Por José Basagoiti
La crisis del coronavirus está azotando a España de manera especialmente cruel con una caída de la actividad productiva solo superada por Turquía. Se estima que el PIB anual puede hundirse entre un 15 y 20 %, desembocando en un paro que puede sobrepasar el 16 % de la población activa. Con estas cifras, la economía tiende al abismo y, por tanto, al rescate financiero por parte de la Unión Europea.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha cifrado incluso en más de 50 000 las empresas que ya están abocadas a concurso de los más de 500 000 ERTE que ya se han presentado, cuando en 2019 las quiebras “solamente” rondaron las 4000. Como ven, las comparaciones son terroríficas y avisan de lo que puede venir por delante.
Pero, ¿por qué España? ¿Por qué nuestro país siempre está en el ojo del huracán de las crisis?
Es evidente, que, por la raíz de esta crisis, que afecta directamente al sector turístico, España se vea más afectada que otros países, países que no tienen tanto peso del sector en sus índices de crecimiento. Sin embargo, a pesar de esta obviedad, vemos como España sigue mostrando demasiada fragilidad en los ciclos de depresión, se vio en la crisis de 1987 y 2008.
De esta manera, debe ser un ejercicio de responsabilidad estudiar los defectos de nuestra economía y mercado laboral, porque es evidente que algo falla cuando siempre eres uno de los países más castigados.
Empezaremos por la economía, donde, de momento, todas las medidas propuestas por el gobierno parecen ir dirigidas a una mayor intervención y control, es decir, más de lo mismo que se venía haciendo hasta ahora. Para equilibrar el balance gastos-ingresos, existen, básicamente, tres vías o caminos: austeridad (recortes de gasto público), reformas estructurales (para impulsar el crecimiento) o subidas de impuestos.
Hasta el momento, todos los gobiernos, salvo cuando el país estuvo directamente controlado por la Troika, siempre se ha ponderado la última opción. Tanto impuestos directos como indirectos no han hecho más que subir desde la transición a la democracia, no hay más que ver la evolución del IRPF desde 1978 (año de su aprobación).
Y parece que las cosas no van a cambiar por el momento. El gobierno socialista, compuesto por el PSOE y Podemos ya ha ejecutado significativas subidas impositivas en las siguientes partidas: Impuesto de sociedades, Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Tasa Tobin y Tasa Google, impuesto verdes e IVA (a productos como las apuestas o el tabaco).
Pero esto fue antes de la crisis, ahora ya se está estudiando agravar todavía más esas partidas e incluso imponer una “tasa covid”, o lo que es lo mismo, un nuevo impuesto para los ricos.
Seguimos sin ver ninguna medida destinada a liberalizar y flexibilizar la economía.
De esta forma, España continúa por la misma senda que le ha llevado a forjar una tremenda fragilidad estructural en su tejido productivo, con un sector privado cada vez más ahogado y una economía más dependiente de las ineficiencias del Estado.
La legislación laboral, por desgracia, también va por la misma dinámica; rigidez y mayor intervención. Tanto es así, que se está estudiando hasta la posibilidad prohibir despidos a todas aquellas empresas que hayan ejecutado ERTEs. Para que entendamos el surrealismo, prohibir despidos es como prohibir que llueva, son variables que una empresa no puede controlar (sin quebrar). La tendencia, por tanto, va a un mayor desincentivo para contratar.
Y si a la dificultad de contratación le añades fuertes desincentivos para trabajar (crecientes subsidios y rentas mínimas) te queda un mercado laboral destructivo.
De esta manera, si juntamos una economía más intervenida y un mercado laboral destructivo tenemos muy malos ingredientes para afrontar el futuro. Las consecuencias serán, además, muy duraderas y no transitorias como se ha querido vender.
¿Por qué seguimos yendo en la dirección opuesta si sabemos que falla? Aceptar políticas contractivas, austeras, disciplinadas y liberales para un político significa renunciar a poder y, por tanto, al uso de gasto para fidelizar su telaraña de votantes. Además, significa reducir la hipertrofia estatal, que implica ejecutar medidas totalmente impopulares. Básicamente representa pequeñas inmolaciones políticas en favor de la sociedad, y eso amigos, a día de hoy sigue siendo utópico.
Cada día queda más claro que los intereses políticos chocan frontalmente con los intereses de la sociedad.
Jose Basagoiti, licenciado en economía, es empresario y trader profesional en Madrid (España). Es autor de dos libros y colaborador recurrente en medios de comunicación y portales financieros. También es cofundador de la firma TradingPro. Afiliado y colaborador del partido libertario, es seguidor de la escuela austriaca y la teoría de liquidez.