Los impedimentos en el caso Uribe

El magistrado Reyes estaba cuando menos moralmente impedido para investigar al expresidente Uribe por haber sido beneficiario de esos gaseosos contratos para la paz con que su archienemigo Santos compró beneplácitos para ese acuerdo criminal

Por Saúl Hernández Bolívar:

El proceso contra Álvaro Uribe es tan kafkiano, tan nauseabundo, que uno no termina de sorprenderse. Son tantas las irregularidades que se han ido conociendo a cuentagotas que la Corte Suprema de Justicia tuvo que dejar que el proceso pase a la Fiscalía para evitarse más escándalos que la sigan enterrando en el desprestigio. Y es que no habían pasado más que unas horas de esa decisión cuando nos enteramos de que el magistrado perseguidor, el tal César Reyes, no solo ha sido muy cercano a la mujer del nefando Cepeda, sino que fue contratista del Gobierno Santos en el marco del acuerdo criminal con las Farc.

En efecto, el magistrado Reyes estaba cuando menos moralmente impedido para investigar al expresidente Uribe por haber sido beneficiario de uno de esos gaseosos contratos para la paz con que Santos aceitó ese negociado amarrando el gato con longaniza. Un pago de 570 millones por unos pocos meses de una ejecución que a lo mejor ni se llevó a cabo. Y como Santos se convirtió en el archienemigo de Uribe y este en el mayor obstáculo del proceso con las Farc —tanto que se le consideraba el líder del No en el plebiscito que fue desconocido por Santos—, es apenas obvio que Reyes debió dar un paso al costado.

Por mucho menos fue recusada la magistrada Cristina Lombana, y apartada de cualquier proceso que tenga que ver con el expresidente Uribe, con el peregrino argumento de que ella hacía parte de las Fuerzas Militares durante la presidencia de aquel, lo que demostraría la existencia de un sesgo a su favor que podría beneficiar al exmandatario. De manera que haber sido un lejano subalterno de alguien es causal de inhabilidad, pero haber recibido una millonada, no. ¡Qué tal! A esas absurdas distorsiones es que nos ha llevado una izquierda desfachatada que ha ganado mucho terreno en ámbitos del sector público como el judicial y el educativo.

De hecho, se ha pretendido igualar el caso de Reyes con el del fiscal general Francisco Barbosa, quien también recibió jugosos contratos del Gobierno Santos por los que estaría igualmente inhabilitado para llevar el caso del expresidente Uribe. Pero resulta que los contratos de Barbosa fueron con el Ministerio de Transporte, en temas en los que no existía controversia alguna con Uribe. Ahí nada tenía que ver el exmandatario. Tampoco puede aducirse que la amistad de Barbosa con el presidente Duque lo inhabilita para investigar al mentor de este. Por el contrario, quien revise las columnas publicadas por Barbosa en el periódico El Tiempo, durante los diálogos de La Habana, verá que sus afinidades son mucho mayores con Santos que con Uribe.

Y aunque la CSJ rechazó la recusación que Iván Cepeda interpuso contra Barbosa, a quien incluso acusó de estar burlándola, Barbosa se apresuró a dejar el proceso en manos del fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, a quien también se pretende recusar alegando cercanías con el exprocurador Alejandro Ordóñez. Sin duda, toda una maniobra de Cepeda para evitar que el asunto se le siga saliendo de las manos. De hecho, Don Iván acusa a varios senadores de estar presionando indebidamente a la Corte Suprema cuando es él quien verdaderamente presiona a la justicia y hasta les ordena a los togados, sin el menor disimulo, lo que deben hacer.

En consecuencia, Jaimes ha resuelto que el proceso de Uribe debe pasar al Sistema Penal Acusatorio, lo  que implica empezar otra vez. Además, el cambio a ese sistema implica que la libertad del expresidente debe ser resuelta por un juez de garantías, al que le toque por reparto. Pero, como está visto, entre estos predomina el más abyecto marxismo y sería una verdadera novedad encontrar a un juez objetivo y dispuesto a someterse al más infame matoneo por devolverle la libertad a quien se le arrebató inicuamente.

A todas estas, ¿de qué otra cosa se ocuparían en la reunión de bandidos de la semana pasada? Un aquelarre a medianoche entre Santos, Cepeda y los cabecillas de las Farc, no puede ser otra cosa que un complot contra el gobierno y contra los colombianos de bien. No en vano, dice Santos en una entrevista que «las protestas (de finales del año pasado) están en el congelador, pero van a revivir y con más fuerza». No en vano, se atrevió Piedad Córdoba a delatar que las Farc fueron las que asesinaron a Álvaro Gómez, vaya uno a saber si lo que quería era hacerle una advertencia a alguien o exculpar a Samper. No en vano, en las redes se distorsiona toda acción gubernamental: lo del piso de protección social no es una mejora para los trabajadores informales sino un paso más en la pauperización laboral; y lo de Avianca no es un préstamo sino un regalo, y no para pobres sino para ricos, y no para colombianos sino para extranjeros…

En el tintero: Muy linda la finca de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Álvaro Uribe, en Apía (Risaralda), con sembrados de plátano y café. La está vendiendo a un precio de ganga, pues podría valer mucho más: apenas 460 millones de pesos. Un tipo que no tenía en dónde caerse muerto hasta que conoció a Don Iván. ¡Alma bendita!


Saúl Hernández Bolívar es comunicador social. Veinte años como columnista de opinión en diversos medios nacionales y extranjeros.

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