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Por Julio Ariza:
Han convertido esta vieja nación en un país de fariseos y de tartufos. Lo que se le está haciendo en España a Juan Carlos I es indecente y es propio de un país de baja calidad. No solo porque se haya puesto en marcha, nuevamente, como en tantos casos, un juicio paralelo alimentado de supuestas filtraciones en el que el emérito no puede ejercer su defensa y en el que además no tiene quien la ejerza en su nombre (mejor no recordar la legión de políticos, de periodistas, de empresarios, de jueces y fiscales que antaño le hacían pelota hasta perder el decoro y ahora abjuran de él), sino porque además solo se está linchando en la plaza pública al único que constitucionalmente era inviolable. Pongámonos en el peor de los casos (que ya es mucho ponerse): supongamos que don Juan Carlos I cometió alguna irregularidad económica durante su mandato. La irregularidad pudo existir, pero no la responsabilidad penal del Rey. Ahora bien, si el delito se produjo y el rey no pudo cometerlo, los que sí lo cometieron —insisto, si es que se produjo, lo cual es mucho suponer— son todos los que, conociéndolo y no siendo inviolables, lo permitieron, lo ocultaron o doblaron la cerviz mientras se producía. ¿Cuántos directores del CNI y agentes de esa casa, cuántos presidentes del gobierno, cuántos ministros de defensa, cuántos jefes de la Casa Real, cuántos jueces, fiscales, policías, embajadores o altos funcionarios del estado tuvieron noticia de los hechos y los silenciaron o los permitieron o colaboraron directa o indirectamente en su comisión? A ellos, que no eran inviolables, ni se les toca; al inviolable, sin embargo, se le tritura en esa picadora de carne humana e institucional en que se han convertido la política y la justicia españolas.
La izquierda enloquecida del tándem Sánchez-Iglesias está llevando a este país a un callejón sin salida, un precipicio social —el del exterminio del adversario— que no puede terminar bien.
Naturalmente, todos sabemos que lo que realmente se está jugando es la continuidad de la monarquía en España. Y que la ofensiva de la izquierda no persigue otra cosa que su destrucción. Al rey Juan Carlos pretenden destruirle; al rey Felipe, aislarle de la propia monarquía e incluso de su padre. A España, dejarla sin la estabilidad, sin la continuidad histórica y sin la simbología nacional e identitaria de su corona.
Quieren destruir primero a D. Juan Carlos para acabar después con D. Felipe y terminar finalmente con la monarquía, como si esta fuera una forma de Estado accidental en nuestro país, cuando España —salvo en dos episódicas y desgraciadas ocasiones— ha sido siempre una monarquía, que es sustancial a nuestra nación. Mediante la destrucción del titular de la institución, se persigue la eliminación de la misma, como si el Vaticano tuviera que desaparecer por haber tenido un papa cuestionable o la presidencia de los EE. UU. debiera eliminarse por haber padecido a Clinton, por ejemplo.
No. La monarquía, hubiera hecho lo que hubiera hecho el rey emérito (insisto: hechos no probados, filtraciones maliciosas e ilegales, juicio paralelos), no debe ser puesta en cuestión por los eventuales errores de su titular: por eso y para eso es una institución: para perdurar más allá de las coyunturas humanas.
La información política española se ha convertido en una conversación de WhatsApp. Hay un mantra de escaso valor intelectual, que la izquierda maneja con la simpleza propia de un chat y que aparece como máximo argumento para cuestionar la monarquía en España: no es una institución democrática, se basa en el nacimiento y es una antigualla. En definitiva: hay que votar entre monarquía y república. Vaya por delante que si se celebrara ese referéndum y el resultado fuera la pervivencia de la monarquía (hipótesis no descabellada) la votación no habría purgado a la institución de sus pecados de origen: la determinación del nacimiento, su antigüedad (bendita antigüedad) y el hecho de que el rey no sea un presidente electo o lo sea para toda la vida.
Pero admitamos que las cosas importantes deben ser votadas. ¿Es importante la vida? Celébrese un referéndum nacional cuanto antes en torno al aborto, por cuya causa este país pierde a 100 000 compatriotas cada año. ¿Es importante la educación? Votemos en referéndum si los padres tenemos o no derecho a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones éticas, morales y religiosas. ¿Es importante la familia? Votemos si hay que preservar el modelo tradicional de familia. ¿Es importante la sostenibilidad del Estado? Votemos la reforma del Estado Autonómico. ¿Es importante la soberanía nacional? Votemos las limitaciones de las grandes organizaciones globalistas en la política nacional. ¿Es importante la integridad nacional? Votemos en toda España la ilegalización de los partidos separatistas. ¿Es importante la libertad? Votemos la ilegalización de Podemos, que es un partido comunista liberticida. Sería interesante continuar con la lista de todas esas cosas importantes que los españoles no podemos votar.
¿Votamos?
Julio Ariza es abogado, exdiputado español, comunicador y presidente del Grupo Intereconomía.
Este artículo fue publicado originalmente en Rebelión en la Granja.
