Parques nacionales naturales colombianos: ¿de santuarios de flora y fauna a santuarios de las economías ilegales?

La enmienda propuesta por Alexandria Ocasio-Cortez parece no ser aislada. Hace parte de una estrategia para legitimar las economías ilegales en Colombia

Colombia
Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de Estados Unidos. (Foto: Flickr)

Por Andrés Villota

La progresista Alexandria Ocasio-Cortez incluyó una enmienda al Acto de Autorización para la Defensa Nacional (NDAA), en el sentido de prohibir usar fondos del Departamento de Defensa para la fumigación aérea a menos que el «gobierno (colombiano) demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales». Una de esas regulaciones “nacionales y locales” a las que se refiere la representante demócrata, originaria del Bronx, New York, es la prohibición que existe para realizar fumigaciones en el territorio de los parques nacionales colombianos.

La extensión total de los parques nacionales terrestres en Colombia tienen la no despreciable área de 18’590.099 de hectáreas que equivale a 185 900 kilómetros cuadrados. Se trata del 16,278% del total del territorio de Colombia. Esa misma extensión territorial de los parques nacionales colombianos, equivale a 6 veces la extensión territorial de Bélgica, a 4,5 veces la de Suiza, a 4,47 veces la de Holanda y a 2,21 veces la de Austria.

Parques como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete que fue declarado parque nacional en 1989 y patrimonio mixto de la humanidad en el año 2018. Ese lugar ha sido estratégico para el control y expansión del narcotráfico desde que el Cartel de Medellín creó un inmenso complejo de laboratorios para procesar la pasta de coca traída de Bolivia y Perú. “Tranquilandia” fue bombardeado y destruido el 7 de marzo de 1984. Luego, ese vasto territorio pasó a ser controlado por las FARC hasta que en el año 2005, fue recuperado por el Ejército Nacional de Colombia.

El Consejo de Estado de Colombia, tomó la decisión de prohibir definitivamente la fumigación en el territorio de los Parques Nacionales, en marzo del 2014. Lo que elevó al nivel de santuarios libres de fumigación a las vastas extensiones territoriales de esos parques. Decisión que tiene su origen remoto en marzo del 2008, cuando el progresista Rafael Correa (hoy prófugo de la justicia) demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se prohíba la fumigación aérea cerca de la frontera de Colombia con Ecuador, porque “el viento” llevaba los herbicidas hasta el suelo ecuatoriano y estaba afectando de manera grave los ecosistemas ecuatorianos de la frontera.

Esa decisión del Consejo de Estado, podría explicar el aumento exponencial de los cultivos de coca que empieza a presentarse a partir del mismo año. Para el año 2013, los cultivos de coca abarcaban un área de 48.000 hectáreas, y solo 5 años después, había aumentado a 212.000 hectáreas, según datos de la ONU. Paralelo al incremento de los cultivos, se dio un aumento desbordado de la deforestación en los parques nacionales, durante el mismo periodo de tiempo.

El Cartel de Medellín basó su inmenso poder económico en la comercialización de la cocaína, no en el cultivo. Mientras que los Carteles de las FARC y del ELN tienen en los cultivos extensivos de coca una forma de ejercer su expansión, control, presencia y dominio territorial, a la vez que se convierten en los grandes proveedores de materia prima para los carteles de cocaína del mundo. Situación que le genera a las mafias transnacionales altos niveles de dependencia de los cultivos colombianos, por lo que necesitan imperiosamente que se blinde, se proteja y se perpetúe el cultivo de coca en Colombia.

El 7 de enero de 1999 en la instalación de una de las tantas fallidas negociaciones de paz con las FARC, en el discurso de Manuel Marulanda alias “Tirofijo”, entre otros apartes, dice: «…los gobernantes norteamericanos invierten grandes sumas de dinero haciendo víctima a la población civil por intermedio de la fuerza pública colombiana, con bombardeos, ametrallamiento, y fumigaciones indiscriminadas, acabando con pastos, sementeras y aves de corral; dejando una buena parte de la tierra estéril, en desmedro de miles de familias agobiadas por la pobreza y sin ninguna protección por parte del Estado».

Las FARC deja ver su abierta oposición (y temor) a las fumigaciones aéreas y a la ayuda militar de los Estados Unidos al gobierno colombiano para combatir el narcotráfico que, desde ese entonces, ha representado la única amenaza real y la talanquera para los planes de expansión, control y dominio territorial de los cárteles de la droga de las FARC y el ELN. Alias “Tirofijo” parecía vislumbrar que, gracias a la creación del Plan Colombia durante la administración de Bill Clinton y con la estrategia de la Seguridad Democrática respaldada por el gobierno de George W. Bush, las FARC iban a estar al borde de la aniquilación. En lo legal la extradición ha sido desde siempre el mayor temor para los capos de los carteles de la droga colombianos porque saben que los jueces estadounidenses son incorruptibles y que aplican la Ley sin consideraciones políticas o ideológicas.

En su discurso, las FARC, también justifica y legitima la actividad económica ilegal como una única respuesta a la pobreza y a la supuesta desidia del Estado colombiano, discurso base para naturalizar la economía ilegal en la sociedad. El campesino siembra coca porque tiene hambre y es pobre. El minero ilegal depreda el medio ambiente, porque es pobre y tiene hambre. El líder social utiliza para transportar alijos de droga la camioneta blindada que el Estado le dio para su protección, porque es pobre y olvidado por el Estado. El pescador saquea un camión lleno de pescados porque es pobre y el Estado lo abandonó. El contrabandista de combustibles roba la gasolina de un carro tanque porque es pobre y no hay presencia del Estado.

El proyecto del presidente Andrés Pastrana en las negociaciones de paz del Caguán era, precisamente, acabar con las economías ilegales y atraer inversión a través de un nuevo “Plan Marshall” para Colombia. Esa también fue la intención del presidente Juan Manuel Santos, durante el periodo del post conflicto, para dar un gran salto de desarrollo económico al integrar a las zonas más remotas del país, con carreteras e infraestructura y hacer presencia estatal en las zonas donde florecen las economías ilegales. Buena intención que se fue al traste cuando los dos miembros más importantes del Secretariado de las FARC, Luciano Marín alias “Iván Márquez” y Seuxis Pausias Hernández alias “Jesús Santrich”, decidieron incumplir y desconocer el Acuerdo de Paz que, afectó de manera irreversible la legitimidad, la seriedad y la credibilidad sobre todo lo pactado.

La enmienda propuesta por Alexandria Ocasio-Cortez parece no ser aislada. Hace parte de una estrategia integral para legitimar, proteger y fomentar las economías ilegales en Colombia. Coincide con el fallo de una tutela interpuesta por el progresismo colombiano ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó dar por terminada la misión de una brigada militar proveniente de los Estados Unidos que se encontraba en Colombia apoyando, dando asistencia y entrenamiento a las tropas colombianas en la lucha contra el narcotráfico.

Los parques naturales se están convirtiendo en “republiquitas” en las que grupos armados ilegales, deforestan, depredan y destruyen los ecosistemas para poder sembrar coca o extraer minerales de manera ilegal, ante la mirada impotente del Estado colombiano que, cada vez se queda  más solo y con menos herramientas para enfrentar de manera contundente esa maldición que condena a Colombia al atraso económico para siempre. Las economías ilegales florecen, protegidas incluso, desde el mismo Congreso de los Estados Unidos.


Andrés Villota Gómez es consultor en temas de inversión responsable y sostenible, y es excorredor de bolsa con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano

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