English Version
Madrid, 16 mar (EFE).- El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, aseguró hoy que el proceso de paz con las FARC es «irreversible», desarrollado con «plenitud democrática», y negó que se base en la «impunidad», pues 38 magistrados de la jurisdicción especial estudian los casos de 6.900 excombatientes.
Preguntado por las próximas elecciones presidenciales de mayo y el posible ganador, consideró que existe una «resistencia» de la población colombiana a regresar a la violencia, según dijo en un coloquio organizado en Madrid por el Foro España Internacional.
Y pidió a los líderes políticos que «lean bien esa intolerancia cada vez mayor hacia la guerra y el conflicto», al ser preguntado por le candidato uribista Iván Duque, aunque Naranjo evitó personalizar.
Constató que el deseo de «hacer trizas» el acuerdo de paz no aparece ya en el discurso político más radical.
Sobre las negociaciones con el ELN, exigió a sus dirigentes «coherencia» y que demuestren con «hechos» la voluntad de paz expresada con palabras.
Naranjo agradeció el «acompañamiento de España» en la búsqueda de y consolidación de la paz.
El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, que lo presentó, valoró su «inteligencia» y su «vocación de voluntad de servicio público». Resaltó y renovó el compromiso «inquebrantable» de España con la paz en Colombia.
«Buscamos la paz, la hicimos y ahora toca construirla, y aquí recurrimos a nuestros aliados y amigos en España», replicó Naranjo.
El acuerdo con las FARC fortalece la «institucionalidad democrática», aseguró, y citó las elecciones legislativas del domingo pasado, las primeras en paz tras cinco décadas y con mayor número de candidatos.
Justificó que las FARC tengan reservados un pequeño puñado de asientos en el Parlamento transitoriamente por la «conversión de la las balas en votos», abandonar las armas y hacer política.
Tras 53 años de guerra, admitió que persisten otros conflictos «no armados», de tipo social, que no se pueden negar y para acortar la brecha de desarrollo entre las ciudades y las zonas rurales.
Evocó también la memoria de las decenas de miles de muertos en el conflicto. «Su luz y sacrificio nos obligan», enfatizó.
Sobre el crimen organizado, apuntó a «señales de querer someterse a la Justicia». El Gobierno ha preparado un proyecto de ley para facilitar que la Fiscalía prepare imputaciones «colectivas» al amparo del Derecho Penal ordinario.
En relación con los campos de coca, dijo que ahora, tras el conflicto, se abre una enorme oportunidad para que 123.000 familias los sustituyan por cultivos legales.
La valoración de la lucha contra las drogas y el narcotráfico no puede basarse solo en una «valoración aritmética», pidió, sino en un «sistema multidimensional» de decisiones políticas del Estado, las instituciones, los presupuestos, el desarrollo sostenible y la relación entre lucha contra las drogas y la gobernabilidad democrática.
En relación con Venezuela, Naranjo indicó que Colombia no es partidaria de una intervención militar, sino de una solución «democrática no traumática».
Defendió la estrategia de «sanciones económicas» para grupos o personas específicas, «no embargos generales».
Valoró el «profesionalismo, corrección, prudencia y firmeza» de las fuerzas colombianas frente a las «provocaciones» venezolanas en la frontera entre ambos países.
Sobre los venezolanos emigrados «desesperados» a Colombia, consideró que es una situación de «crisis humanitaria» y apreció el apoyo de los organismos internacionales.
