Crónica de una Argentina que protesta en cuarentena

Algunos hechos puntuales desenterraron el recuerdo de un pasado cercano

La imagen del presidente cae, lo dicen las encuestas. Y la sombra de Cristina se agranda. (Efe)

Por Lucía Vázquez Ger:

El jueves 19 de marzo de 2020 los principales medios gráficos de la Argentina salieron con una misma portada: “Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. #SomosResponsables”. Al día siguiente comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esa primera etapa duró hasta el 31 de marzo, pero luego se alargó sucesivamente entre los vaivenes de un plan que ha pasado por distintos grados de rigidez y ha tenido bastante espacio para la discrecionalidad.

Pese a este consenso generalizado inicial sobre la política hacia la pandemia, pronto volvió a resonar en el espacio público una antigua narrativa, ya conocida, y se sucedieron ciertas acciones que atentaron contra los derechos individuales. A la vez, algunos hechos puntuales desenterraron el recuerdo de un pasado cercano. El más truculento fue el asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, que había declarado como arrepentido en una causa de corrupción kircherista. Esa noticia llevó al país a la portada del Financial Times.

Pero la sociedad, descontenta, no tardó en protestar.

Desde el principio de la cuarentena, el presidente resolvió confrontarse con los empresarios, quizás presionado por la vicepresidente Cristina Kirchner. “Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos”, dijo Alberto Fernández el domingo 29 de marzo cuando anunció la primera prórroga de la cuarentena. Si bien la ofensiva fue dirigida a la siderúrgica Techint, distintos sectores de la sociedad reaccionaron con un cacerolazo el lunes 30 a las 21.30 para reclamar que los políticos bajen sus sueldos a la mitad.

No obstante, en el kirchnerismo se empezó a gestar un proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas del país, con el guiño del presidente.

En abril, tras una desición judicial, cientos de presos detenidos fueron beneficiados con prisiones domiciliarias con el objetivo de prevenir eventuales contagios de COVID-19. La medida fue avalada por sectores del oficialismo y por el mismo Alberto Fernández a través de un tuit: “Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”.

Pero la gente, encerrada y enojada, reaccionó y el 30 de abril a las 20 sonaron nuevamente cacerolas y bocinas.

El 25 de mayo, día en que se conmemora la Revolución de Mayo en el país, alrededor de 100 personas se concentraron en la Plaza de Mayo contra la cuarentena y pidiendo por la libertad.

El 29, unos 300 científicos, intelectuales, profesores y periodistas firmaron una carta titulada La democracia está en peligro, que tildó de improvisada y autoritaria la cuarentena decretada por el Gobierno. En ella se sostuvo que el país vivía una “infectadura” y se describió a las provincias y ciudades cerradas como “condados medievales”. Además, se hizo un llamado a la sociedad a “redoblar una actitud crítica y vigilante hacia el poder gubernamental”, entre otros puntos.

El 8 de junio Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentín, una empresa cerealera exportadora argentina. No tardó en visualizarse el descontento en las marchas del municipio de Avellaneda, Santa Fe (cuna de la empresa) y en los cacerolazos en la capital. El 20, día de la Bandera, un banderazo nacional se desplegó en distintos puntos del país.

El hashtag #NoAlaExpropiación, entre otros, circuló por Twitter. “Somos dignos de ser. No pensamos estar comiendo de las manos de ellos. Queremos trabajar. Y decimos basta. Bajen impuestos. Vamos a trabajar”, decía una señora a un medio de comunicación por la ventana desde un auto al lado del Obelisco.

Entre idas y venidas, el intento de expropiación no prosperó y el presidente se arrepintió: “Pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina”, declaró en una radio afín.

Hacia mediados de junio, la empresa aerocomercial Latam anunció el cese de sus operaciones en el país. Si bien fue la pandemia lo que desencadenó la decisión, la empresa venía ahogada por un entramado de regulaciones e intentos frustrados de lograr acuerdos que posibiliten una operación sustentable.

Y luego, hace unas semanas, varios periodistas denunciaron calumnias y hostigamientos desde ciertos sectores del kirchnerismo, e incluso por parte de la misma vicepresidente. Las principales entidades periodísticas, como Adepa, Fopea y la ANP se pronunciaron a través de comunicados repudiando contundentemente estos ataques. Asimismo, 300 periodistas firmaron una solicitada en rechazo a las amenazas contra la libertad de prensa.

El 8 de julio la justicia le concedió la excarcelación a Lázaro Báez, un empresario kirchnerista involucrado en dos juicios de corrupción — aún sin condena— y detenido en prisión preventiva desde hace más de cuatro años. En un principio, Báez cumpliría su prisión domiciliaria en el country club Ayres del Pilar, pero cuando los vecinos se enteraron, se manifiestaron en contra de la eventual llegada del excarcelado.

Un día después, en el Día de la Independencia, otro banderazo nacional se extendió en más de 70 puntos del país. La gente se quejó por la cuarentena, las expropiaciones, las amenazas a la libertad de expresión, las excarcelaciones por juicios sin condenas. Reclamó libertad, república y la posibilidad de volver a trabajar.

El viernes 17 de julio, a casi cuatro meses desde el inicio del confinamiento obligatorio, y el día en el que se registró la mayor cantidad de casos de coronavirus confirmados positivos en el país desde el inicio de la pandemia, el presidente anunció una nueva etapa de la cuarentena, que durará hasta el 2 de agosto e intentará “volver a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cuidados diferentes”, de manera escalonada y sujeta a la evolución del virus. Pero si hay que volver atrás, se volverá, y si hay que ajustar, se ajustará: “no me va a temblar el pulso en dar marcha atrás si es que la cosa se va de las manos”, dijo.

Las cifras registradas oficiales hasta el lunes 20 de julio, según informó el Ministerio de Salud, son las siguientes: hubo un total de 126 755 personas con coronavirus positivo y 2 281 fallecieron. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva en total (por COVID-19 y otros) es del 54,6 % a nivel nacional y del 65 % en el área metropolitana.

La economía está estancada. Una enorme cantidad de negocios bajaron sus persianas y miles de personas no tienen trabajo. En números: según un informe reciente de la Fundación Libertad y Progreso, la cuarentena destruyó a 12 619 empleadores; afectó a 91 237 empleos tan solo en el mes de abril, a 5 927 empleadores y a 193 644 empleos en mayo. Aún no se vislumbra un plan económico para salir la esta crisis.

Mientras tanto, la imagen del presidente cae, lo dicen las encuestas. Y la sombra de Cristina se agranda.

En un contexto en donde la prohibición es la regla y la libertad la excepción, la discrecionalidad un hábito y la desinformación una realidad, regresa a la sociedad argentina la memoria de 12 años de historia. Pero la gente protesta y saca sus banderas, golpea cacerolas, sale a la calle y muestra carteles o toca bocinas. Algunos tuitean, otros escriben columnas o reportan los hechos y cuentan la historia.


Lucía Vázquez Ger es argentina, abogada, magíster en gestión de la comunicación (ambos por la Universidad Austral) y magíster en periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella y el diario La Nación, en Argentina. Actualmente es jefa de Desarrollo y Relaciones Públicas en la Fundación para el Progreso, Chile.

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