Colombia: EPM en medio de conversaciones imposibles

Nos espera un largo y tortuoso proceso, de pronóstico reservado, que no será resuelto en menos de 10 o 12 años

¿Cómo desconocer los fundamentos de una reclamación que fue aceptada por una aseguradora que ya realizó pagos? (YouTube)

Por Juan Diego Vélez M:

¡Es imposible conversar en este país! Eso de hablar con otro u otros alternando el uso de la palabra y considerando la palabra del otro, parece que dejó de ser una opción entre nosotros. Resulta inevitable que las conversaciones desemboquen en el sentido común, «ese conjunto de opiniones en las que tenemos una confianza loca» (E. Zuleta), o en la mala fe del interlocutor que con las más pobres argucias cubre sus mezquinos intereses.

Si uno habla bien del equipo de fútbol que con su uniforme rojo salió este domingo a la cancha a disputar un partido de campeonato, el contradictor de turno le dice que ese equipo jugó mal la semana pasada o que ese color de camiseta lo utiliza una escuadra de hombres armados que se tomó tal o cual población y secuestró menores para la guerra. Todas las conversaciones se desarrollan de la misma manera. Y así como las conversaciones, el comportamiento de los ciudadanos, y el ejercicio de las diferentes prácticas sociales, y la administración de la cosa pública. Es una lógica perversa que pasa por un “modelo ético” deleznable: castigo porque me castigaste, y eso justifica mi castigo.

Este modelo conversacional es el que se impone hoy cuando se enfrenta uno de los retos más grande que se le ha impuesto a la sociedad antioqueña en los últimos años. La llamada “joya de la corona”, otrora indestructible, enfrenta un momento definitivo en su permanencia institucional. Mientras para el mes de julio del 2019 Empresas Públicas de Medellín (EPM) le ofreció al mercado internacional de capitales un paquete de bonos equivalente a 1 382 millones de dólares, que resultaron insuficientes para las necesidades de este, trece meses después resultan papeles basura para el mismo mercado. De igual forma, en julio de 2020 la empresa emitió bonos por 2,5 billones de pesos, con sobredemanda de los inversionistas por 3,4 veces el monto ofrecido, los mismos que días después eran desestimados en el mercado de capitales.

¿Qué ocurrió en ese corto tiempo para que se diera el demoledor cambio en la institucionalidad financiera del Grupo EPM? ¿Cómo “polvo de oro” se convierte en “papel basura”? El aleteo de una mariposa en China puede convertirse en una tormenta en el Caribe. Y eso fue justamente lo que pasó. La arrogancia de un gobernante que decide en la soledad de su oficina cambiar el objeto social de una ESP exitosa en sus 65 años de vida, para que la misma incorpore en su portafolio las más disímiles actividades, así como presentar una reclamación por más de 9,9 billones de pesos contra unos contratistas que tienen bajo su responsabilidad la principal hidroeléctrica del país, desconociendo todos los juicios técnicos sobre las causas de una contingencia que lleva 28 meses de análisis realizados por profesionales y expertos de las más diversas disciplinas, modifican sustancialmente esa inercia y generan las gravísimas consecuencias que estamos viviendo. Un gobernante que sale un día cualquiera a decir, sin fundamentos claros, que se presentará una elevada reclamación¹ como presupuesto previo a las acciones judiciales que se vienen si la misma no prospera, y esto, sin analizar el tema con el máximo órgano de dirección de la Empresa, y desconociendo todos los acreedores financieros que facilitaron cuantiosos recursos fundados en la solidez de la misma, no es menos que el accionar de un kamikaze, quien sin develar sus verdaderos intereses se lanza a tan osada aventura.

Ante el asombro de muchos ciudadanos, todos con un diferente cúmulo de opiniones sobre lo sucedido, vinieron las explicaciones, las justificaciones, las mentiras que como aceite se regaron y sirvieron para que todos los que tuvieran que ver con el tema armaran su versión y con ella cobijaran sus intereses. Empezó esa insultante “conversación” de borrachos que lo único que deja ver es la confusión de todo el mundo y la imposibilidad de que se defina claramente de qué se está hablando.

No debe haber obstáculo alguno para discutir cada una de las inversiones y desinversiones que trae a colación el alcalde Quintero para tratar de evadir la discusión sobre los temas que hoy tienen al Grupo EPM sumido en una profunda crisis. Cada una de las inversiones realizadas por EPM en los últimos años puede ser puesta bajo el escrutinio de organismos de control, así como de ciudadanos interesados en el devenir de la empresa. ¿Por qué se invirtió allí?, ¿cuánto se invirtió?, ¿qué resultados arroja la inversión?, ¿por qué se escindió telecomunicaciones?, ¿qué estudio acompañó cada una de las inversiones realizadas dentro y fuera del país? Estas y muchas otras preguntas más son válidas y pertinentes. Pero de ahí a que estos dos hechos nuevos, salidos del sombrero de un gobernante que aún no tiene un conocimiento amplio de la empresa, como son una demanda billonaria y un cambio de objeto social, se justifiquen porque ya se habían realizado esas inversiones o desinversiones, no resulta coherente ni lógico. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dicen permanentemente por ahí: hay que mirar todas las operaciones realizadas por EPM en el último período, pero no puede ser que si aquellas fueron desacertadas, eso justifique el desatino de ahora.

Las operaciones listadas por el alcalde, y muchas otras, pueden ser objeto de un análisis serio, del que eventualmente se desprendan responsabilidades, pero la situación actual no puede considerarse a la luz de que si antes se hicieron esas operaciones ahora se podían realizar las nuevas. Estas últimas deben analizarse en su integridad, de manera autónoma, independientemente de qué se hizo o se dejó de hacer en el pasado, definiendo responsabilidades claras para quienes toman decisiones que ponen seriamente en riesgo la estabilidad del Grupo EPM.

¿Cómo desconocer los fundamentos de una reclamación que fue aceptada por una aseguradora que ya realizó pagos? ¿Cómo desconocer las explicaciones serias dadas por quienes en su momento atendieron la contingencia? ¿Qué nuevos elementos tiene esta administración para concluir que la responsabilidad es de los contratistas por la mala ejecución de una obra? ¿Por qué se descarta de plano el hecho de la naturaleza como causa de la contingencia? ¿Qué mapa de riesgos soportó la decisión de presentar esta reclamación de la forma como se hizo?

Es de esperar que ninguno de los convocados a esa conciliación admita responsabilidad alguna en la contingencia y, como consecuencia de ello, no ofrecerán fórmulas de resarcimiento. Esto es, no habrá conciliación. Igualmente, la posición de las aseguradoras y reaseguradoras será nuevamente estudiada por sus directivos, y la conclusión a la que lleguen posiblemente sea diferente a la que tenían antes del súbito anuncio de la billonaria reclamación. Todos los acreedores financieros tienen sobre sus escritorios los papeles de trabajo con los que esperan tomar una decisión que blinde sus inversiones. ¿Y mientras tanto? Nos espera un largo y tortuoso proceso, de pronóstico reservado, que no será resuelto en menos de 10 o 12 años, mientras la caja de la empresa se deteriora frente a la mirada atónita de todos, con la esperanza puesta en un fallo del Consejo de Estado que, de ser favorable, muy seguramente será para enmarcar.


1 «camino de diálogo para llegar a un acuerdo mediado por la autoridad pertinente», «pensamos

que nunca se debe obviar la línea de diálogo directo» (gerente general EPM).


Juan Diego Vélez M., exsecretario general de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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