Inseguridad crece en 78 municipios antes controlados por FARC, estudio

Las regiones más afectadas son la costa pacífica del suroeste del país y en el Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela.

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TUM101. TUMACO (COLOMBIA), 05/06/2018.- Fotografía del 4 de junio de 2018, cedida por la oficina de prensa de la Policía de Colombia, donde se observan dos hombres detenidos por las autoridades y las armas incautadas durante un operativo, en Tumaco (Colombia). Al menos seis guerrilleros de las FARC que hacían parte de las disidencias lideradas por alias “Guacho” murieron en una operación realizada por el Ejército en un caserío del municipio colombiano de Tumaco (suroeste), informaron medios locales. El operativo fue realizado, según el diario El Tiempo, por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en el caserío Guayacana que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, frontera con Ecuador. EFE/POLICÍA DE COLOMBIA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Bogotá, 5 jun (EFE).- La inseguridad aumentó en 78 de los 242 municipios colombianos que controlaban las FARC desde su desmovilización en noviembre de 2016, según el informe “¿Cómo va la paz?” presentado hoy por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

El aumento de la criminalidad se debe a la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la llegada de grupos armados organizados como el Clan del Golfo y la presencia de disidencias de las FARC en estos municipios.

Las regiones más afectadas son la costa pacífica del suroeste del país, donde se vive “una verdadera guerra civil” según el estudio, y en el Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela.

También en los departamentos del Meta y el Guaviare, en el sureste, y en la zona del Bajo Cauca y Antioquia, al norte de Medellín.

El subdirector de la Fundación, Ariel Ávila, explicó en la presentación del informe que otro factor que aumenta la inseguridad es la situación de “anarquía criminal” que se da en municipios desocupados tras su desarme por la FARC, que “funcionaba como un estado paralelo” y “administraba justicia”, mientras que ahora no hay ninguna regulación.

El estudio también concluye que, en los 18 meses que han transcurrido desde la firma del acuerdo de paz, las muertes violentas han disminuido en el país pero ha aumentado la “violencia selectiva” contra los líderes sociales.

Según Pares, entre 2017 y 2018 se ha asesinado a 138 defensores de derechos humanos en Colombia.

Además, destaca que “el proceso de reincorporación” de los exguerrilleros “no ha logrado despegar” ya que sólo se han puesto en marcha dos proyectos productivos para los antiguos combatientes y aún “no se han terminado de adecuar” en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), donde los miembros de las FARC completan su reintegración a la vida civil.

“La mayoría de los ETCR no cubren las necesidades básicas de la población”, denuncia el informe, que también recoge que desde noviembre de 2016 se han asesinado a 43 integrantes de la antigua guerrilla.

“La FARC cumplió con los acuerdos (…) Las dificultades que existieron tuvieron que ver más bien con incumplimientos logísticos del Estado”, aseguró el expresidente colombiano Ernesto Samper, que acudió a la presentación.

Agregó que “el Gobierno de Colombia no estaba preparado para el posconflicto”.

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