestos a pagar y necesitan protección.
Las empresas de todos tamaños se han visto especialmente afectadas en el ejercicio de sus libertades. Es importante resaltar la actitud de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien abiertamente amenazó con investigar a empresas que despidan trabajadores o no paguen salarios completos, a pesar de que está previsto en la Ley Federal del Trabajo en caso de contingencia sanitaria. Además, la titular de la Secretaría del Trabajo, equivocadamente declaró que no existe fundamento legal para despedir trabajadores durante la crisis sanitaria. Ninguna de las dos pareciera estar al tanto de la realidad económica y de la gran cantidad de empresas sin ingresos debido a la crisis, por lo cual es extremadamente difícil pagar salarios. Es una incongruencia que su manera de prevenir el desempleo sea ir en contra de las fuentes de trabajo. Es de esperarse, a raíz de estas imposiciones legalmente dudosas, que las empresas cierren a un ritmo más acelerado, destruyendo empleos permanentemente.
Más preocupante aún es la represión de la libertad de expresión con el pretexto de proteger a los ciudadanos de la desinformación. Hace unos días la Secretaría de Gobernación dio a conocer mediante un comunicado el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio contra dos medios de comunicación por la difusión de información falsa. Mas adelante, comunicaron “en atención a las instrucciones del presidente” que no se iba a proceder. Sin embargo, esto nos deja con dos preocupaciones. Una, es que el gobierno amenace a un medio de comunicación por estar en desacuerdo con su contenido. Y la otra, igual de preocupante, es que un presidente tenga el poder para señalar quién será investigado.
Durante la crisis, el gobierno también ha decidido discrecionalmente los productos clasificados como “esenciales” para la población y limita la capacidad de los individuos para libremente vender o adquirir lo que necesitan. ¿Bajo qué criterios deciden que es esencial y para quién? Solo se les permite trabajar a los trabajadores esenciales, pero ¿quienes son los esenciales? y ¿por qué? Esta práctica incluso se presta para favorecer grupos cercanos al gobierno. Cabe mencionar también la extracción de los fondos de los fideicomisos públicos mediante un cuestionado decreto presidencial y las restricciones civiles a la movilidad. Esta última se agrava aún más en un país con gran parte de la población viviendo al día y sin la posibilidad de salir a trabajar para cubrir sus necesidades básicas o mantener a sus familias.
Hace unos días, mientras observábamos al presidente dar su informe y presentar un supuesto plan para afrontar la inaplazable crisis económica, no fue sorpresa para muchos comprender que solo podíamos esperar un aumento en sus programas clientelares. Ni los créditos anunciados o la irreal promesa de crear dos millones de nuevos empleos en 9 meses logran transmitir la más mínima certidumbre. El hecho se vuelve más absurdo teniendo en cuenta la pérdida anunciada por la STPS (Secretaria del Trabajo y Previsión Social) de 346 878 empleos formales en el periodo del 13 de marzo al 6 de abril. Para poner en perspectiva la falsedad de las declaraciones del presidente es necesario resaltar que en todo el año 2019 y sin crisis económica se crearon 342 077 empleos.
Incluso en ese mismo informe, haciendo alusión al Presidente Roosevelt, AMLO cita que “el interés propio, egoísta suponía una mala moral, ahora sabemos también, era una mala economía.” Pareciera que el presidente se niega a reconocer una verdad fundamental: el interés propio y el bienestar de nuestras familias es el factor desencadenante del progreso de una sociedad. El presidente impone su agenda autoritaria y populista en esta clara condena a la libertad de cada individuo de ver por sí mismo y llamando egoísmo a la motivación personal. Un presidente condenando que no renuncies a tus necesidades personales, tus motivaciones y tus sueños para someterte a su agenda colectiva; eso sí es egoísta.
Conforme pasan los días y sumado a cada acción del gobierno, las organizaciones internacionales recortan aún más la expectativa de crecimiento para México. Y es que el presidente ha demostrado ser muy bueno para redistribuir la riqueza con su política social, pero parece no entender que la riqueza primero se debe crear. Lo más peligroso es que siguiendo este mismo camino muy pronto ni siquiera habrá riqueza para redistribuir.
Estos ataques directos contra la prensa, la iniciativa privada y la sociedad civil nos indican que especialmente ahora es momento de asumir nuestra responsabilidad individual y resistir la tentación de cederla al gobierno a cambio de una protección falsa. Es esencial que como mexicanos reconozcamos los avances que hemos tenido en las últimas décadas como el fortalecimiento de instituciones autónomas, por ejemplo, el Banco de México, el INE (Instituto Nacional Electoral) y el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Y Geografía). También es muy importante reconocer la diversificación económica que hemos logrado y la habilidad que hemos desarrollado para competir en el mercado global. No es momento de tener miedo, si no de fortalecernos al entender de dónde venimos y hasta donde hemos llegado como mexicanos y defender hoy más que nunca nuestra libertad y la posibilidad de salir adelante por nuestro propio mérito, ingenio y esfuerzo, como siempre ha sido, sin que ningún gobierno pretenda cuidarnos.
María Teresa Búrquez es financiera mexicana con interés en política, economía y educación.